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Columnistas  |  30 septiembre de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Gilberto Zaraza

DESVERGONZADA CONTRALORÍA

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Gilberto Zaraza

Gilberto Zaraza Arcila

La ineficiente e inoperante Contraloría General de la República está solicitando a ministros, gobernadores, alcaldes, directores y gerentes de entidades públicas , el cumplimiento de la ley 2020 del 2020 ( una ley mas que no se cumplirá ) para que inscriban antes del 17 de octubre del presente año los “elefantes blancos” o las obras civiles terminadas, pero que no se encuentren en funcionamiento, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas; con el fin de determinar previos y nuevos estudios técnicos, financieros y jurídicos su terminación o demolición, so pena de las sanciones correspondientes.

Si la CGR y las contralorías territoriales cumplieran correctamente con su misión y atribuciones constitucionales de vigilancia y control a la contratación pública y al manejo de los recursos públicos, no habría obras civiles inconclusas; ya que todas se habrían ejecutado de acuerdo a los estudios de factibilidad y viabilidad, y de conformidad con los diseños y cronogramas aprobados. Tampoco seriamos campeones mundiales en corrupción, con 50 billones de pesos anuales. Pero la contraloría es cómplice de la corrupción, porque no controla, ni denuncia, ni recupera el detrimento patrimonial.

Como las contralorías prevarican por omisión en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, por eso hay según estimativos de esas mismas desvergonzadas entidades más de 1400 obras civiles inconclusas en el país causando un detrimento patrimonial de cerca de 25 billones de pesos. En el Quindío tenemos varios ejemplos de “elefantes blancos” como el teleférico de Buenavista, el Centro Cultural y Turístico la Estación, las obras de valorización, el Parque de Recreación Popular, el deprimido peatonal frente al Hospital San Juan de Dios, el Museo de Arte Moderno en la Tebaida, la Casa del Café en Génova…etc. Que equivalen a un detrimento de más de $120.000 millones.

La CGR no tiene que solicitar nuevamente una información que debería tener a su disposición, cuando supuestamente debió hacer control fiscal a la contratación pública más relevante. Las contralorías no controlan porque están politizadas, porque los contralores son elegidos en un contubernio entre la clase politiquera y los gobernantes, para garantizar su propia impunidad. Por eso la corrupción sigue imparable.

Para que haya verdadero control fiscal autónomo, independiente y oportuno, los contralores deben ser elegidos mediante un estricto concurso de meritos realizado por universidades privadas de alta acreditación, sin la intervención de congresistas, diputados o concejales. Y se les debe dotar de las facultades legales y presupuestarias suficientes, para hacer control pertinente.

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