La región del Eje Cafetero aparece en la Evaluación de Riesgos Regionales de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda de 2018, con el segundo porcentaje más alto entre las regiones del país, después de la Región Pacífico, con amenaza de operaciones sospechosas por presencia de lavado de activos con un 77%, estando por encima de la media nacional que es del 52%.

De acuerdo con este informe, las actividades inmobiliarias son aquellas del sector económico con mayor susceptibilidad de presencia de estos capitales.

Según la Alerta Temprana expedida por la Defensoría del pueblo, se sabe del interés que tendrían los actores armados no estatales parte del conflicto, y Grupos Armados de Crimen Organizado de impacto regional y de impacto focalizado en la advertencia, en que se les faciliten mecanismos para el lavado de activos a cambio del ejercicio del control social requerido para el desarrollo de proyectos económicos y de gobierno, situación que a su vez llevó a la Defensoría del Pueblo a advertir riesgos en este sentido, de cara al certamen electoral que tuvo lugar el 27 de octubre de 2019, a través de una Alerta Temprana ese año.

Alude a la existencia de importantes fuentes de financiación ilícita en el territorio y las prospectivas para el desarrollo de megaproyectos de alta inversión de capital en la región, tales como explotación minera, proyectos de infraestructura, energéticos, viales, turísticos, de construcción inmobiliaria, entre otros, que conllevan transformaciones en las territorialidades y en sus dinámicas socioeconómicas, que configura un importante factor de vulnerabilidad que puede potenciar el riesgo para la población civil.

Esto, ante posibles intereses de intervención de los Actores Armados no Estatales parte del conflicto armado con fines de captación de rentas y de coadyuvar en la generación de las condiciones para facilitar que los empréstitos tengan lugar.

No se descarta que, para ello, los Actores Armados no Estatales busquen afianzar diversas formas de relacionamiento con sectores pertenecientes al statu quo local.

Advierte la Defensoría del Pueblo que dicha situación conlleva altos riesgos de violencia directa sobre diferentes grupos sociales, particularmente sobre liderazgos sociales, ambientales y comunitarios, con el fin de asfixiar sus reivindicaciones cuando éstas son asumidas como un obstáculo para la materialización de sus intereses.