Gilberto Zaraza Arcila

Casi todos los gobernantes colombianos en ejercicio de sus cargos incumplen sus promesas y terminan haciendo todo lo contrario a sus propuestas de campaña; cuando ofrecen más y mejores empleos y salarios, menos impuestos, seguridad, transparencia y mejores condiciones de vida para todos. En el poder gobiernan de espaldas al pueblo que los eligió, se desconectan de los estratos populares y soslayan la triste realidad socioeconómica de la mayoría de la población. Cooptan al congreso para que solo le aprueben los proyectos de ley y reformas económicas, políticas y electorales, que les den más poder y mejoren los privilegios y beneficios de las clases más adineradas.

Para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los habitantes, excluidos del crecimiento económico y el progreso (que viven del rebusque), es indispensable generar empleo estable y bien remunerado. Y a los afortunados que tienen un puesto de trabajo, mejorarles sus ingresos y su capacidad adquisitiva. Pero gobernantes, empresarios y congresistas, son egoístas mezquinos e insolidarios, solo piensan en sus intereses personales, en mejorar sus ingresos y sus utilidades, dejando solo las migajas para los asalariados.

Lo que ocurre con la farsa del incremento anual del salario mínimo es aberrante e infame. Los trabajadores deben “negociar “con sus patrones el pírrico aumento salarial anual, que termina siendo una imposición patronal o gubernamental. En 30 años solo en 8 oportunidades hubo concertación salarial. Mientras que los congresistas no tienen que negociar, porque legislaron hace tiempo para que su incremento y el de los magistrados, fiscales, procuradores, contralores, gobernantes, miembros de la fuerza pública, etc; sea decretado por el presidente previa certificación del Contralor General, que establece cual es el porcentaje promedio del aumento de los salarios de los altos funcionarios del Estado, incluidos derechos adquiridos.

Para conocer a profundidad el tamaño de la injusticia que se comete cada año en esta materia, la revista DINERO hizo un estudio comparativo del aumento del salario mínimo y el de los congresistas en los últimos 30 años arrojando los siguientes resultados: El salario mínimo pasó de $51.716 en 1991 a $ 908.526 en 2021, con un crecimiento de 17.5 veces. A cambio el salario de los congresistas pasó de $714.665 en 1991 a $34.417.000, en el 2020, multiplicándose 48 veces. Faltando por decretar el aumento para el 2021, que si fuera del mismo porcentaje del salario mínimo, llevaría la remuneración de los congresistas a $ 35.621.000, con un crecimiento de 49.8 veces.

El aumento nominal de los asalariados fue de $856.810 y el de los privilegiados con la actualización en el 2021 de $34.906.335. En 1991 los parlamentarios ganaban 14 salarios mínimos, cuando les decreten el incremento para el 2021 percibirán 39.2 salarios mínimos. Lo que significa que la proyección es creciente. Si el salario mínimo de 1991 es traído a valores constantes de 2020, seria de $701.715, con un crecimiento real del 29.4%. Al hacer el mismo ejercicio con el salario de los congresistas, éste sería de $9.700.000, equivalentes a un aumento real del 254.8%.

El salario mínimo que lo tienen atado a la inflación que mide y determina el DANE de manera sesgada y favorable al gobierno; tuvo incrementos inferiores a la inflación en 7 oportunidades, en 10 veces el crecimiento fue superior a la inflación en menos del 1%, en 9 oportunidades fue entre el 1% y el 2 %, y solo en 5 veces el incremento estuvo entre el 2% y el 2.8% por encima del IPC. El gobierno de la “prosperidad social y la equidad” promueve la inequidad, la desigualdad, la discriminación salarial y la explotación laboral, al aumentarles a los congresistas y altos funcionarios del Estado 54.6 veces el incremento del salario mínimo; $1,676.000 para los de arriba, y solo $30.700 para los de abajo.

El incremento del salario mínimo del 3.5% para este año es el mas bajo en los últimos 45 años, que no se compadecen con la crisis provocada por la pandemia, donde más de 4 millones de colombianos perdieron sus empleos. Y la mayoría de la población que vive de la informalidad, tiene una demanda deprimida por el bajo poder adquisitivo de los consumidores. Pero, el gobierno en vez de darle la mano a los más necesitados, fue mezquino y avaro con las ayudas humanitarias, y generoso con los grandes empresarios y banqueros a los que les dio decenas de billones de pesos. Además, fue derrochón en improductiva publicidad, en vehículos de lujo y en armamentos y dotación para la represión. Y en vez de rebajar el IVA a los productos de la canasta básica familiar para beneficiar a los pobres, disminuye el IVA a los tiquetes aéreos para beneficiar a las más grandes empresas y a los ricos.

Con esta tendencia la brecha salarial se sigue ampliando y cada vez habrá mayor diferencia y desigualdad de salarios. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, pero el gobierno no se conforma con tan poco, quiere ser el primero. Y LA DESIGUALDAD DEBILITA LA ECONOMIA, SOCAVA LA DEMOCRACIA Y DIVIDE LA SOCIEDAD, como lo afirma en su libro EL PRECIO DE LA DESIGUALDAD el estadounidense y premio nobel de economía Joseph Stiglitz. La solución para acabar con esta inequidad es exigir la reducción o congelación por 10 o 15 años de la remuneración de los congresistas. Y en las próximas elecciones para congreso y presidente votar a conciencia por candidatos alternativos, independientes a los partidos tradicionales; para poder aprobar las reformas que el país necesita. Seguir vendiendo el voto para elegir a los mismos verdugos es una demostración de indignidad y masoquismo.