Por Daniela Garzón Zuluaga

En diciembre del 2018, Juan Pablo Biere, el entonces gerente de RTVC, el Sistema de Medio Públicos, ordenó “matar la producción” del presentador Santiago Rivas, porque estaba criticando el proyecto de ley, ley de modernización de las TIC, o ley de convergencia, del gobierno Iván Duque. Rivas fue contratista de RTVC, y había ganado varios premios por el éxito de ‘Puros Criollos’, producción que Biere ordenó matar. La reunión de diciembre del 2018, del entonces gerente de RTVC, quedó grabada, en esta Juan Pablo, resaltaba que, Los Puros Criollos, si se volvía a hacer, se hacía con otra persona, que no había posibilidad que Santiago trabajará con su gerencia. El audio completo fue publicado por la Liga Contra el Silencio, una alianza de medios que luchan contra la censura, liderada por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. El audio fue publicado bajo el nombre “Juan Pablo Biere, un censor puro y criollo”.

La informante, Diana Díaz, expuso su identidad para imponer una denuncia ante la procuraduría, en marzo del año pasado, Biere denunció a Díaz ante la Fiscalía General de la Nación, por el delito de utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. Como decía el entonces gerente de RTVC, en su reunión, “uno no muerde la mano, que le da de comer”, ahora Juan Pablo Biere, es asesor del presidente Iván Duque, ahora está más cerca de la mano que le da de comer.

Más de un año después, de que se conocieran los audios, el Fiscal General de la Nación va a iniciar un proceso penal contra Diana Díaz, exdirectora del canal Señal Colombia, esto por denunciar un caso de censura al interior de RTVC. En medio del proceso, la fiscal encargada también ordenó una “inspección judicial”, a las instalaciones de la FLIP, para revisar los videos de vigilancia y los registros de ingreso de visitantes, desde el 6 de diciembre del 32018, hasta el 23 de enero del 2019, y una copia de la grabación que había sido entregada por la periodista. Ante esto la FLIP, alerta que la diligencia violaría el derecho a la intimidad, la reserva de la fuente y la defensa de los derechos, que son ante todo el corazón de sus funciones; de igual manera la organización se expresó por medio de una carta abierta dirigida al Fiscal General, Francisco Barbosa, en la que resaltaron que “No existe en la historia de la FLIP un precedente donde de manera tan flagrante una institución del Estado nos solicitara violar la reserva de la fuente y facilitar información que nos confían nuestros benefactores”, sin embargo, después de esto en un comunicado oficial, el Fiscal informó que no se hará inspección, ya que la FLIP no tiene registros, ni videos, de ingreso de los periodos solicitados por la fiscal encargada.

Reglón aparte, el artículo 73 de la Constitución Política del país, dice, que actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Sin embargo, para la Fiscalía General, no es grave que se hubiera ordenado una inspección a una organización de derechos humanos, para saber quién ingresó a dicha organización, pero si lo es una denuncia sobre una irregularidad que llevó a la censura, y ahora la periodista que denunció los hechos es sometida a un proceso penal por utilización de asuntos sometidos a secreto. Esto no es nuevo en Colombia, el país que ha tapado la boca de periodistas por años, la Fundación para la Libertad de Prensa, dio a conocer que en el país han sido asesinados más de 160 periodistas, por razones de oficio, la lista inicia con Eduardo Galarza Ossa, de Manizales, director del medio La Voz de Caldas, asesinado el 12 de octubre de 1938, por respaldar la decisión de uno de sus periodistas al publicar una nota en la que denunciaban el maltrato que el teniente Jesús María Cortés Poveda daba a la tropa. El teniente, en defensa del supuesto "honor militar", asesinó al periodista en su oficina; y termina, con Abelardo Liz, periodista de Nación Nasa, medio radial del Cauca, asesinado el 13 de agosto del presente año, Abelardo Liz, recibió impactos de bala en el pecho y en el abdomen mientras cubría el proceso de ‘liberación de la madre tierra’ que adelantan los pueblos indígenas en la vereda El Barranco del municipio de Corinto, en el norte del Cauca.

Queda claro, que la libertad de presa, ha estado de lado de los periodistas que, como dijo Juan Pablo Biere, “no muerden la mano de quien les da de comer”, en Colombia, los tapabocas los pone el Estado.