Durante la audiencia pública “Situación del Transporte Público Especial en Colombia”, el partido político Mira, le solicitó al gobierno nacional un plan de mejora para los cerca de 109 mil propietarios y conductores, que se han visto afectados por la gran cantidad de irregularidades que rondan al sector.

¿Qué es el transporte público especial? “Es la prestación de un servicio de transporte a un grupo específico de personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo determinable”

Durante varios meses hemos recibido denuncias en el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá que evidencian la crisis por la que atraviesa el sector, dicen los voceros del partido Mira. Las principales denuncias que les han llegado son las siguientes:

Varios conductores y propietarios afirman que para afiliarse a una empresa de transporte especial, deben conseguir los contratos y al momento de tenerlos solo reciben el 33% del negocio.

A otros, cuando compran sus vehículos, las empresas les dicen que ya vienen con un contrato de trabajo, pero al final la información es engañosa.

Varias personas se quejan por la falta de control de las autoridades, pues sus cifras no concuerdan, según el Ministerio de Transporte existen 1.523 empresas de transporte público especial terrestre en el país, mientras que para la Superintendencia de Puertos y Transporte, existen solo 927 empresas inscritas. Es decir un desfase de 596 registros.

Los conductores denuncian un fraude a la norma: Las empresas simplemente buscan demostrar ante las autoridades que sí tienen parque automotor propio como lo exige la ley, después de esto hacen un traspaso a quién compró el vehículo y le entregan la tarjeta de propiedad.

Comparendos sin fundamento, persecución vial, prohibición para transportar a sus familiares y cobros irregulares de las empresas, son algunos de los abusos de los que también se quejan los conductores y propietarios.

Posición dominante.

En estos momentos la normatividad le permite a las empresas de transporte especial tener una posición dominante, que puede ser usada de manera arbitraria para dejarles todos los riesgos y costos del negocio a los conductores y propietarios que necesitan del trabajo para subsistir y por ende terminan aceptando las condiciones que les propongan. “El Estado debe intervenir, tomar el control de este sector y eliminar completamente las inequidades, pues hoy la reglamentación vigente le da lo ancho a las empresas y concesionarios y deja lo angosto a los propietarios y conductores”, afirmó la concejal de Bogotá, Gloria Stella Díaz.

De 108.480 vehículos de transporte especial en el país, el 23,1% (24.981) no tienen trabajo. El Ministerio del Transporte le debe exigir a las empresas de transporte público especial, que el número de vehículos autorizados, sea igual al de los vinculados y al de los que se deben encontrar trabajando, afirmó el representante a la Cámara Carlos Eduardo Guevara.

Dignificar a los conductores

La bancada de Mira le propuso a las entidades competentes un plan de dignificación a los conductores donde se les permita el transporte de sus familias (hecho que está prohibido hoy), reconocer los pagos que por concepto de “cupos” han pagado a las empresas los propietarios si se quieren desvincular de ellas, acompañamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte a los operativos de tránsito de transporte especial para que se corrijan errores de procedimiento y arbitrariedades, consagrar en la normativa una participación en las utilidades para los propietarios de vehículos que afilien sus vehículos a empresas de transporte, emitir regulaciones que hagan efectiva la protección de los conductores y propietarios de vehículos afiliados a las empresas de transporte especial.