El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia vinculó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Avanza al proceso que sigue de restablecimiento como bien público del inmueble conocido como estadio Guillermo Jaramillo Palacio de Calarcá.

El Juzgado admitió la demanda presentada por el abogado Jesús Antonio Obando Roa, a través de Acción Popular, donde el demandante pide anular la Ordenanza 0025 del 3 de agosto de 2017, por medio de la cual se hizo la donación del estadio en mención y todo su terreno, que comprende un poco más de tres cuadras, a la Fundación Abrazar de Calarcá, cuyo presidente era para entonces el actual gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas.

El estadio fue construido en terrenos del departamento del Quindío, en un periodo mayor a 20 años, con dineros provenientes de los denominados ‘Auxilios Parlamentarios’, tramitados por el exrepresentante a la Cámara por el Quindío Guillermo Jaramillo Palacios (+), padre del actual gobernador. En el entendido de que los terrenos eran públicos y los dineros con que se hizo la infraestructura provenían igualmente del Estado, se colige que el bien terminado también era público.

Ya en el año 2001, el 25 de abril, La Contraloría General del Departamento del Quindío había proferido un fallo sobre la naturaleza de dicho bien, declarando que se trata de un inmueble público y ordenando a la alcaldía de Calarcá incorporarlo como un bien público del municipio. Lo que no se hizo por el entonces alcalde Eduardo Orozco Jaramillo. Otros alcaldes que le siguieron tampoco asumieron esta responsabilidad legal.

Sin embargo, el bien fue ocupado, con la anuencia de la propia alcaldía por la Fundación Abrazar, para una bonita obra social de atención a personas con discapacidad física y mental. En el año 2007, y después de más de una década de ocupación del bien por parte de Abrazar, la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante presentó ante la Asamblea Departamental el Acuerdo por medio del cual daba en donación este bien pública a Abrazar, lo que fue aprobado por todos los diputados, sin tener en cuenta el artículo 355 de la Constitución Política que prohíbe a las ramas u órganos del poder público decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

Con este argumento, contenido en la prohibición constitucional, el abogado Obando Roa trata, a través de la Acción Popular, restablecer el estadio Guillermo Jaramillo Palacio como un bien público del municipio de Calarcá, y ‘arrancarlo’ de las manos de la Fundación Abrazar que, a propósito, tiene arrendada parte de su área deportiva a un club de fútbol.

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Avanza, su vinculación se da porque en el 2017 hizo un crédito hipotecario a Abrazar por $20 millones de pesos, teniendo como garantía el bien inmueble en cuestión, que ahora aparece con la anotación de hipoteca en favor de Avanza, en la Oficina de Registros Públicos.

En medio judiciales se comentó la posibilidad de abrir investigación a los diputados y a la exgobernadora Arbeláez Escalante, en caso de prosperar la Acción Popular impetrada por el señor Obando Roa.