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Columnistas  |  27 enero de 2021  |  12:00 AM |  Escrito por: Gilberto Zaraza

LA CONVENIENCIA DE LA REVOCATORIA

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Gilberto Zaraza

Gilberto Zaraza Arcila

La revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores es un mecanismo de participación ciudadana, que concede el ordenamiento jurídico a los habitantes de una ciudad o departamento, para retirar de sus funciones a gobernantes por dos causales precisas: Insatisfacción general de la ciudadanía por la gestión, o incumplimiento del programa de gobierno. La primera se puede comprobar con encuestas independientes con ficha técnica que permitan garantizar su seriedad y credibilidad, como las que realiza la Red de Ciudades Colombianas Como Vamos (RCCCV). Programa del que participan entidades oficiales, la empresa privada y la academia. La segunda con una confrontación entre lo prometido en el programa de gobierno y lo realmente ejecutado.

Por lo tanto, este mecanismo de participación no puede ser utilizado para atacar a los gobernantes por enemistades personales, persecuciones políticas o sesgos ideológicos como lo pretenden en Medellín los malos perdedores del “centro democrático”. El sectario Rafael Nieto Loaiza en su columna en La Gazeta, presenta como argumentos para revocar a Daniel Quintero, la falacia ad hominen, el odio y las mentiras. Que es de izquierda, petrista, comunista. Que es vulnerable porque es un impostor. Que no forma parte de la alianza republicana ( acaso tan violenta como la estadounidense?) que defienden la democracia, las libertades y la economía de mercado. Que está dedicado a romper con la institucionalidad. Sin una sola prueba que demuestre que el alcalde está atentando contra esos postulados. Que gobierna con los amigos. Acaso los gobiernos de Uribe o de sus títeres gobiernan con enemigos?

La encuesta del Programa Medellín Como Vamos, aprueba favorablemente la gestión del alcalde en la mayoría de indicadores que dependen directamente de su gestión. Lo que en sana lógica significa que está cumpliendo su programa de gobierno. Esta defendiendo los intereses de la comunidad y no los intereses personales de los empresarios del GEA. No le perdonan las denuncias sobre el detrimento público, los negociados en Hidroituango y que les haya quitado el manejo de EPM. En el Índice de Valorización Predial que miden el DANE y el IGAC, Medellín pasó del puesto 21 en el 2019 al 2 en el 2020, con una valorización de los predios urbanos del 6.2%.

En el caso de Armenia ocurre todo lo contrario. No tenemos ningún interés personal o de persecución política contra el alcalde. Demostraremos con pruebas las dos causales para revocarle el mandato. Solo nos anima el propósito de prestarle un servicio a través del compromiso ciudadano de defender la ciudad, porque Armenia no nos da igual.

alcalde no llegó a gobernar para todos los habitantes de la ciudad, sino para cumplir los compromisos con sus mecenas, empresarios electorales con dineros de dudosa procedencia. Debe nombrar a todos sus recomendados y entregarles toda la contratación para que recuperen lo invertido en la campaña y de manera ilícita apropiarse de los dineros públicos. Hizo un mal empalme y no sabe el estado en que se encuentra la ciudad, apenas se está dando cuenta del desorden administrativo y financiero del municipio. Todavía no sabe cuánto dinero hay en caja para las obras de valorización, por eso comprometió improvisadamente a los próximos alcaldes para que las ejecuten en 11 años.

Lleva 13 meses perdidos en los que no ha hecho nada por resolver los problemas heredados. Una ciudad colmada por indigentes, rebuscadores y vendedores ambulantes y estacionarios invadiendo el espacio público, y con inseguridad creciente, es la demostración palmaria de ausencia de administración y falta de oportunidades. A pesar de la pandemia el valor de los predios aumentó en las 22 principales ciudades del país, en cambio Armenia sufrió la más baja valorización al pasar del puesto 1 en 2029, al 19 en 2020 y del 6.58% al 2.81%, por debajo del promedio nacional que es del 4.22%. Tenemos que impedir que se pierdan 3 años más de tiempo precioso para solucionar muchos de los graves problemas sociales y económicos de la ciudad.

Un alcalde incompetente, sin independencia y corrupto le hace mucho daño a una ciudad. Los hemos padecido por muchos años ante la indiferencia, el egoísmo y la insolidaridad de los que se benefician de contratos y convenios con esas nefastas administraciones. No podemos seguir permitiendo que la ciudad siga en manos de politiqueros corruptos y de empresarios electorales que con grandes inversiones de dinero se apoderan de la alcaldía y la manejan como un lucrativo negocio personal. Es deber de los ciudadanos de bien salir a su rescate y no oponerse o ser “neutral” con esta justa iniciativa de participación ciudadana. Los intereses generales de la comunidad priman sobre los particulares.

Por eso, no se entiende el miedo de los gremios, empresa privada, academia y corporaciones públicas a prestar un auditorio para realizar la audiencia pública. Esos recintos deben estar al servicio de la democracia, del pensamiento, del análisis y debate de ideas y propuestas en beneficio del presente y el futuro de la ciudad. Esa connivencia y complacencia con la continuidad de la anormalidad es la confirmación de que el régimen corrupto de compromisos, componendas y complicidades que denunció Álvaro Gómez Hurtado está vigente en Armenia.

Los beneficiados con la revocatoria serán la inmensa mayoría de ciudadanos, porque los recursos públicos no irán a parar al bolsillo de funcionarios o particulares inescrupulosos; y serán ejecutados en obras de infraestructura o en inversión social para beneficio de toda la población. La revocatoria en Armenia es beneficiosa y oportuna, porque es el medio constitucional y legal para liberar a nuestra ciudad de la corrupción, el clientelismo, el nepotismo, el atraso y el caos en que se encuentra. Y es la oportunidad para elegir a una persona íntegra, independiente, autónoma, con liderazgo y experiencia, que redireccione su rumbo y restaure la moral, la confianza y la credibilidad en la administración pública.

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