Por Gilberto Zaraza Arcila

La supuesta lucha antinarcóticos que libran conjuntamente los gobiernos de Estados Unidos y Colombia es una farsa y un rotundo fracaso. Antes del auge del narcotráfico el país combatía el cultivo y la distribución de marihuana. A fines de la década de los setenta por las enormes utilidades, la lucha se direccionó a la persecución del cultivo de coca y la producción y distribución de cocaína. En 1999 se suscribió el Plan Colombia, una alianza estratégica para combatir el narcotráfico y en el que se han gastado $141.000 millones de dólares. El país aportó $131.000 millones, más de 30.000 muertos y decenas de miles de desplazados. Estados Unidos solo $10.000 millones y ningún muerto. Esa gigantesca cantidad de dinero se perdió, se fue por la alcantarilla. Si se hubiera destinado a inversión social, le habría dado educación y empleo a millones de jóvenes y no tendríamos el grave conflicto social que hoy vivimos.

Según la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, en 1986 existía en el país menos de 25.000 hectáreas sembradas en hoja de coca y se producían solo 15 toneladas de cocaína. En el 2000 alrededor de 140.000 hectáreas sembradas y se producían 175 toneladas. En el 2020 hay 143.000 hectáreas y gracias a la tecnificación se mejoró la producción alcanzando un total de 1.228 toneladas. Siendo mayor el aumento en la producción de cocaína, que la reducción en el área cultivada. En 1995 Colombia era el tercer cultivador de hoja de coca, desde el 2000 es el mayor cultivador, porque Bolivia y Perú disminuyeron notablemente las hectáreas cultivadas.

La política antinarcóticos no es sincera, ni seria, porque los dineros de la droga permearon todo el Estado. El “combate” contra las drogas es selectivo, porque concentra su lucha en el eslabón más débil de la cadena, e incumple el compromiso de la sustitución de cultivos establecido en el acuerdo de paz. La cruenta guerra entre paramilitares y guerrilla que obligan a campesinos e indígenas a sembrar coca so pena de muerte, y por el control de cultivos y rutas, está dejando un baño de sangre, desplazados e inseguridad en el pacifico y el sur del país.

Para mostrar resultados solo persiguen a los campesinos que siembran la planta, a través de la nociva fumigación con glifosato (considerado por la OMS sustancia peligrosa para la salud), o con erradicación manual forzada, enfrentada con represión y violencia. O con persecución a los distribuidores de microtráfico y con expropiación o demolición de humildes predios, donde la distribuyen. Mientras los laboratorios y las fincas donde se producen los grandes embarques de toneladas con destino a Estados Unidos o Europa, no son expropiados y gozan de la complicidad o mirada indiferente de las autoridades, porque el dinero del narcotráfico infiltró la policía y al gobierno.

Tampoco se combate el comercio de los precursores químicos, sustancias indispensables para la producción de la cocaína y que vienen del exterior. Por bienestar y economía se debe preferir la erradicación manual que cuesta alrededor de $40 millones por hectárea; que la nociva fumigación con glifosato que cuesta $72 millones por hectárea. Al día de hoy se han perdido más de 100 billones de pesos en inundar de glifosato los campos, causando un enorme daño a la salud y al medio ambiente; mientras el lucrativo negocio sigue creciendo.

Según declaraciones del sicario “Popeye”, Álvaro Uribe cuando era director de la Aerocivil, le dio licencia para pistas clandestinas a Pablo Escobar y otros narcotraficantes, desde donde enviaban toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Estuvo incluido con el número 82 en la lista de la DIA, Agencia de Inteligencia de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, que incluía personas con vínculos con el narcotráfico. Siendo presidente sus dos jefes de seguridad de la presidencia, los generales Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo fueron condenados por vínculos con el narcotráfico. Y los vínculos de Uribe y Duque con Samuel Niño Cataño, piloto del cartel de Sinaloa, aportante a sus campañas y quien era el piloto oficial de la campaña de Duque y también transportaba a Uribe, como se ve en las fotos que son virales, demuestran su relación con esta actividad delincuencial.

Estas evidencias demuestran que este es un Estado narcoparamilitar, donde existe un contubernio entre los grandes narcotraficantes, los paramilitares y los gobernantes para la toma del poder y su enriquecimiento ilícito. Gracias a esta alianza ilícita han sido elegidos varios presidentes (Samper, Uribe y Duque) varios gobernadores, alcaldes y congresistas. Uribe y Duque aparecen en fotos con el mafioso José “el Ñeñe” Hernández que pagó la compra de votos para la elección de Duque, según audios de Claudia Daza con este narcotraficante. Este gobierno nombró embajador a Fernando Sanclemente, al que le encontraron 3 laboratorios de cocaína en una de sus fincas. Desde el aeropuerto Guaimaral base antinarcóticos de la policía salen avionetas cargadas con media tonelada de cocaína. La vicepresidenta con vínculos con el Narcotraficante Guillermo Acevedo, alias “El memo fantasma”. Pero el complaciente gobierno norteamericano no los ha solicitado en extradición.

Como el gobierno colombiano es clasista, considera sus relaciones con el narcotráfico como simples tragedias familiares”, pero en las clases bajas son repudiables delitos de traquetos o expendedores de microtrafico que deben ser judicializados. En esta sociedad de doble moral, esos dineros son buenos para los estratos altos y son lavados a través de actividades empresariales o recibidos en el sector financiero, pero son perseguidos en los estratos bajos, porque son dineros ilícitos.

Ante el fracaso de la lucha contra las drogas, el Estado colombiano debe darle trato de problema de salud pública y proceder a legalizar la marihuana y la cocaína; como han hecho 16 estados en USA, legalizando la marihuana para uso medicinal o recreativo. Con lo que ha generado ingresos de 86.000 millones de dólares anuales, decenas de miles de empleos y disminuido la delincuencia alrededor del negocio. Si sus terrenos fueron aptos para el cultivo de la coca ya la estarían cultivando y la habrían legalizado. A pesar que son los mayores consumidores de drogas, no persiguen a los adictos, ni a los distribuidores, ni a los capos norteamericanos que compran las toneladas que le envían desde Colombia y México.

La Marihuana y la coca tienen benéficos usos medicinales y no matan, lo que ocasiona miles de muertes es el delito conexo al tráfico de la cocaína. Hace mayor daño a la salud el azúcar que produce 17.000 muertes al año por diabetes y más de 100.000 por obesidad; y no está prohibida. La legalización en vez de darle gastos, desincentivaría el negocio, y le permitiría obtener al Estado miles de millones de dólares.