La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a cinco bienes que habrían sido utilizados para constituir un entramado ilegal que comprometió los dineros destinados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Calarcá en el Quindío, el proyecto no se ejecutó.

Las propiedades afectadas, cuyo valor comercial alcanza los 4.800 millones de pesos, están ubicadas en Bogotá, Manizales y Barranquilla. Estas son: las sociedades Injomar S.A., J.P.G. & Cía. S.A., y Juan Bernardo Botero Ingeniería S.A.S; y los establecimientos de comercio J.P.G. & Cía. S.A., Juan Bernardo Botero Ingeniería.

Este proceso de extinción de dominio inició gracias al material de prueba obtenido en una investigación penal que puso en evidencia presuntos hechos de corrupción. En el mismo, se estableció que el ingeniero Jorge Arturo Sanabria Sánchez obtuvo un préstamo por $2.400 millones de pesos y adquirió participación en las sociedades hoy afectadas con medidas cautelares. De esta manera, asumió el 60% de las acciones de la empresa Multipropósito, y ganó silla y poder de decisión en la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Calarcá.

Desde esta posición, el señor Sanabria Sánchez habría impulsado la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio. Al parecer, gestionó un anticipó de 30% para las obras y los recursos, supuestamente, los destinó a cubrir la deuda que asumió para hacerse de las sociedades.

Por estos mismos hechos, desde hace cerca de un año tienen medida de aseguramiento intramural Milton Moreno Lemus, subdirector de la empresa Multipropósito, y Catherine Díaz Quiroz, revisora fiscal de la misma, ordenada por el juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Calarcá Jairo Mauricio Carvajal. La medida se profirió al finalizar la audiencia de imputación de cargos realizada en el palacio de Justicia de Calarcá. Moreno Lemus y Díaz Quiroz son acusados de una millonaria defraudación con dineros públicos que estaban destinados a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Calarcá.

La fiscalía reveló 14, de 16 audios, donde se pone de presente que estas dos personas integraban una estructura delincuencial conocida como Los Parientes, de acuerdo con lo informado por el fiscal séptimo especializado de Armenia, que investiga el caso. Al proceso están vinculados también Margarita Rosa Malagón de Sanabria, viuda del principal socio de Multipropósito Jorge Arturo Sanabria, y su hijo, además del empresario costeño Juan Pablo González Rosales.

A los implicados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, administración desleal, enriquecimiento ilícito a terceros, lavado de activos y falsedad en documento privado.

¿Cómo fue el desfalco?

El desfalco en Multipropósito podría ascender a $30.000 millones de pesos, según revelaciones de la propia Fiscalía. La primera investigación está relacionada con los dineros que se destinaron para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Todo fue una patraña, orquestada por el fallecido ingeniero Jorge Arturo Sanabria, que habiendo vendido parte de sus acciones, antes del 2014, quedó siendo socio solo con el 1% de la empresa. Para lograr recuperar su capacidad accionaria, Sanabria consiguió un préstamo por $2.500 millones y adquirió el 50% de las acciones, haciéndose al control de Multipropósito.

Jorge Sanabria tenía problemas para pagar esa deuda y venía siendo objeto de un proceso legal en su contra, que incluía el embargo de tales acciones, lo que conllevó a que sus acreedores se hicieran a la representación en la junta directiva, perdiendo Sanabria, aparentemente, el control.

Frente a este hecho, el ingeniero Sanabria se inventó la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Calarcá, que tendría un costo de $12.000 millones de pesos. Consiguió papeles falsos de un lote donde iría la Ptar, creó un diseño y una licitación y, para tal fin, tramitó un crédito por $3.750 millones, que le fue otorgado, tras las maniobras fraudulentas en las que lo acompañaron el señor Moreno Lemus y la señora Catherine Díaz, según la propia Fiscalía.

Con este dinero, Sanabria pagó la deuda de $2.500 millones y los intereses, desembargó sus acciones y quedó con toda la disposición de mando en Multipropósito. Sin embargo, de la Ptar no había nada, pues tanto los papeles del lote, la licitación y la compañía que ganó la misma, fueron ficticios, solo con el propósito de obtener el dinero y poder pagar la deuda.

Multipropósito es una empresa a la que se le concesionó el servicio de acueducto y alcantarillado del municipio de Calarcá por 20 años, esto es, hasta el año 2022, con resultados nefastos para la población de la segunda más importante ciudad del departamento. El alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero y los concejales tendrán que decidir si la concesión continúa, o si el servicio vuelve a Empresas Municipales de Calarcá –EMCA-.