• DOMINGO,  25 OCTUBRE DE 2020

Región  |  28 septiembre de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

En Armenia defensores de derechos humanos, líderes ambientales y comunitarios están amenazados

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Las amenazas continúan siendo el mayor hecho victimizante para los líderes y lideresas defensores de derechos humanos en las ciudades capitales del Eje Cafetero, según se desprende de la Alerta dada a conocer por la Defensoría del Pueblo.

Indica que el propósito de las amenazas, es que se consideran un mecanismo efectivo para inhibir la acción de denuncia y de acceso a la justicia por parte de las comunidades, así como para paralizar los procesos sociales impulsados.

Explica que estas afectaciones han tenido lugar en virtud de los diversos intereses de los grupos armados ilegales sobre el territorio y se han erigido sobre narrativas y prácticas que justifican la persecución de líderes sociales y defensores de DD.HH.

Indica el Ministerio Público que a pesar de la desestimación del riesgo por parte de las autoridades locales, es identificable que las agresiones contra los dirigentes se dan a raíz de sus actividades de liderazgo, y están orientadas a contener, inhibir o evitar su ejercicio participativo sea en actividades de control político, reivindicativo o de oposición; y que provienen de actores legales o ilegales que operan bajo el amparo de estructuras de crimen organizado y con ello, de asegurar un entorno que facilite el alcance de sus propósitos sobre el territorio.

Aunque la Defensoría del Pueblo continúa teniendo conocimiento de panfletos amenazantes suscritos por las Autodenominadas Águilas negras que han circulado principalmente a través de redes sociales o que son recibidos vía WhatsApp o correo electrónico, contra liderazgos y organizaciones visibles en estas ciudades, no se ha conocido ningún reporte de capturas o indicios que lleven a advertir la presencia de este grupo armado ilegal como estructura.

Agrega la Defensoría que a pesar de las denuncias por la circulación de estos panfletos, no ha sido posible conocer los resultados de las investigaciones promovidas por las autoridades competentes para la identificación y judicialización de los autores materiales e intelectuales de los mismos.

Señala que las víctimas no consideran pertinente la denuncia de este tipo de hechos, por cuanto los organismos de investigación y de seguridad, así como algunos funcionarios encargados de la política pública de derechos humanos y de prevención de violaciones en el orden departamental y municipal, desestiman las amenazas argumentando la supuesta búsqueda de beneficios por parte de las víctimas y de los líderes y lideresas, así como por el desconocimiento de las autoridades respecto de la presencia de grupos armados ilegales en estos municipios.

Afirma la Alerta de la Defensoría que la influencia de tiempo atrás del narcotráfico y el paramilitarismo en algunos de los representantes políticos de los municipios de Pereira, Armenia y Manizales, ha abierto la brecha de desconfianza de los líderes sociales y de algunas comunidades, hacia un sector de la institucionalidad representada por políticos aliados a actores armados no estatales parte del conflicto, que utilizaron recursos y espacios públicos en función de sus intereses, configurando una fuerte barrera para la denuncia.

La Defensoría del Pueblo encuentra que este accionar configura un riesgo importante sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos, que tiene lugar en un contexto de desestimación de la existencia de esta estructura armada como fuente de amenaza, que se mantienen en impunidad ante la falta de identificación de sus responsables.

La situación cuenta con el agravante que, en ciudades como Armenia, Pereira y Manizales, este tipo de amenazas cuenta con una oferta sicarial relevante que estaría en capacidad de materializarlas.

Entre tanto en Armenia, el grueso de las amenazas se concentra en personas defensoras de derechos humanos, líderes/as ambientales, estudiantes, docentes y trabajadores/as de la Universidad del Quindío, así como sobre líderes comunitarios y comunales.

Indica que la mayoría de las amenazas y señalamientos, están relacionadas con la labor de denuncia que estas personas realizan con ocasión de conflictos socio ambientales generados por el desarrollo de monocultivos en otros municipios del departamento y proyectos de gran envergadura, así como por denuncias de hechos de corrupción y acciones de movilización social para la exigibilidad de derechos.

Indica que aunque los organismos de inteligencia han referido en reiteradas oportunidades que las autodenominadas Águilas Negras ya no existen, las intimidaciones han tenido lugar en el marco de denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por actuaciones irregulares, visibilización de situaciones de riesgo y presencia de grupos armados ilegales en la ciudad, actividades de mediación en sectores barriales, y reivindicación de derechos en el marco del derecho a la protesta social.

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