Por Jhoan Felipe López Castillo

Cordial saludo gobernador Roberto Jairo Jaramillo y Alcalde José Manuel Ríos.

Como es de su conocimiento, el 12 de febrero mediante Auto 033 de 2021 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Jurisdicción Especial de Paz -JEP- reveló al país la estrategia interna que guiará quizá el caso más aberrante de terrorismo de Estado que hayamos conocido en Colombia: las 6.402 ejecuciones extrajudiciales perpetuadas en el mandato del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Un crimen de lesa humanidad de las mismas proporciones que los crímenes de Adolfo Hitler en los campos de concentración nazi en Alemania y que triplica las cifras de los crímenes de lesa humanidad perpetuados por el dictador Augusto Pinochet en Chile.

En este contexto, se exponen 75 casos de ejecuciones extrajudiciales ejecutadas en el departamento del Quindío, el segundo departamento del eje cafetero -después de Caldas- con mayor número de crímenes de lesa humanidad bajo esta modalidad. Sin embargo, y pese a las obligaciones legales y constitucionales que ustedes tienen, aún no conozco sus reacciones como representantes -en la actualidad- del Estado a nivel departamental y municipal.

Quiero recordarles que en el 2010 el banco de datos de derechos humanos y violencia política del CINEP en su informe especial sobre ejecuciones extrajudiciales en el Quindío, sistematizó 56 casos entre el 2004 y el 2009.

En consecuencia, con respeto profundo por la dignidad de las víctimas y convencido de que la verdad nos liberará, les comparto este breve fragmento del informe, en el cual se exponen los casos de Edgar Camilo Moreno de 14 años y John Fredy Barrios de 23 años, ejecutados en el año 2006. Este caso sólo es uno de los miles que fueron cometidos en Colombia y uno de los 75 casos reportados en el Quindío.

“Edgar Camilo, residía y recolectaba café con su abuela en el corregimiento de Barcelona municipio de Calarcá. La víctima salió de su casa y no regresó, por lo que su familia se preocupó y decidió acudir ante la oficina de criminalística del CTI de Armenia (misma donde reposaba el acta de levantamiento) para reportar su desaparición. Fue visto por una vecina comprando cigarrillos a las 8:30 pm del día de su desaparición y luego fue visto con el administrador de la tienda; después en el barrio Playa Rica de Barcelona en compañía de Jhon Fredy a las 10:00 pm, donde llegó un carro oscuro, se bajó un señor y habló con ellos y se los llevó. Su familia acudió en repetidas ocasiones a Medicina Legal sin recibir información alguna sobre su ser querido. De igual manera acudieron diariamente a medicina legal, en donde se les negó la entrada argumentando que los únicos cadáveres que allí se encontraban eran los de dos guerrilleros de edades de 17 a 23 años. Finalmente buscaron información en el Batallón de Servicios con sede en Armenia, donde se enteraron del reporte de 2 “guerrilleros dados de baja en combate” y enterrados como NN el 3 de enero del 2007, uno de los cuales presentaba características físicas similares a las de Edgar Camilo. Tras largos trámites se logró la exhumación de los cadáveres en febrero del 2007. Al lado del cuerpo de Edgar Camilo reposaba la ropa con que salió de su casa la última vez que lo vieron con vida (jean y camiseta del América de Cali), a su lado reposaba el cadáver de John Freddy Barrios, de 23 años de edad y también residente en Barcelona quien jugaba fútbol con Edgar Camilo. Según el ejército los jóvenes eran guerrilleros del frente 50 de las FARC dados de baja en un enfrentamiento en cumplimiento de la operación “Dinastía” y afirmaron que los militares fueron atacados mientras patrullaban el sector y que a las víctimas les fueron incautadas dos armas cortas y una granada de fragmentación. Posteriormente el teniente Coronel Antonio Rodríguez Herrera, comandante del batallón Cisneros, dijo a la prensa que la acusación inicial fue una “impresión”, que no se trababa de guerrilleros sino integrantes de “bandas de delincuencia común” (CINEP, 2010, pág. 13).

Así pues, tenemos una historia que ha sido borrada en el relato oficial en el departamento sobre lo sucedido en el marco del conflicto armado, historia que poco a poco irá saliendo a la luz gracias al Acuerdo de Paz firmado en el 2016. Por ello, los invito a un acto de grandeza, a sentar públicamente su posición frente a estos macabros hechos y a viabilizar las condiciones necesarias para la consolidación de una política pública para la reconciliación y para la implementación integral del Acuerdo de Paz en nuestro departamento.

Como lo dijo recientemente el historiador Gonzalo Sánchez, “Aterradora revelación de esta guerra degradada. Las verdades que brinda la paz duelen, pero son las que estábamos esperando.” Así pues, cuenten con nuestra activa participación en la definición de la política de paz y reconciliación, así como lo hemos venido haciendo desde el ejercicio activo como sociedad civil organizada.