Rubén Sánchez David

Profesor Universidad del Rosario

La renuncia de Iván Duque a continuar con la reforma tributaria de Carrasquilla fue un llamado a calmar los ánimos en la calle, pero ni esta decisión ni la renuncia del ministro de Hacienda ha conseguido que regrese la normalidad al país y el presidente vive momentos de zozobra, agobiado por sus fracasos y el malestar social que genera el incesante asesinato de líderes sociales. Puede decirse que, aunque culmine su período presidencial, su mandato llegó al final. En realidad, la reforma fiscal fue lo que provocó las protestas, pero la causa profunda de los hechos que alarman a la mayoría de los colombianos son la angustiosa situación por la que atraviesan, agravada por la pandemia, y el degaste de una democracia formal que les da la espalda.

En el gobierno de Duque todo ha ido de mal en peor a causa de una falta de visión de futuro. Tres años culpando de todos los males del país a la administración de su antecesor, empeñado en enterrar la justicia transicional y remplazarla por “paz con legalidad”, en privilegiar la imagen para maquillar las promesas incumplidas y en desconocer la responsabilidad de los errores cometidos escudándose en situaciones adversas como la pandemia. Un gobierno desconectado de la realidad, obsecuente con los poderes fácticos, conservador y con tendencia a reducir todo conflicto social a la existencia de agentes terroristas vinculados con el narcotráfico. Un Ejecutivo en crisis afectado por la oposición de algunos miembros de su partido y la creciente desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.

Según datos del DANE, la pobreza en el país, que en 2019 era de 17,4 millones de habitantes, subió a 21,2 millones en 2020, es decir, el 43% de la población total. Así mismo, y según la misma entidad, alrededor de 1.700.000 familias – 6.800.000 personas – no tiene ingresos suficientes para las tres comidas diarias, muchas de ellas impedidas de tener un trabajo continuo por el confinamiento decretado por las autoridades para impedir la propagación del Covid-19. Y en esta dramática situación se presenta un proyecto de reforma tributaria que recarga el peso de la tributación en las rentas de trabajo y sobre las personas naturales, lo que hace estallar la olla de presión. No pudo escogerse un momento más inoportuno.

El paro nacional que se había anunciado desde noviembre de 2019, cuando la pandemia interrumpió la movilización emprendida por la clase trabajadora, venció el miedo a la nueva embestida de la pandemia que se anuncia.

Las protestas, en su mayoría pacíficas y convocadas desde las redes sociales, han convocado a una población joven y a las capas trabajadoras de una clase media amenazada por el proyecto de reforma tributaria que buscaba tapar el hueco fiscal con nuevos impuestos. Como era de esperarse, las movilizaciones derivaron en ocasiones en actos vandálicos de una violencia inusitada los cuales merecieron de Duque el calificativo de “terrorismo urbano de baja intensidad”.

El ministro de Defensa aseguró – sin pruebas -que los ataques contra la policía y las instalaciones oficiales, así como el incendio de autobuses y bienes inmuebles son acciones coordinadas por elementos infiltrados en las protestas, organizados y financiados por las disidencias de las FARC y el ELN.

La respuesta a las protestas de la ciudadanía ha sido el despliegue del ejército para contener los actos de vandalismo sin mayores resultados. Por el contrario, el grado de violencia alimentado por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía se ha incrementado, dando lugar a decenas de muertos y centenas de heridos, al punto de provocar un llamado de atención de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU y de la Unión Europea recordando el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

La actitud del Gobierno y un tuit escrito por Álvaro Uribe, borrado por la misma red social por contravenir sus normas, en el que apoyaba el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas en el marco de las jornadas de protesta ciudadana para defender su integridad no han ayudado a atenuar los ánimos.

No solamente el mensaje de Uribe atenta contra estándares internacionales que estipulan que la policía solo puede emplear armas de fuego como última opción para impedir una amenaza cierta contra su vida o integridad física, y que los soldados están entrenados para la guerra, no para la seguridad pública, como lo recordó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, sino que desconoce normas establecidas en la legislación colombiana. En efecto, es bueno recordar una sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Gobierno, en septiembre de 2020, expedir un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado con miras a la efectiva protección del derecho fundamental a la protesta pacífica, dando lugar a la expedición del decreto 003 de enero de 2021.

Según el artículo 3 del mencionado decreto, las actuaciones de las autoridades de policía en las manifestaciones públicas deben observar principios como obedecer a órdenes de los gobernadores y alcaldes como primeras autoridades de policía, garantía de respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales; respetar el enfoque diferencial a favor de personas como los menores de edad; tener presente la necesidad de proporcionalidad y el uso de la fuerza como último recurso, supeditado al marco constitucional, legal y reglamentario, previo diálogo y mediación.

Una de las explicaciones que se han dado para explicar lo manifestado por Uribe y el comportamiento de las fuerzas policiales expuesta por La Silla Vacía, ha sido la posible aceptación por parte de los mencionados de la teoría difundida por Alexis López, un neonazi chileno que ha sido invitado a la Universidad Militar Nueva Granada a dar charlas sobre su teoría de la revolución molecular disipada, inspirada en el texto de Félix Guattari “La revolución molecular”. López, quien tergiversa al filósofo francés, plantea que detrás de las protestas populares existe una intención de desestabilizar el régimen democrático mediante manifestaciones simultáneas y dispersas, sin una cabeza aparente; una revolución sin líder más difícil de controlar.

Iván Duque ha bajado la cabeza y ha dejado de lado su arrogancia tendiendo la mano a los manifestantes para frenar la violencia en las calles del país, pero el daño ya está hecho. El emisario del presidente, Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, ha ofrecido para apaciguar la crisis acelerar la vacunación, reactivar la economía y brindar educación universitaria gratuita a personas de bajos recursos, pero el asesinato de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad deja una impronta difícil de borrar de la mente de los colombianos que ya no confían en la administración de Duque con la cual no se identifican. Pronto se entrará en la dinámica electoral y pocos serán los que estén de acuerdo con las políticas del Gobierno. Poco que ganar y mucho que perder. Lo hecho y lo dicho pasarán factura.

Tomado de Revista Sur https://www.sur.org.co/siembra-vientos-y-recogeras-tempestades/