Por Aura Marlene Ríos Chaparro

Trascurridos treinta años desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, se le han realizado 56 reformas, es decir, “una y media por año”, como diría el exmagistrado Armando Novoa. Sin embargo, a pesar de las múltiples modificaciones al ordenamiento superior, la situación del país no ha cambiado radicalmente, en comparación con el escenario vivido 30 años atrás. La carta política del 91 fue divulgada en medio una sangrienta guerra sostenida entre el Estado colombiano y los narcos más temidos de la época, como fue el caso de Pablo Escobar, con el cartel de Medellín.

Para 1991, era yo una niña, vivía en mi tierra natal, Monguí, el pueblo más lindo de Boyacá, cursaba cuarto año de primaria; entre tanto, en la capital del país, debatía la Asamblea Nacional Constituyente en medio de la guerra planteada por el narcotráfico. A pesar de mi corta edad, no desconocía la crisis del momento, en casa vivíamos con mi abuela paterna, a quien le gustaba mantener informada, razón por la cual prendía la radio todos los días a las 5:00 a.m.; mientras despertaba a sus nietas para ir al colegio, escuchaba las noticias de RCN, dirigidas por Juan Gossaín, que además de informar sobre atentados, muertos y emboscadas guerrilleras, comentaba algunos debates de la Constituyente, los cuales recuerdo como si fuera hoy. La aprobación del divorcio causó mucho revuelo en la mente de mi abuela, una señora de 66 años en ese entonces, muy conservadora, incapaz de concebir que el matrimonio podía llegar a ser para un rato, nada más.

Crecí escuchando Rock en español, aún lo escucho, me gusta. Entre tantas canciones, una de Andrés Cepeda, “Mi Generación”, que, aunque no es la mía, dado que Cepeda es del 73; la letra narra los tiempos vividos en la juventud de aquel, con la cual me identifico en parte, “…y las bombas reventaban, mientras tanto redactaban, una gran Constitución…”. Así fue, mientras se concretaba el proceso Constituyente de 1991, el cartel de Medellín aterrorizaba al país con múltiples atentados; cada noche en ciudades como Bogotá o Medellín, detonaban bombas cargadas de dinamita. Ese grupo narcoterrorista también asesinó a diferentes dirigentes políticos, secuestró y acabó con la vida de varios periodistas de diversos medios de comunicación.

Recapitulando, del oscuro panorama vivido en la década de los 80, nació el proceso constituyente de 1991, que finalizó con la Constitución actual. Surgieron entonces, una serie de derechos y garantías que no tenía previstas la Constitución de 1886, inclusive la creación de entidades encargadas de la protección de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo. Dado lo anterior, pasamos de ser un Estado de derecho, a un Estado social de derecho, organizado como Republica descentralizada, con autonomía, fundada en la dignidad humana, el trabajo, el respeto y la “prevalencia del interés general”, por lo menos, eso dice el artículo primero.

Ahora bien, a pesar de las múltiples reformas, la mayoría de los principios antes relacionados se quedaron simplemente enunciados en la Constitución, como es el caso del “interés general”, razón por la cual, considero que 30 años después, vale la pena cuestionarse sobre la aplicación de dicho principio, por ejemplo: el Congreso de la República, ¿legisla pensando en el interés general?, las 56 reformas constitucionales, ¿se efectuaron para el interés general?, el impuesto del cuatro por mil, ¿fue creado pensando en el interés general?, el UPAC, que dejó sin vivienda a la mitad de los colombianos en los años 90, ¿fue para el interés general?, los hurtos de Reficar, Hidro Ituango, Electricaribe, Odebrecht, entre muchos otros, ¿también fueron para el interés general?

Por fortuna desapareció Pablo Escobar, pero el narcotráfico continúa, tal vez más fortalecido que antes; no detonan bombas con dinamita cada noche, en cambio, la corrupción desangra al país excesivamente, causando más daño que los mismos actos terroristas de los extintos narcos. Así las cosas, mientras sigamos pensando que la solución está en reformar la Constitución, seguiremos viviendo en el mismo país tercermundista, ignorante, empobrecido y en decadencia.

A propósito del interés general, en estos días el portal periodístico “El Expediente” publicó una noticia donde se habla de una millonaria cuenta secreta del expresidente Juan Manuel Santos en el banco del Vaticano, en el instituto para las obras de la religión, entidad que al parecer está bajo investigación desde el año 2010, por operaciones relacionadas con un posible lavado de activos por parte de exmandatarios de la región. Ojalá se pueda verificar la veracidad de lo ocurrido, en todo caso, de ser cierto, se espera que el expresidente haya abierto esa cuenta pensando en el “interés general”, en homenaje al décimo tercer aniversario de la Constitución de 1991, que hizo tanto énfasis en dicho principio.

Para recordar: “Para un país y sus habitantes resulta muy difícil evolucionar y construir un futuro mejor si no conocen su historia en profundidad.”