La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado 122 agresiones que han sufrido 141 periodistas y medios de comunicación en el cubrimiento del paro nacional (cifras del 28 abril al 9 de mayo).

Sin embargo, no se trata exclusivamente de la violencia física. La imposibilidad de acceder a información oficial, la estigmatización contra la prensa desde diferentes sectores, la limitación del flujo de información en redes sociales y la censura de contenidos de alto interés público son otras formas que atentan contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna.

Este grado de violencia sin antecedentes y el silencio por parte del Gobierno nacional y de las autoridades locales promueven la autocensura e invitan a que otras personas agudicen sus estrategias de control de la discusión a través de la criminalización de la expresión.

A pesar de que la FLIP y organizaciones defensoras de los derechos humanos y de organismos internacionales le han solicitado al Gobierno nacional tomar medidas sobre este problema, las autoridades nacionales no han emitido ningún rechazo público de los actos de violencia contra la prensa que cubre las manifestaciones.

Al tiempo que no se condenan estos ataques, algunas de las voces más visibles del Gobierno atacan abiertamente las fuentes de información independiente. El pasado 6 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del general Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, presentaron una campaña difundida a través de las redes sociales de las instituciones que encabezan, y dirigida en contra de lo que ellos denominan “terrorismo digital”. Estas autoridades repitieron de forma enfática que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando labores de terrorismo.

Esa campaña expone a los periodistas a un ambiente de autocensura, pues muchos terminan cortándose para evitar ser judicializados. La intención de la campaña exacerba la tensión que ya existe debido a la violencia dirigida.

El pronunciamiento del Ministerio tuvo efecto en varios portales de periodismo independiente que le han reportado a la FLIP que sienten temor, ya que sus publicaciones hacían eco de lo que ocurría en las manifestaciones sociales e informaban sobre actos de violencia por parte de la fuerza pública. Algunos periodistas le han hecho saber a la Fundación que optarán por la autocensura para evitar seguimientos, bloqueos o eliminación de contenido por parte de las autoridades nacionales.

Solicitudes
En la actual coyuntura de manifestaciones sociales, reiteramos las siguientes solicitudes:

1. La Procuradora General de la Nación anunció que investigará a los agentes del ESMAD por la violencia desplegada contra la prensa en Sibaté, Cundinamarca, el 6 de mayo. Esta investigación debe ampliarse a todas las agresiones en las que han participado integrantes de la fuerza pública contra la prensa.
   
   Solicitamos también a la procuradora general que haga un llamado público y urgente a todos los funcionarios públicos para que cumplan con su deber de facilitar información oportunamente e inicie investigaciones disciplinarias contra aquellos que no lo hagan.
    

2. Exigimos al presidente Duque y al ministro del Interior que emitan un rechazo público frente a los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.
   
   Además, les hacemos un llamado a que no utilicen las campañas contra la desinformación como herramienta para estigmatizar a la prensa y criminalizar la difusión de información. La FLIP reitera que las autoridades y figuras públicas no pueden estimular la censura. Su deber es canalizar las reclamaciones contra la prensa mediante los medios constitucionales que existen para expresar los desacuerdos.
    

3. Invitamos a los sectores promotores del Paro Nacional a que envíen un mensaje de respaldo al trabajo de las y los periodistas, y a que manifiesten sus inconformidades hacia los medios de manera respetuosa y sin atentar contra la libertad de prensa.
    
4. A las autoridades de orden departamental y municipal les solicitamos que entreguen una explicación pública y satisfactoria de los hechos que han provocado daños sobre la integridad de una persona en el contexto de las manifestaciones. En particular, insistimos en el pedido realizado hace unos días a los alcaldes de Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y Sibaté, en donde se han observado graves hechos de violencia en contra de periodistas que realizan cubrimiento de la protesta social.
    

Las jornadas de protestas sociales que se han llevado a cabo desde el 28 de abril han expuesto la vulnerabilidad y desprotección de los y las periodistas en el país. La libertad de expresión y prensa se ha visto gravemente afectada por el alto nivel de violencia que se ha vivido en Colombia en los últimos días. Es urgente que se implementen acciones diferenciadas para garantizar su seguridad. El trabajo de una prensa libre es un imperativo para salvaguardar el Estado democrático.

La prensa, el ejercicio periodístico y el libre flujo de la información ayudan a garantizar que la ciudadanía pueda conocer los hechos en las manifestaciones y pueda con ello ejercer un control sobre las instituciones del Estado.