Un grupo de rectores, ex-rectores de universidades y colegios, congresistas y representantes de diferentes entidades del país, a través de un comunicado propones el regreso gradual, contextualizado y seguro a las aulas de clase.

En jaque

El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en todos los sectores de nuestra sociedad. En el campo educativo, en particular, lo que la pandemia ha puesto en jaque no es sólo el acceso de los niños, niñas y adolescentes al derecho fundamental a la educación, sino también su salud física y mental.

Pese a las medidas de mitigación implementadas y a los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional, las secretarías departamentales, municipales y distritales de educación, así como de las instituciones educativas, el cierre de los colegios del país ha representado un severo impacto al proceso de aprendizaje de todos los estudiantes. Algunas de las principales consecuencias de la pandemia han sido documentadas en estudios de todos los órdenes y de diferentes instituciones, nacionales e internacionales, de la más alta reputación. Sus conclusiones son devastadoras, y por lo mismo, deben comprometer a toda la sociedad con acciones eficaces que aporten a la construcción de soluciones sostenibles.

Conclusiones

· De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el cierre de las escuelas por cinco meses, podría resultar en una pérdida de aprendizaje entre 0.3 y 0.9 años de escolaridad, ajustados de acuerdo a la calidad.

· De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Neurociencias, y pese a que aún no ha pasado suficiente tiempo para predecir las secuelas psicológicas que ha provocado la pandemia, se estima que el cerramiento de las escuelas ha generado que el 88% de los niños haya tenido alguna afectación en su salud mental y en su comportamiento.

· De acuerdo con estudios publicados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, “factores estresantes asociados al cierre de las escuelas pueden tener efectos aún más problemáticos y duraderos en los niños y adolescentes que la misma enfermedad, además de provocar una disminución potencial de los ingresos familiares”.

· Para muchos estudiantes, y en especial para las niñas, el entorno escolar es un ambiente seguro y sano. El cierre de los colegios en el contexto de la pandemia del Ébola en Sierra Leona, por ejemplo, significó un aumento muy significativo en la tasa de embarazo adolescente.

· Según las cifras de desempleo reportadas por el DANE, en el mes de julio el desempleo de mujeres fue el peor registrado en toda la historia de Colombia. El cierre indefinido de los colegios dificulta la creación de mecanismos efectivos para cerrar esta brecha.

· De acuerdo con declaraciones del director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, “lo que sabemos es que no podemos abrir las sociedades sin abrir las escuelas. Este ha sido el mayor trastorno en la historia de la educación, con 1.600 millones de escolares afectados en 190 países”.

· Contrario a lo que se creía para el momento en que iniciaron las medidas de aislamiento obligatorio, diversos estudios sugieren que los niños no son los principales impulsores de la transmisión del COVID-19 en las escuelas, y especialmente en los preescolares. Los hallazgos indican que la transmisión del virus entre los niños en las escuelas parece ser significativamente menor que la observada para otros virus respiratorios, como la influenza.

Proceso

Para quienes reconocemos la educación como un derecho fundamental y un servicio esencial, el regreso gradual, contextualizado y seguro de las instituciones educativas del país es un asunto que no admite espera. Los efectos que hemos mencionado son especialmente graves en las instituciones de educación pública, y aún más en las zonas rurales del país que no cuentan con conectividad. Esto implica un apoyo y acompañamiento especial de parte del Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación, para que el retorno seguro sea una realidad.

Reconociendo la complejidad del camino por delante, y valiéndonos tanto de las referencias internacionales aplicables, como del conocimiento construido hasta la fecha en relación con el impacto del COVID-19 en los niños, niñas y adolescentes, proponemos poner en marcha cuanto antes un proceso prudente y organizado.

Parámetros

• La comprensión de la educación como un servicio esencial que debe primar en el cupo epidemiológico de cada municipio o ciudad.

• El seguimiento a las recomendaciones impartidas desde el mes de junio por el Ministerio de Educación Nacional, previa concertación con los padres y madres de familia de cada comunidad.

• La puesta en marcha de modelos de alternancia que permitan el regreso gradual de los estudiantes, y que puedan funcionar todos los días de la semana con porcentajes graduales y progresivos de asistencia, previa verificación del montaje de los protocolos de bioseguridad, el suministro de elementos de protección personal y las adecuaciones de infraestructura pertinentes.

• La garantía para los estudiantes que no puedan asistir presencialmente a sus actividades, de poder seguir adelantando sus procesos de formación y aprendizaje desde sus casas.

• La protección y cuidado de la salud, la estabilidad laboral y el desarrollo permanente de los Maestros, como los actores indispensables que son dentro del proceso educativo de los estudiantes del país.

Consideramos indispensable asegurar que nuestro propósito colectivo está concentrado en que todos los niños, niñas y adolescentes puedan volver a sus colegios de forma segura.

Poner este tema como prioridad de la agenda del país les transmitirá a ellos el ejemplo que necesitan para crecer con la esperanza y la responsabilidad de trabajar por el futuro de un país que les enseñó a fijar sus prioridades en el orden correcto. Como sociedad, nuestra prioridad debe ser la de avanzar en este proceso con sentido de urgencia, prudencia y proactividad. Hacer prevalecer sus derechos, como lo manda la Constitución, es nuestra principal responsabilidad.