Las ciudades de Armenia y Pereira son utilizadas por Actores Armados no estatales y Grupos Armados de Delincuencia Organizada como corredor estratégico para articular circuitos nacionales de distribución y tráfico de sustancias ilícitas y de armas, principalmente a través de los corredores que comunican el pacífico caucano con la capital del país y al Eje cafetero con el departamento de Antioquia, según lo alertó la Defensoría del Pueblo.

Entre estas ciudades, los actores y grupos armados instalaron prácticas de control y de conculcación del territorio a las comunidades, con ocasión del rol que tienen dentro de la economía que sostiene el conflicto armado en Colombia, lo que ha configurado dinámicas que facilitan la recomposición permanente y las alianzas de los GADO que allí hacen presencia.

El reacomodamiento experimentado por los grupos criminales en los últimos años, ha dado lugar a nuevos mecanismos de operación de la distribución de los estupefacientes con el fin de evitar riesgos, fortalecer las redes de tráfico internacional y reforzar estructuras armadas y formas de control social con particular énfasis en los centros urbanos.

Esta situación ha expuesto a mayores riesgos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, personas en situación de calle o con consumo problemático de sustancias, así como a los líderes sociales y comunales, defensores de DDHH, periodistas y en general, a las comunidades de los barrios con mayores vulnerabilidades socioeconómicas de las ciudades de Armenia y Pereira.

Dado el alto consumo de drogas en la región el control sobre el tráfico interno, ha permitido a las AGC el incremento de sus finanzas, la multiplicación de GADO de incidencia local o regional encargadas de dicha actividad en la modalidad de menudeo, labores de inteligencia y adelantar acciones de violencia directa contra la población civil todo con bajos niveles de visibilidad.

Los departamentos de Risaralda y Quindío, históricamente se han configurado como un espacio favorable para los negocios entre narcotraficantes y para el lavado de activos, principalmente en el sector de la infraestructura hotelera, comercial e inmobiliario; al igual que lugares de descanso para estas personas.

En varias oportunidades ha sido denunciado el arribo de aviones privados provenientes de México a la ciudad de Pereira, a través de los cuales se estarían llevando cargamentos de estupefacientes hacia el exterior.

En el departamento del Quindío, varias propiedades en proceso de extinción de dominio o en posesión de la Sociedad de Activos Especiales –SAE-, estarían intentando ser recuperadas por quienes han venido cumpliendo sus condenas por narcotráfico en el marco de la Ley de Justicia y Paz o por sus testaferros, a través de hostigamientos y amenazas a líderes de comunidades que han sido ubicadas en estos predios, o que trabajan en su identificación, a fin de que les sean asignados para el desarrollo de proyectos productivos, como medida de reparación.

Dentro de este contexto, los niños, niñas y adolescentes son utilizados para la comercialización de estupefacientes y actividades de sicariato, mientras que las personas en situación de calle o con consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales, son contratadas bajo la figura del pago con porcentaje para el expendio de un número determinado de dosis, a cambio de lo cual reciben un porcentaje de estas, para su consumo personal.