Por Nicolás Echeverri

Armenia se encuentra inmersa en una discusión similar a la de la valorización años atrás, por cuenta del proyecto de actualización catastral.

Hacia el 2014 se le daba vida al polémico acuerdo N°020 con total anuencia del Concejo Municipal, para ejecutar recursos que harían posible a “Armenia más Ciudad”, una campaña política en cabeza de quien se quedaría con la alcaldía para el período 2016 – 2019 en sucesión de su mentora, ambos procesados por la justicia actualmente. Con el pretexto de unas obras necesarias, embarcaron a la ciudad con mayor desempleo en el país por varios años consecutivos, al cobro para el financiamiento de su construcción, de lo cual hay claridad sobre 4 obras de 12 que inicialmente propusieron. Esto, con los sobrecostos, modificatorios, adiciones presupuestales y acciones de cumplimiento que ha conllevado.

Para entonces, se hablaba de la actualización catastral, un instrumento que invariablemente debía aplicarse porque el nuevo impuesto modificaría el Estatuto de Rentas, llevando a que el predial unificado incluyera los sectores que pagarían la valorización. Hacia el 2016 se les atribuían funciones catastrales a los entes territoriales y es hasta ahora que se viene a discutir la puesta en marcha de un proyecto serio al respecto.

A Armenia le urge un catastro multipropósito en respuesta a sus necesidades de fortalecimiento fiscal, reclasificación de predios, uso de suelos, planificación estratégica con función social, ambiental y de reactivación económica, pero sobre todo urge una formalización de la conurbación que aún no ha sido constituida, pese a su existencia en el territorio. Hablo de un área metropolitana que permita la administración coordinada para planificar el desarrollo socioeconómico y urbanístico de casi 500 mil personas que se mueven hacia y desde la capital quindiana. El Estado reconoce oficialmente esta área, pero nuestra clase política ha retardado la discusión.

Algunas empresas que han sacado provecho del clientelismo y la insipiencia de nuestro desarrollo territorial estarán en desacuerdo con este tipo de iniciativas, como sucedió en el año 2004 cuando se perdió la consulta popular. Lo cierto es que a causa de no existir formalmente un área metropolitana, el Quindío se ha visto rezagado en indicadores como el acceso universitario, empleo, emprendimiento, movilidad y transporte, seguridad jurídica, por nombrar algunos. Nunca había sido tan pertinente una discusión sobre el ordenamiento de una ciudad que va más allá de las fronteras municipales en su perspectiva de crecimiento.

El doble carril Armenia El Edén, la vía La Tebaida Montenegro y las anunciadas avenida Los Guayacanes y doble calzada Calarcá – Armenia – Montenegro – Quimbaya, son una oportunidad importante para gestionar proyectos de interés estratégico nacional que contemplen modelos de transporte intermodal de carga y pasajeros. El túnel de la línea no servirá de nada si no se articula con el Tren del Pacífico, que es la garantía para que el flujo del puerto más importante con la capital del país pase por el Quindío y Armenia. Este tipo de proyectos no se logran sin una perspectiva de desarrollo territorial amplia, más parecida a las áreas metropolitanas según lo dispuesto en la Ley 1625 de 2013, o como sucede en Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, entre otras.

Ya son bastantes las áreas suburbanas de estrato alto construidas en los denominados pequeños y medianos agropecuarios de Armenia, que además tienen un gran potencial turístico. No obstante, la importancia del ordenamiento de estas zonas no se reduce a definir su utilidad fiscal, como parece buscarse hoy, así se pierden valores estratégicos esenciales para un plan de generación de riqueza.

Nuestros mandatarios deberían estar pensando en un catastro no sólo con el propósito de un recaudo predial, sino con el de darle pie a un área metropolitana inteligente, conectada a través de redes de transporte intermodal, ligada al desarrollo socioambiental, económicamente sostenible y competitiva. Preocupa que el centro de la discusión sea la celeridad con la que los concejales de forma unánime, como sucedió con la Valorización, den pie a vigencias futuras de un recurso abultado que bien puede terminar en más burocracia y corrupción, como también sucedió, mientras se dejan de lado las decisiones cruciales de ciudad.

Por Nicolás Echeverri Marín