Por Fabio Olmedo Palacio

Los colombianos durante muchas décadas hemos recibido tanta información sobre narcotráfico, los cultivos ilícitos, y a la vez padecido las consecuencias de sus nefastos efectos, que hoy en día, parecería que una cifra más o menos no tiene importancia. Sin embargo, les confieso que cuando me puse a investigar documentos y estudios que los hay por miles, sobre este tema tan doloroso para el país y la humanidad, se me arrugó el alma. El mercado de las drogas ilícitas mueve al año en Colombia, más de 6 billones de pesos, la rentabilidad para las bandas criminales es del 627% y para el expendedor el 21%. Este mercado criminal creció en el ultimo año, en marihuana el 156%, en cocaína el 53.3%, en bazuco el 44% y en éxtasis y otros psicoactivos el 112%. El 69% de las personas que prueban cocaína se vuelven adictos, la población más vulnerable son los jóvenes y adolecentes que reciben sus primeras dosis en las puertas de las escuelas y colegios. El consumo en los últimos años ha venido creciendo en alcohol, bazuco, marihuana y cocaína, en jóvenes, entre los 18 y los 24 años, seguido de adolecentes entre los 12 y 17 años de edad. Los departamentos con más consumo son: Antioquia, Risaralda, Caldas, Valle, Caquetá, Quindío, Cauca y Bogotá DC. Los cultivos ilícitos en el país destruyen extensas áreas de bosques y selvas, acaban con innumerables recursos biológicos y ecosistemas, que difícilmente se recuperaran en cientos de años, a Diciembre 31 del 2019, estaban sembradas en el territorio nacional 212.000 mil hectáreas de coca y amapola, la deforestación para esta siembra, arraso más de 197.000 hectáreas de selvas y bosques, de las cuales, sólo en la Amazonía fue de 75.000 hectáreas, estos cultivos dejan el 24% de la deforestación total del país y afectan a 17 áreas protegidas, entre parques naturales y resguardos indígenas. Todos los días, llegan toneladas de precursores químicos a las fuentes hídricas, donde se instalan las llamadas “cocinas” para procesar el alcaloide: gasolina, acido sulfúrico, solución amoniaco, acido clorhídrico, acetona, permanganato de potasio y cemento entre otros, es lo que se vierte a los ríos y sus causes en el territorio nacional.

En zonas de expansión de estos cultivos, existe una clara relación entre los actores violentos, la financiación de bandas criminales y la pobreza de la región. La erradicación manual le ha dejado al país, 126 policías asesinados y 164 mutilados. Esta maquina criminal, desencadenó a su alrededor un negocio gigantesco, de miles de millones de pesos. Adicionalmente el estado para combatir este flagelo utiliza en erradicación, compra de helicópteros, aviones y material logístico, miles de millones de pesos que podrían estarse invirtiendo en educación, salud e infraestructura. Como consecuencia, y para intentar paliar los daños en la salud de la población, los privados han desarrollado innumerables centros de rehabilitación, en algunos casos muy serios y en otros prometen hasta curas milagrosas para los adictos. Las ONGS nacionales e internacionales y sus expertos, que cobran grandes sumas de dinero, entregan cientos de estudios y diagnósticos de cómo salir del problema y al final estos terminan en los escritorios de los burócratas de turno. En igual forma los colectivos de abogados, que al final no se sabe a quien defienden, han instaurado contra el estado Colombiano demandas por más de 2 billones de pesos. El narcotráfico, es el combustible para financiar las bandas criminales, el accionar de la guerrilla, el asesinato de lideres sociales y la estructuración de grupos al margen de la ley, que tienen como fin desestabilizar el país, con cálculos eminentemente politiqueros.

Vengo de una cultura donde desde pequeño nos enseñaron a respetar el medio ambiente, por eso no entiendo, cómo frente a estos hechos tan graves, los movimientos que se auto denominan ambientalistas, las mingas, los jóvenes, no se manifiestan, ni marchan para exigirles a estos actores criminales, que cesen en la agresión constante contra el medio ambiente y la población en general. Es obligación de todos garantizar el futuro ambiental del planeta donde puedan vivir nuestros hijos y nuestros nietos.