Por Albeiro Caro Fernández
Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo
Corporación Nuevo Arco Iris
Apenas iniciaba el año 2022 cuando cuatro municipios del Departamento de Arauca (Arauquita, Fortul, Tame y Saravena) presentaron un nuevo drama humanitario. Los medios mostraron la noticia, inicialmente, como hechos de sangre y muerte de 23 personas, producto de un enfrentamiento entre integrantes del ELN y “disidencias” de las FARC conocidas como el Frente 10, Martín Villa. El medio digital Análisis Urbano (1) muestra que los muertos registrados en los cuatro municipios mencionados y en Cubará-Boyacá son 37. En estos asesinatos hubo, al menos, dos masacres. Hay, por lo menos 929 personas desplazadas por violencia, dos mil en riesgo de desplazamiento, diez personas amenazadas, dos secuestradas y cinco comunidades indígenas confinadas, en riesgo de desplazamiento. También, señala que existe cerca de 50 personas desaparecidas, según la Defensoría del Pueblo.
Una Comisión Especializada de la Fiscalía (2) reportó que en los hechos del 2 de enero ocurrieron ejecuciones sicariales contra 27 personas; fueron asesinadas en zonas rurales de los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita y de Cubará en Boyacá. Algunas de ellas, luego de ser secuestradas, fueron llevadas a Venezuela y, después de ser ejecutadas, sus cadáveres fueron traídos al lado colombiano; sus cuerpos fueron abandonados en lugares alejados de sus viviendas. Entre las personas asesinadas se cuentan dos mujeres, dos menores de edad y cuatro personas oriundas de Venezuela. Según ese informe, cuatro de las víctimas tenían antecedentes de presunta participación en el grupo residual Frente X de las FARC y otros cuatro figuraban como indiciados en las bases de datos de la Fiscalía.
En este contexto, se va generando un enorme drama humanitario, en medio de la pandemia, la restricción en el suministro de productos básicos y la zozobra a que está sometida la población a raíz de las ejecuciones, los enfrentamientos armados entre grupos, el asesinato y la estigmatización de líderes sociales desde el lado colombiano. Actualmente, 50 líderes sociales se encuentran concentrados en un refugio para prevenir riesgos de persecución y asesinato. Hay gran preocupación y zozobra por el reclutamiento forzado de un número indeterminado de menores de edad.
Las comunidades de los municipios de Fortul, Arauquita y Saravena e, incluso, de Arauca la capital del departamento, se han movilizado clamando por el cese del fuego y de la confrontación armada, por la apertura de corredores humanitarios y por la implementación de programas sociales. Han emitido mensajes desde sus organizaciones llamando a la protección de los derechos humanos.
Tal es el caso de los pronunciamientos de las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones campesinas agrupadas en Asonalca José Antonio Galán, el Movimiento Político de Masas de Centro Oriente, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-ANZORC. También, la Personería de Tame, la Comisión de Paz del Senado de la República y voceros de la iglesia han clamado por la protección de las comunidades, por el respeto al derecho internacional humanitario, así como por la atención de la problemática social relacionada con la precariedad, el desempleo y la pobreza que se traduce en hambre, deterioro de la salud y de la convivencia para las comunidades.
Como lo denunciaba Sonia López, integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y del Capítulo Centro-Oriente del Congreso de los Pueblos, en un foro internacional organizado por Wola, con el apoyo de El Espectador y difundido por Contagio Radio (3) el Gobierno Duque y sus tropas están más preocupados, en el marco de las Zonas Futuro, por proteger los campos petroleros; en especial, las zonas de la Isla del Charo en Saravena; Berilos Llano 38; La Paz el Campín en Arauquita, Proyecto AP Primavera que va desde el Oasis, La Reserva y la Esmeralda y el Proyecto Oro Prieto que va desde el Porvenir hasta La Primavera, también en Arauquita.
El gobierno Duque, como afirma León (4), se ufana ante los medios diciendo que ha invertido 1.8 billones de pesos en Arauca. Sin embargo, hasta ahora solamente ha ejecutado 507 mil millones. Además, casi un billón corresponde a la inversión en las vías nacionales La Soberana y la Ruta de Los Libertadores que comparten asignación de recursos con Boyacá, Norte de Santander y Casanare. Cerca de 200 mil millones se dedicaron a mantenimiento vial y mejoramiento de dos aeropuertos; 268 mil millones se establecieron para subsidios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción y 317 mil millones a Programas del Ministerio de Agricultura relacionados con créditos y asistencia técnica para la agricultura. No obstante, tal asignación de recursos empalidece frente a la desprotección de las comunidades y la problemática de violencia armada, situación que es imposible de maquillar y, prácticamente, anula todo lo anterior.
