Gilberto Zaraza Arcila

El genocidio indígena que comenzó con la conquista española en 1492 y acabó con el 90 % de la población como resultado de la violación, el saqueo y el asesinato, a pesar de su heroica resistencia en condiciones muy desventajosas, nunca se ha detenido. Continúa hoy en pleno siglo XXI bajo gobiernos que presumen de democráticos.

Según el DANE en el país hay 1.905.617 indígenas, el 4.4% de la población total de Colombia. Distribuidos en 115 pueblos y 767 resguardos ubicados en las regiones más atrasadas de los departamentos con mayores tasas de pobreza y abandono estatal. El 51% no tienen acueducto, el 35% no poseen servicio de energía. Muchos viven en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a salud y educación.

La mayoría de sus territorios por la ausencia de Estado son dominados por paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y disidencias, que se dedican a actividades ilícitas. Como se resisten a que estos grupos armados utilicen sus tierras para el cultivo, producción y distribución de coca, son amenazados y asesinados por sus invasores, que ofrecen hasta 10 millones de pesos por cabeza de guardia que se oponga.

exterminio de la población indígena es sistemático, en los 2 últimos años fueron asesinados 198, este año van eliminados 68 y el fin de semana anterior fueron masacrados 7. Cifras alarmantes que se presentaban durante el conflicto armado, y se esperaba no ocurriera en un escenario post-acuerdo. Este es el resultado del incumplimiento al punto 4 del acuerdo de paz sobre sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, y por la reducción de más de la mitad de la fuerza pública en esos territorios.

El racismo, la discriminación étnica y la exclusión de que han sido objeto de manera histórica, incluye una inconcebible propuesta de la reaccionaria Paloma Valencia, de dividir el Departamento del Cauca, para que en las mejores tierras vivan los terratenientes, la oligarquía y el notablato payanés, y en las tierras más apartadas y estériles ubiquen a los “indios”.

Por este cúmulo de causas y por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos con la minga en materia social, económica y cultural, organizaron una nueva minga de cerca de 10.000 indígenas para solicitar la presencia del presidente. Antes de partir en un valiente acto de reivindicación derribaron en Popayán la estatua de su verdugo Sebastián de Belalcazar. Como éste no fue porque solo los busca en época electoral, emprendieron una travesía de más de 600 kilómetros para llegar a Bogotá y plantear sus peticiones de derecho a la vida, paz, territorio y democracia.

Desde que partieron fueron injustamente estigmatizados con mentiras de estar infiltrados de guerrilleros, de propiciar el contagio del coronavirus, de pretender hacer un juicio político al gobierno, de dar un golpe de Estado e implantar el socialismo; como expresó el delirante e insánico Álvaro Uribe.

El rechazo, la persecución y los obstáculos llegaron hasta la presentación de una acción popular de 3 senadores antidemocráticos del uribismo para que les impidieran la movilización, y la orden para que les impidieran el paso por el Túnel de la Línea.

Mientras estaban en Bogotá les montaron falsos positivos para incinerar supuestos laboratorios de cocaína en sus territorios. Pero con paciencia marcharon pacíficamente y dieron grandes lecciones al pasivo e indiferente pueblo citadino. Lecciones de unidad, organización, disciplina, dignidad, combatividad y resiliencia. Con orden, respeto y civilidad visibilizaron su protesta y no permitieron infiltrados en su marcha de policías vestidos de civil, encapuchados, ni se dejaron provocar de los escuadrones del Esmad. Y abandonaron el Palacio de los deportes donde pernoctaron dejándolo completamente aseado.

Se ganaron la simpatía de los colombianos. En vez del virus, contagiaron el entusiasmo y la alegría de su justa causa. Al soberbio “presidente” le dio miedo atenderlos para no desobedecer la orden de su patrón, el que lo hizo elegir con el apoyo de los narcotraficantes. Quedó como un zapato por su descortesía y desprecio a unos humildes compatriotas que representan nuestra población ancestral, y que siempre han sido marginados del presupuesto público.

Por orden de su patrón Álvaro Uribe, el clasista Iván Duque no los atendió, violando la obligación constitucional de dialogar con todos los sectores sociales.