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Editorial  |  19 agosto de 2020  |  12:02 AM

Armenios “entre la espada y la pared”

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Mientras en Bogotá el presidente de la República y el ministro de Salud imparten medidas o normas para combatir la epidemia del Covid, y en el departamento del Quindío y su capital hacen otro tanto la gobernación, la alcaldía y las autoridades de salud en general, en las calles de Armenia se vive de manera normal, como si no pasara nada, sin restricciones, resguardados en un simple tapabocas.

Alarma lo que sucede en inmediaciones de las entidades públicas, farmacias, droguerías, distribuidoras de medicamentos de las EPS en donde las aglomeraciones, las filas o colas son impresionantes con el agravante que no se cumplen con los protocolos de distanciamiento requeridos para evitar el contagio del virus.

EL QUINDIANO ha denunciado en varias ocasiones este hecho que se volvió una constante en el diario vivir de la ciudad, no solo ahora con la pandemia sino desde hace muchos años, sobre todo en las droguerías del norte de Audifarma y Cruz Verde donde hay mayor distribución de medicamentos, pero igualmente se presentan enormes filas en cualquiera de las sedes de las EPS para acceder a un cita médica o a un examen de laboratorio. El secretario de Salud de Armenia Gabriel Enrique Urrego Arroyave manifestó en días anteriores a este medio que haría visitas a estos lugares para trata de remediar en algo la situación, que aunque muchos no lo crean son focos de contagio del virus. Al parecer esa visita, inspección o intervención, llámese como sea, quedó en veremos.

Pero independiente de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades de la salud de la Nación (que es más lo que hablan cada noche que lo que hacen porque no se justifica tanta plata con destino a la pandemia mientras el personal médico del hospital de Valledupar hace 11 meses no recibe salario) de la ciudad y del departamento que en la mayoría de los casos riñen con la realidad, es humillante por no decir degradante el maltrato al que estas entidades de la salud, las EPS, someten a la ciudadanía. Hombres, mujeres y sobre todo los adultos mayores se ven sometidos al sol y al agua, tienen que aguantar una fila de cuatro, cinco y hasta de seis horas para tratar que les proporcionen los medicamentos que seguramente les fueron formulados de por vida por una de esas enfermedades de las que más recomiendan se deben cuidar del Coronavirus: diabetes, hipertensión arterial, neumonía o cáncer.

Es inamisible, no se concibe que nuestra población mayor esté sometida a este padecimiento. Nos preguntamos de qué sirven tantos decretos, tantas medidas, pico y cédula, ley seca, toque de queda y todos los protocolos de bioseguridad, si no se presta la mínima atención a los adultos mayores y a quienes por obligación, de acuerdo con su prescripción médica, deben desplazarse a estos lugares a reclamar sus medicamentos. Han dicho muchos de ellos en varias oportunidades que no les queda más remedio que hacer las largas colas pues las EPS no dan solución alguna.

Y soluciones que las hay las hay. Por ejemplo, llevarles los medicamentos a domicilio o crear más sedes para el reclamo de los mismos o tener más personal de atención. En la primera no se puede seguir manejando la pobre disculpa que es que a los abuelos les gusta estar en la calle. Eso es verdad también es un derecho, pero no haciendo largas filas mendigando un medicamento y arriesgando sus vidas.

También nos preguntamos qué ha pasado con la defensora del Pueblo Luisa Fernanda León Betancourt, al igual que con el personero de Armenia Eduardo Monsalve Muñoz y sus equipos de trabajo, ¿no son estas las entidades encargadas de defender los derechos humanos de los ciudadanos? En Barranquilla y en Montería estos funcionarios del ministerio público se han pronunciado de manera enérgica en los medios de comunicación ante la violación de los derechos humanos de que son víctimas los adultos mayores de estas localidades en el reclamo de sus medicamentos y han exigido atención oportuna, adecuada y prioritaria para esta población, pues aún más de la violación del derecho fundamental a la salud se les está violando indirectamente el derecho a la vida.

La Defensoría del Pueblo y la Personería son las que en estos momentos deben intervenir, exigir a las autoridades de salud el cumplimiento de las normas trazadas para enfrentar el virus, abogar por los adultos mayores, condenar ese cruel martirio de las eternas filas a los que están siendo sometidos los abuelos en donde arriesgan sus vidas ante la emergencia que se presenta con el Covid-19.

Estas entidades no pueden quedarse en los escritorios, escondidas cuando más se requieren, cuando en realidad tienen la oportunidad de cumplir la misión para lo que fueron creadas, su razón de ser: la defensa de los derechos humanos. Por favor, más acción y menos palabrería: defendamos la salud y la vida de nuestros adultos mayores.

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