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Región  |  17 octubre de 2021  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Trabajadores de oficinas registro y Superintendencia de Notariado y Registro contemplan paro

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Este viernes 15 de octubre se conocerá la hora cero para la movilización nacional de los trabajadores de las oficinas de registro y de la Superintendencia de Notariado y Registro, en reclamo a unas mejores condiciones laborales, pero también en busca de poder optimizar el servicio que favorezca a la comunidad.

En las últimas horas se convocó a una votación de los funcionarios para conocer su opinión sobre la crisis que señala el presidente nacional del sindicato Sintranore, Dehiby Jovany Villamizar, se está viviendo en el interior de la entidad y que afecta tanto a funcionarios como a usuarios y así poder determinar las acciones a seguir.

En entrevista conhttp://www.elquindiano.com Villamizar señaló que son tres grandes cosas las que vienen generando inconvenientes en el funcionamiento de las oficinas de registro de todo el país y que pese a que el gobierno nacional ya tiene conocimiento de ello no se ha tomado ninguna medida.

“Todo parece indicar que hay un interés de deslegitimar el servicio para justificar una posible privatización en busca de favorecer los intereses económicos de privados”, expresó.

Dijo que en síntesis se están pidiendo tres cosas, la primera es retornar la prestación del servicio público registral a las oficinas de registro, es decir, que se expida el certificado de tradición y libertad y consultas de índice en estas y que se retorne la radicación de documentos a los funcionarios de la oficina de registro y no a las notarias como pretenden y lo están haciendo a través de un aplicativo.

“En segundo lugar, pedimos el nombramiento para las vacantes, pero tiene que darse en las oficinas de registro que es donde está la necesidad más grande, buscar acelerar la ampliación de la planta, que realmente se determine la necesidad de personal y se realicen esos contratos que son misionales como los de línea de producción”, agregó.

Sostuvo que lo tercero es brindar unas condiciones de infraestructura y laborales, pues denuncia que hay oficinas que no tienen agua potable desde hace tres meses y algunas en la Costa, con clima caliente, que no tienen aire acondicionado, así mismo hay otras con goteras y grietas donde se está trabajando en condiciones deplorables.

“Esto no es nuevo, es algo que viene de mucho atrás y que se está agravando, donde las oficinas de registro están en un nivel crítico en el que no habían estado antes, con un nivel de atraso en el registro de documentos, falta de recursos y la mala prestación del servicio que han impactado mucho a la comunidad, a las constructoras y a los bancos”, precisó el presidente de Sintranore.

Reveló que es por ello que en este momento la imagen que tienen los trabajadores de las oficinas de registro no es la mejor, pero que la culpa no es de las oficinas de registro ni de los trabajadores, sino que es culpa del gobierno.

“En las últimas cuatro semanas han venido saliendo a flote unos escándalos que en su momento nosotros como sindicato los denunciamos y uno es por ejemplo el monopolio, la tercerización que se dio de la expedición del certificado de tradición y libertad, algo que por ley las oficinas de registro y el gobierno nacional deben garantizar, así como la expedición de consulta de índices y el registro de documentos, pero desde los años 2017 y 2018 para favorecer a unas familias, entre ellas a la del ministro del Interior Daniel Andrés Palacios Martínez y otras que a través de pasarelas han tercerizado la expedición de los certificados de tradición”, destacó.

Dijo que ello afecta al ciudadano que podría asistir a la oficina de registro o a través de un canal virtual para acceder a su certificado de tradición y libertad a la tarifa actual que son $17 mil pesos presenciales o si es virtual le hacen un descuento en el servicio, sin embargo, lo están obligando a usar estas pasarelas de pago que incrementan en $5 o $6 mil pesos el valor.

“De esta manera también se viene dejando en manos de privados como las notarías la radicación de los documentos y eso es otro servicio misional que según la ley tiene que estar en manos del Estado y debe ser prestado por funcionarios públicos para lo que el gobierno debe garantizar el personal suficiente y los recursos necesarios para que sea de manera óptima”, añadió.

Agregó que en este sentido el recurso que se recauda a través de las oficinas de registro debería ser según la ley para prestar un buen servicio al ciudadano, lo que significa entregar en los tiempos que establece la ley, que es un máximo de cinco días, ojalá menos, con una calidad excelente los documentos, pero para este se necesita infraestructura, personal humano y condiciones laborales.

“De lo que nosotros recaudamos el 72% se va para otras instituciones y solo le dejan el 28% a la entidad para prestar el servicio y ello se refleja en por qué al ciudadano se le están demorando los documentos y por qué no se están expidiendo certificados de tradición”, puntualizó Villamizar.

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