Por el delito de peculado culposo en concurso heterogéneo con uso de documento falso, la Fiscalía imputó cargos contra Luis Fernando Echeverri Parra, exsecretario de Cultura del Quindío para el periodo enero–abril de 2014, tras la judicialización cumplida ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia (Quindío).

Tras la imputación el implicado no aceptó los cargos propuestos en su contra y que se relacionan con hechos ocurridos cuando en la Gobernación del Quindío, a través del contrato de compra ‘039 de 2013’ se adquirieron uniformes para dotar las bandas musicales del departamento.

Mediante las labores de Policía Judicial se evidenció que Echeverri, durante su paso por la secretaría de Cultura del Quindío, habría recibido una propuesta de la Fundación Musical Ciudad de Calarcá para que su banda utilizara la dotación en mención.

De tal manera que, mediante el comodato 029 de 2014, con un término de ejecución de cinco años, se constató que el departamento del Quindío realizaría un préstamo a la Fundación Musical Ciudad de Calarcá de unos uniformes, por lo que el imputado, supuestamente, realizó estudios previos en pro de la solicitud de elaboración de minuta de ese contrato con fecha de suscripción el 24 de enero de 2014.

Los contratistas de la fundación, al parecer, no recibieron los uniformes pues según ellos, no cumplían con las condiciones de calidad y de cantidad que requería su grupo musical, por lo cual decidieron no suscribir el contrato.

Pese a la negativa de la fundación, el contrato habría seguido su trámite y, presuntamente, se suscribió con la firma de un contratista inexistente lo que contribuyó a que los uniformes, avaluados en 6’078.400 de pesos, aproximadamente, se perdieran.

Esta situación fue evidenciada en noviembre de 2018 cuando la secretaría de Cultura del Quindío inspeccionó la mencionada fundación para verificar el estado de los elementos adquiridos y constató que los mismos nunca habían sido entregados y que la firma del contrato no pertenecía a ese representante legal.

Indica la Fiscalía que el exsecretario nunca habría informado que el contrato no se había ejecutado, y que no le iban a recibir los uniformes.