Por Jacobo Giraldo

Algo que todo el mundo sabe es que el gobierno Duque está activamente interesado en que las cifras que se levantan en el país, en materia de homicidios a líderes sociales o defensores de los derechos humanos, se unifiquen. También, se sabe, y hasta cierto punto se preveía, que la entidad pública que va a soportar las cifras presentadas al país será la Fiscalía.

Se nos ha dicho, pues, que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa Nacional y la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, estarán sumando sus esfuerzos para unificar la información, pero lo que entendimos es que se van a subordinar todas las entidades anteriores a la primera.

Y es que, según el Ejecutivo y el Fiscal, la enorme disparidad en las cifras le quita seriedad al país. Pero, según reconocidos expertos en el tema, es una solución peligrosa.

Esta misma preocupación por la coherencia interna y la infalibilidad de los datos oficiales, no se puede encontrar en materia de información sobre las desapariciones físicas, forzosas de civiles, a manos de los organismos estatales de seguridad o militares.

De acuerdo con la JEP, el órgano instituido para administrar la justicia transicional, son, al menos, 6402 los “falsos positivos” ejecutados desde el año 2002 hasta el año 2008. Por supuesto, hay voces que cuestionan la veracidad de esa información y dicen que las cifras de la Fiscalía son las que debieran atenderse. Cabe mencionar que, según la Jurisdicción Especial para la Paz, la cantidad de esta especie de homicidio infame y célebre está por encima de la cantidad registrada por la Fiscalía. Y es que la JEP aventaja a la Fiscalía por algo más de 4.000 casos. Tamaña incongruencia. ¿Qué habrá sucedido? Desde luego, el suscrito no puede decirle al lector la solución para este segundo caso de incoherencia en la información oficial suministrada.

Tampoco puede decirle al lector qué pensar sobre las relaciones entre civiles y militares. Se puede sospechar que la tarea de unos no debería volverse en contra de los otros; que, al contrario, su tarea principal es protegerlos. Pero, no es así. En Latinoamérica y, en especial en Colombia, las fuerzas que se instituyen para conservar el orden y proteger la sociedad civil son idénticas, o comparten muchos elementos con aquellas fuerzas empeñadas en diseminar la violencia y el terror. Se podría hablar de una historia latinoamericana, desde el estudio de la relación cívico-militar, en este sentido.

Así, la sociedad civil tiene que conformar una institución para que la proteja de sus protectores y, después, otra que la proteja de sus últimos protectores y, luego, otra para éstos últimos que, a su vez, requerirán de vigilancia que tendrá que ser prodigada por otro protector instituido, y así… Pero, no siempre tenemos tanta suerte y se alcanzan a organizar estructuras por fuera de las instituciones públicas que, aún con su colaboración o patrocinio, se las arreglan para imponer su régimen violento y sus aspiraciones. Atroz.

Algo de esto creí leer hace muchos años en una novela de Álvaro Cepeda Samudio, llamada La Casa Grande, que reconstruye, por medio de la ficción, la masacre de las bananeras (de la que, a propósito, nunca tuvimos cifras exactas, ni mucho menos unificadas). Uno de sus inolvidables diálogos, sostenido por dos soldados acosados por una ambigua sensación, dice lo siguiente:

-No te preocupes tanto ¿Tú crees que se acuerde de mí?

-En este pueblo se acordarán de nosotros; en este pueblo se acordarán siempre; somos nosotros los que olvidaremos.

Álvaro Cepeda Samudio es famoso también (quizá lo sepa el lector) por la frase publicitaria: “Sin igual y siempre igual”, utilizada para publicitar una bebida embriagante. Pareciera que, para publicitar nuestra historia nacional -esa especie de ebriedad- pudiera utilizarse la misma frase.