Por Jhoan Felipe López

Me pronuncio sobre las violencias contra las mujeres teniendo en cuenta el desgarrador, dramático y estructural fenómeno que vivimos en todo el departamento, especialmente en Armenia, el cual considero debe ser abordado por todas/os/es en el ámbito público y privado.

Estos planteamientos los hago reconociendo -de manera autocrítica- la posición de privilegio estructural, cultural e histórico que mi identidad de género me otorga, por lo que aliento la necesidad de encontrarnos entre hombres para reflexionar sobre nuestro rol en el espacio público y privado, sobre las brechas de género existentes y sobre las masculinidades no hegemónicas.

Así las cosas, la necesidad de ampliar mundos y posibilidades para las mujeres de Armenia, de reconocer sustancial y procedimentalmente sus derechos -especialmente aquellas más vulnerables-, de eliminar las violencias y de garantizar -por parte del Estado- los derechos humanos, está estrechamente vinculada con la construcción de políticas públicas para la igualdad con enfoque de género e interseccionales. Dichas políticas deben ser construidas por las mujeres y en un proceso de abajo hacia arriba.

En consecuencia, y partiendo de la injusticia estadística existente en Armenia respecto de cifras oficiales que den cuenta de dichas violencias, presento los siguientes datos apenas introductorios. Primero, el colectivo Linkterna de la ciudad del Armenia[1], en su investigación periodística evidenció la violencia atroz contra las mujeres en Armenia, 49 feminicidios desde el 2015 hasta el 2020.

Segundo, según el DANE en el año 2018 el 52,8% de la población de Armenia eran mujeres y el 47,2% hombres, la tasa de desempleo en el año 2019 en las mujeres fue del 19,7% y en hombres del 13,1% y la tasa de desempleo en jóvenes – mujeres y hombres- en el mismo año fue de 28,5% y 19,7% respectivamente.

Y tercero, en el trimestre abril-junio de 2020 se perdieron 51.736 puestos de trabajo en donde la población de mujeres sufrió profundo impacto.

Así pues, además de la inexistencia de política pública que combata este escenario de violencia, existe una agenda contra derechos y anti democrática conservadora. Esta agenda sigue dominando espacios políticos y culturales y se potencia en medios de comunicación y en agendas programáticas de partidos y líderes/as políticos/as de la región.

En consecuencia, considero que avanzar en igualdad implica que la construcción de las políticas públicas debe tener transversalidad de género y ser interseccionales. Es decir, las políticas públicas para la igualdad deben diseñarse - sin excepción – teniendo en cuenta el impacto que éstas tienen en la vida concreta de las mujeres.

No obstante, existen maneras específicas en que las discriminaciones contra las mujeres operan - de raza, de género y de clase - las cuales deben ser abordadas para una efectiva garantía de derechos. Entender cómo éstos elementos discriminatorios interactúan, se conjugan y se afincan en el escenario de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres, es una tarea del enfoque interseccional.

Dicho esto, destaco cinco ideas para la construcción de políticas públicas para la igualdad con transversalidad de género e interseccionales en Armenia. Primero, las leyes que en el poder legislativo se producen son necesarias pero insuficientes, debido a que no cuentan con dispositivos concretos para aplicarlas en el escenario cotidiano de las mujeres -por ejemplo, el enfoque de género del Acuerdo de Paz-. Es decir, son imprescindibles mecanismos procedimentales locales - políticas públicas construidas de abajo hacia arriba - para garantizar derechos.

Segundo, las violencias contras las mujeres son un problema del ámbito público y por eso deben ser abordadas con políticas que cumplan con los estándares internacionales como el de debida diligencia. Es decir, el Estado a nivel territorial debe prevenir, sancionar, intervenir, investigar y reparar a las víctimas de dichas violencias.

Tercero, las políticas públicas deben garantizar el principio de coordinación interinstitucional poniendo énfasis en la coordinación entre entidades del Estado y organizaciones de mujeres, las cuales en la mayoría de casos llegan primero que el Estado. A su vez, coordinación con medios de comunicación para avanzar en dos direcciones, uno, mitigar la avanzada ideológica conservadora que se expresa en medios de comunicación, y dos, formar a periodistas y comunicadores/as sociales en enfoque en derechos humanos con perspectiva de género.

Cuarto, medidas de atención integral, las cuales podrían expresarse en sensibilización en locales, supermercados o tiendas donde las mujeres concurren, mediante la socialización de líneas de atención telefónica, whatsapp o correos electrónicos con el propósito de activar rutas seguras para la protección integral de sus derechos. Atención en emergencia, asesoramiento judicial, acompañamiento psicosocial y asistencia habitacional. Y adicionalmente, formación a funcionarios/as del Estado y operadores judiciales en perspectiva de género para la no re victimización.

Y, por último, desarrollar estrategias para la inclusión laboral bajo condiciones dignas, diseñar políticas de cuidado y ampliar la representación de mujeres en espacios de participación política en contextos institucionales. Sumado a ello, promover junto a las organizaciones de mujeres escuelas de formación política y participación ciudadana garantizando su autonomía.

[1] Investigación periodística realizada por: Valeria Urán Sierra, Evelin María Álvarez, María Camila Hernández Toro, Mayra Alejandra Ovalle Peñuela, Marlly Lorena Ocampo, Ciro Andrés Pérez y Ángel Castaño Guzmán. Ver investigación en: https://www.cronicadelquindio.com/noticias/region/ellas-no-merecian-esto-asesinatos-de-mujeres-en-el-quindio.