La Contraloría Departamental del Quindío evidenció tres hallazgos fiscales en el contrato para la construcción de un patinódromo en el municipio de Calarcá, con incidencia en responsabilidad Fiscal, disciplilnaria y penal. Quiere decir que después de notificados los implicados, la Contraloría iniciará un juicio de responsablidad fiscal contra ellos, para que devuelvan el dinero objeto del contrato, al tiempo que compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una investigación disciplinaria, y a la Fiscalía General para que haga lo propio en el caso penal.

El hallazgo más importante es el de la falta de planeación. Se comprobó que no hubo, en los estudios previos y en la ficha técnica del contrato, un análisis y descripción exacta de lo que realmente se requiere y se necesita para la construcción de un patinódromo. Tampoco hay un estudio técnico que justifique la construcción de una pista de de esta naturaleza en Calarcá.

Sostiene el informe de la Contraloría que en la construcción hubo un error técnico, pues se hizo la parte de cemento o concreto, pero no la de rodadura, encargada de proteger las llantas de los patinadores. Sobre este particular, la Federación Nacional de Patinaje dijo: "Este tipo de deporte se desarrolla en superficies distintas del suelo, por lo regular de asfalto, hormigón, terrazo o parqué, que a su vez deben tener una capa de rodadura en material plástico, poliuretano, resina sintética, etc. ...". Nada de lo anterior tiene la pista que se construyó en solo concreto, enseguida del coliseo del municipio de Calarcá.

En el proyecto tampoco se contó con iluminación ni mucho menos con encerramiento del lugar, dos aspectos fundamentales para la seguridad de los niños y jóvenes practicantes.

Los otros dos hallazgos tienen que ver con la baja calidad de la pintura utilizada en la obra, tanto que no se evidencia su uso, y un sobreprecio en los materiales utilizados.

De manera que la Contraloría consideró que no se cumplieron los fines del contrato 055 del 2014, otorgado al ingeniero Jaime Nolberto Torres por parte de la Promotora de Vivienda del Quindío -Proviquindío-.

Este contrato se hizo en virtud del convenio interadministrativo 01 del 2014 firmado entre la Promotora de Vivienda del Quindío y el municipio de Calarcá para realizar varias obras en esta localidad. En ese convenio, el municipio puso $452 millones y Proviquindio $44 millones. De allí salió el contrato de la pista de patinódromo, 055 de 2014, firmado con el ingeniero Torres por parte del gerente de Proviquindio de entonces, Jhony Alberto Rodríguez Jaramillo.

La obra fue recibida a satisfacción a través del acta de liquidación del 24 de diciembre de 2015, por Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, por Proviquindio, Liliana Valdés Mejía, alcaldesa de Calarcá, y el secretario de infraestructura del municipio Henry de Jesús Alzate Vera.

En términos más sencillos, la inversión en el patinódomo, $169 millones de pesos, prácticamente se perdió. Por tal razón la Contraloría iniciará contra los implicados, quienes firmaron el acta de liquidación, Liliana Valdes Mejía (alcaldesa) Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo (gerente de Proviquindío), Henry de Jesús Alzate Vera (Secretario de Infraestructura de Calarcá), Jaime Nolberto Torres, el contratista, más el interventor de la obra, Jahir Valverde Jiménez, una invetigación de responsabilidad fiscal, para que devuelvan el dinero invertiro en la fallida obra, pero, además, compulsará copias a Procuraduría y Fiscalía para inicien investigación disciplinaria y penal, respectivamente, contra estas cinco personas.

Todas las denuncias sobre este hecho de corrupción fueron elevadas ante la Contraloría y la ciudadanía por el concejal de Calarcá Guillermo Gómez. La providencia de los hallazgos es de única instancia y, por tanto, contra ella no cabe ningún recurso legal.