La Contraloría General de la República vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista.
En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación.
Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.
Precisamente una denuncia que recibió la CGR originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre.
El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato, particularmente en la inversión del anticipo.
Al momento de la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria del contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.
En visita que realizó un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada.
Igualmente, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Se encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.
También la obra inició sin el trámite de los permisos de ocupación de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal; además, tampoco está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.
La CGR vinculó a este proceso, como presuntos responsables fiscales, a:
-VÍCTOR MIGUEL RICARDO VEGA, en calidad de alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos.
-KEVIN RICARDO CALY, en calidad de secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.
-INTEC DE LA COSTA S.A.S, como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública, Esta vinculación opera con relación a la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por el CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 como anticipo.
-DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S., como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 -con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.
-WALTER DAVID SÁNCHEZ URZOLA, por su actuar como representante legal del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.
-COVILCO LTDA., integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría
-JAVIER JOSÉ PEREIRA AREIZA, integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría.
Vale recordar que la Contraloría ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido desde 2014 las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada al proceso de responsabilidad fiscal abierto por la pérdida de más $70 mil millones que recibió en calidad de anticipo por la ejecución de un contrato que suscribió con el MinTIC para llevar internet a colegios públicos rurales del país.
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