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Columnistas  |  27 octubre de 2021  |  12:00 AM |  Escrito por: Gilberto Zaraza

SIN GARANTIAS ELECTORALES

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Gilberto Zaraza

Gilberto Zaraza Arcila

Con la suspensión de manera inconstitucional del parágrafo del artículo 38 de la ley estatutaria 996 de 2005 sobre garantías electorales, por medio de un mico en la ley ordinaria de presupuesto, en la que no hay unidad de materia; se le da un golpe demoledor a la democracia porque se genera inequidad en la competencia electoral. Modificar en vísperas de elecciones las reglas de juego para favorecer el partido de gobierno, a los gobernantes y poderes políticos regionales, y perjudicar a los partidos minoritarios o de oposición, es ilegal, inmoral y antidemocrático.

Con esta decisión la clase política demuestra el miedo a perder el poder en las próximas elecciones, ante la indignación ciudadana frente a la corrupción y a un vergonzoso congreso que vendió su independencia, legisla en beneficio propio y de las élites del país, y en contra de los intereses de la mayoría de colombianos, como la de expropiarle sus cuentas de ahorro y corrientes que no muevan en el último año.

Sin la ley de garantías, que prohibía la celebración de contratación directa y los convenios interadministrativos dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones; se institucionaliza la compra de votos, el clientelismo y el fraude electoral. Ahora, el abuso y el descaro de la contratación a dedo de miles de personas innecesarias, solo con el propósito deliberado de hacer proselitismo, el constreñimiento electoral serán la regla y no la excepción, para favorecer sus candidatos.

Con la ilegal actuación de los congresistas que votaron por su aprobación, podrían haber incurrido en pérdida de investidura, prevaricato y conflicto de intereses, según se desprende de las declaraciones de los parlamentarios Roy Barreras y Germán Navas Talero, quienes anunciaron demandas en tal sentido.

si no fuera suficiente con las nefastas y tradicionales prácticas de transfuguismo, trashumancia electoral, venta de avales, violación a los topes electorales en materia de financiación de campañas, violación a los límites en materia de publicidad, el constreñimiento, fraude y corrupción al sufragante, el voto fraudulento y su favorecimiento, alteración de resultados electorales, retención y posesión ilícita de cedulas, tráfico de votos, financiación de campañas con fuentes prohibidas, omisión de información de aportantes; todos estos delitos electorales, que no son denunciados, ni investigados, ni sancionados por la Registraduría, Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía.

Lo que permite consolidar el poder de los clanes familiares electorales que con dineros ilícitos de narcoparamilitares o contratistas, secuestraron los departamentos y las regiones del país, implantaron el nepotismo y manejan la administración pública como un bien privado, para su beneficio personal, el de sus amigos y su clientela política. A pesar de estar prohibido, gobernadores y alcaldes intervienen abiertamente en política, colocando toda la maquinaria clientelista de empleados y contratistas a favor de sus candidatos, convirtiéndose prácticamente en sus jefes de debate. Sin que la Procuraduría haga algo para impedirlo.

En vez de avanzar en la recuperación y consolidación de la democracia y la transparencia electoral, para recuperar la deteriorada imagen internacional por el historial fraudulento de las elecciones presidenciales, como ocurrió con Gustavo Rojas Pinilla, Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Y con los recurrentes fraudes regionales en las elecciones parlamentarias, como lo documentan muy bien en sus libros “Así se roban las elecciones en Colombia” de Gustavo Bolívar hoy senador de la república, y “Herederos del Mal” clanes, mafias y mermelada, de León Valencia y Ariel Ávila.

El escenario apunta a la consumación de un nuevo y monumental fraude electoral. Y así evitar el inminente triunfo por primera vez en la historia de un candidato que no es del establecimiento, como se vislumbra ante el lleno de las plazas públicas del candidato de la oposición Gustavo Petro.

La Corte Constitucional está a tiempo de impedir que se consume una elección ilegitima de congresistas y presidencial. Para eso debe solicitar a la presidencia del Congreso el envío inmediato de la ley en mención, para cumplir de urgencia y de manera preferente, con la competencia de efectuar la revisión de constitucionalidad a la suspensión de parte de la ley de garantías. Con el propósito de evitar un daño irremediable y la consumación de un hecho delictuoso; y que la revisión extemporánea no podrá resarcir.

En las próximas elecciones los ciudadanos con dignidad, tienen la obligación de salir a votar masivamente de manera libre y espontanea, para defender la democracia, castigar la corrupción y el abuso de poder de indignos congresistas, que no hacen control político, no aprueban las mociones de censura de ministros que incurrieron en violaciones a la ley y a la ética, y se convirtieron en verdugos de la mayoría de colombianos al aprobar leyes que atentan contra los derechos laborales, que se opusieron a la renta básica para las familias que aguantaron hambre en la pandemia, y no cumplieron con el mandato de 11 millones y medio de colombianos que aprobaron la consulta anticorrupción, que debió ser convertida en ley, para por solo mencionar algunas de las nocivas leyes o decisiones en contra del constituyente primario.

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