Por Jhon Fáber Quintero Olaya

No fue suficiente, para algunos, promover cadenas perpetuas contrarias a la Constitución. Era más sencillo tramitar un proyecto de Acto Legislativo, con Ley abordo, para que la Corte Constitucional la declarará inexequible. No era una cuestión de la Presidencia o el Congreso, sino los jueces quienes se oponían a un castigo efectivo de violadores de niños, niñas y adolescentes. Réditos políticos sacrificando a los jueces. Una valiente justicia tenemos en Colombia que sobrevive a tan macabra villanía.

Ahora el caballito de batalla es la seguridad. Decir que son los operadores judiciales los responsables de la percepción de caos en la convivencia es la forma más sencilla de eludir la responsabilidad que asiste tanto a la fuerza pública como a la Fiscalía General de la Nación y al Ejecutivo en la definición de una adecuada política pública de seguridad. La Alcaldesa de Bogotá salió a decir que “si los jueces siguen sin tener compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación”. En el mismo sentido, el Ministro de Justicia, sí de Justicia, sin sonrojarse dijo ante un medio de comunicación que los jueces y fiscales “no deben ser tan exegéticos y apegados a la norma, si hay suficientes elementos para capturar a alguien”.

Olvidan los mencionados funcionarios públicos que el cumplimiento de la Ley no es facultativo y que la obligación de los jueces es precisamente aplicar en forma expresa el ordenamiento jurídico. La libertad como derecho fundamental sólo puede ser restringida excepcionalmente, cuando se presentan las circunstancias que establece el Legislador para la prosperidad de una medida de aseguramiento. No es el juez quien investiga, sino la Fiscalía General de la Nación. Tampoco es el funcionario judicial quien recauda las pruebas, sino el Fiscal en coordinación con la policía judicial.

El juez decide, de acuerdo con los elementos de prueba que son presentados por las partes. Es decir, si se exhibe por parte de los litigantes del Estado una investigación sólida y se demuestra la procedencia de una detención preventiva, así se declarará por el operador judicial. ¿Quién falla entonces cuándo una persona queda en libertad por ausencia de elementos materiales de prueba para su privación?

Las deficiencias se presentan en las labores de indagación e investigación y, por ende, es el Fiscal General de la Nación, quien debe revisar los procesos y procedimientos que se adelantan por sus delegados en los diferentes departamentos del País. No es acribillando a los jueces, que únicamente cumplen con su labor, como se va a lograr una Nación más segura. La judicatura no es cómplice de la impunidad simplemente por decidir lo que en derecho corresponde. Este argumento que está haciendo carrera en la opinión es demasiado peligroso y genera una inconveniente e ilegitima presión sobre la independencia y la autonomía judicial.

El Ejecutivo en todas sus esferas también debe reforzar la seguridad a partir de políticas y programas de prevención y reacción efectiva. Los consejos de seguridad y de orden público deben permitir la toma de medidas oportunas para evitar hurtos, homicidios, entre otras conductas punibles de ocurrencia cotidiana. Este diálogo interinstitucional es fundamental para la disuasión y prevención del daño colectivo.

Sin embargo, la prevención es corta cuando la necesidad es grande. Por ende, la generación de políticas de empleo, de educación y, en general, de una adecuada redistribución de la riqueza permitirá una mejora correlativa en la seguridad. Es responsabilidad del Estado, concretamente del Ejecutivo y el Legislativo, brindar los espacios necesarios para que la reactivación económica, el trabajo, la educación y la salud beneficie a los menos favorecidos. Un fuerte programa social puede ser más efectivo en términos de seguridad que el frecuente y antitécnico aumento de penas.

Es sobre estos últimos tópicos que candidatos, mandatarios y ministros deben discutir. No se debe poner a la justicia como chivo expiatorio de una campaña política, sino que es perentoria la asunción de responsabilidades y de determinaciones que orienten con mayor éxito los destinos sociales. Los jueces no son ejecutores de políticas públicas, sino rectores de un proceso que depende de la fortaleza dialéctica presentada por las partes.

Se debe rechazar el maltrato del que han sido víctima los nacionales presuntamente implicados en la muerte del Presidente de Haití. Los derechos humanos son irrenunciables y no es posible que ante esta denuncia el Gobierno Colombiano se quedé inerme, máxime, si la justicia norteamericana anuncia la necesidad de investigación al más alto nivel en este país caribeño.