Por: Álvaro Mejía Mejía        

De conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política de Colombia, el presidente de la república será elegido por la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación entre quienes ocupen los dos primeros lugares.

Sin embargo, los partidos y movimientos políticos encontraron formas para crear, en la práctica, una vuelta previa que les permite recaudar sumas exorbitantes para financiar sus campañas electorales.

Las denominadas consultas partidistas e interpartidistas generan sobrecostos a la autoridad electoral, que está obligada a disponer del personal, los tarjetones, la logística y los medios necesarios que permitan la participación de los ciudadanos y el conteo de los votos que se depositen en esas jornadas electorales.

El apoyo que la Registraduría presta a los partidos y movimientos políticos durante sus consultas está sustentado en el artículo 6 de la Ley 1475 de 2011, que dispone que “La organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio”.

En pasada consulta, cuatro de los 12 partidos y movimientos decidieron realizar sus consultas, lo que le costó al Estado $70.000 millones de pesos. De estos recursos, $26.953 millones se destinaron a la contratación del kit electoral, la impresión de formularios de sello de urna (E-9), formularios para el listado de los sufragantes (E-10), material para elaborar las actas de instalación y registro de votantes (E-11), actas de escrutinio (E-14) para escribir las votaciones de cada elección, y sobres para depositar documentos electorales.

En esa oportunidad fue necesario instalar 30.000 mesas de votación ubicadas en los 1.102 municipios del país, para que los simpatizantes de cada partido o movimiento político acudieran a las urnas. También se requirieron $230 millones para la capacitación de los diferentes actores que participaron en las consultas.

La consulta del partido liberal costó 40 mil millones de pesos. La de Gustavo Petro y Carlos Caicedo y la de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez tuvo un costo de $33 mil millones.

Ahora se anuncia consultas partidistas de Colombia Humana, Partido Mira, Movimiento Alternativo e Indígena (Mais), Partido de la U, Movimiento Alianza Democrática Amplia, Cambio Radical, Unión Patriótica, Movimiento Político Soy porque Somos, Polo Democrático Alternativo, Colombia Justa Libres, Partido Dignidad, Partido Político Colombia Renaciente, Movimiento Alianza Social Independiente -ASI-, Agrupación Política en Marcha y el Nuevo Liberalismo. El catálogo de grupos significativos está conformado por Creemos Colombia (que respalda a Federico Gutiérrez), Colombia Posible (de Enrique Peñalosa), Vamos Pa’lante con Echeverry (del exministro Juan Carlos Echeverry), Colombia tiene Futuro (de Alejandro Gaviria) y País de Oportunidades (de Alejandro Char).

Cuando digo que dichas consultas le generan sobrecostos a la autoridad electoral hablo de recursos públicos, es decir, de los impuestos que ustedes y yo pagamos al fisco. Pero, el tema no para ahí, porque el Estado pagará el valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista.

Uno se pregunta qué sentido tuvo la consulta entre Gustavo Petro y Caicedo, cuando se sabía de antemano que el primero sería el ganador, como se sabe que lo volverá a ser en la próxima consulta del Pacto Histórico.

El tema es de dinero, y de mucho. El Estado termina pagándole a los partidos y movimientos por cada voto válido que obtengan en la consulta. Pero, además, lo volverá hacer en la primera y segunda vuelta presidencial. Así las cosas, esas campañas, o por lo menos las dos más votadas, tendrán triple pago del Estado, las otras, un doble pago.

La primera vuelta es para que todos los candidatos se presenten y de allí pasen a una segunda vuelta los dos más votados. ¿De dónde se inventaron una vuelta previa los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que financiar semejante exabrupto en una época de crisis económica?

¿La impotencia de esas agrupaciones de escoger sus candidatos tiene que ser pagada por una ciudadanía que padece las consecuencias económicas de la pandemia?

¿Por qué tienen que darse alianzas previas a la primera vuelta presidencial, como la Coalición de la Esperanza, la Coalición de la Experiencia, El Pacto Histórico, cuando deberían los candidatos que las integran someterse a la primera vuelta, para después, ahí sí, pensar en coaliciones o alianzas?

Los mecanismos internos de elección no deben ser financiados por el Estado. Esos son responsabilidad de los partidos y movimientos políticos. Esa forma de capturar recursos del Estado va en contra vía del artículo 190 de la Constitución Política de Colombia que solo establece dos vueltas para la elección del presidente de la república de Colombia. Y mientras tanto, la Corte Constitucional permanece silente e inmóvil.