El gobierno no controla el territorio. Invierte en estaciones de Policía y los policías se dedican a cuidar las instalaciones y no recorren el territorio por temor de ser asesinados.
Arauca está afectado por problemas de violencia, desempleo y corrupción. El nivel de pobreza crece con la migración de población venezolana y con el desplazamiento por violencia
Como es de público conocimiento, el ELN tiene un nivel de control territorial en Arauca desde hace décadas. Como se sabe, la economía petrolera permitió al Frente Domingo Laín mantenerse por fuera de la dinámica de concreción de negociaciones y Acuerdos de Paz. La errónea conducción de las negociaciones por parte de los diversos gobiernos, los intereses partidistas, electorales, absolutizantes de la estrategia de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), más el esquematismo en la interpretación homogenizante del perfil de las diversas guerrillas ha impedido entender las características de los procesos de diálogo y negociación con una guerrilla federalista y presumiblemente, articulada a dinámicas comunitarias distintas a la lógica centralizada de otras agrupaciones caracterizadas por un mando único.
Al ser poder territorial, el ELN ha captado rentas provenientes de los recursos públicos mediante alianzas con políticos que, según la Fiscalía, datan de 1995 como los gobernadores Ricardo Alvarado Bestene (2016-2019) y el elegido para el período 2020-2023, José Facundo Castillo quien ya había ejercido dicho cargo entre 2012 y 2015. Dada la detención del actual gobernador, desde diciembre de 2020, ejerce por encargo del Gobierno Duque el General (R) Alejandro Navas.
Los problemas relacionados con delincuencia común y de justicia son controlados por los grupos armados ilegales; en especial, por el ELN que incide en la vida cotidiana de la gente y es la autoridad en el territorio. El nivel de desempleo del 12.5% registrado en 2021, seguramente crecerá en medio de la conflagración, así como la crisis de abastecimiento que afectará a las comunidades de los dos países.
Con el Acuerdo de Paz, hubo un relativo respiro y los diálogos iniciados con el ELN permitieron un interludio de calma. Los campesinos productores de cacao se dinamizaron y buscaron el posicionamiento nacional e internacional de sus productos, así como oportunidades en el turismo, además del cultivo de yuca y plátano, aunque en condiciones de precariedad técnica y financiera. No obstante, la ruptura de los diálogos con el Gobierno Duque y las tensiones generadas por la ruptura de relaciones con Venezuela llevaron al retorno de la incertidumbre y al drama humanitario predomínate en la actualidad. En este contexto, el ELN se va configurando como una guerrilla binacional, a la par que también, las llamadas disidencias de las FARC se van posicionando en territorios de los dos países.
Al respecto, es muy probable que la ruptura de relaciones diplomáticas y la hostilidad del gobierno Duque contra el gobierno de Nicolás Maduro, aunado a los intereses geopolíticos, dificulte la capacidad de comprensión y tratamiento político-social de este proceso de copamiento territorial por parte de grupos armados ilegales en ambos países.
La frontera colombo-venezolana tiene diferentes contextos de dinámica poblacional, comercial y de conflicto. La ausencia de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos complica el drama humanitario y facilita el control por parte de los grupos armados ilegales, a la vez que estimula la degradación de los tejidos sociales.
Desde 2017 ya operaban el ELN y grupos residuales de FARC en los Estados venezolanos de Bolívar y Amazonas, con actividades de explotación de oro, coltán y diamantes. También, en Colombia se ha mantenido la presencia de estos grupos en los departamentos de la zona fronteriza, en los llanos Orientales colombianos con incidencia en la minería ilegal, así como el control de rutas y zonas donde operan poderosos narcotraficantes.
La conflagración va dejando la secuela de muertes, despojo, desplazamiento de población, incluso, entre países, amenazas, confinamiento, afectación del abastecimiento de productos básicos; el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y la escalada de violencia sirve a la narrativa guerrerista para profundizar la degradación del conflicto, la lucha por el control territorial, de las rutas logísticas y de los recursos legales e ilegales.
Este es el caldo de cultivo de la guerra híbrida que se despliega en el territorio, en los medios y se atiza mediante propagación de mensajes cruzados que confunden a la audiencia internacional.
Las razones difundidas de manera simplista, a través de la prensa, insisten en que, supuestamente, una disputa por el control territorial y de rutas del narcotráfico, llevó a los enfrentamientos armados.
Otras versiones que profundizan en la problemática, según Indepaz (5), se refieren a otros elementos incidentes y determinantes:
El primero de estos, plantea que el reciente factor detonante fue el asesinato, presuntamente a manos del Frente Diez de las disidencias, de alias Álvaro Padilla Tarazona, uno de los comandantes del Frente Domingo Laín del ELN, conocido como “Mazamorro” cuya posible muerte ocurrió en la región del Nula, Estado de Apure en Venezuela. También, sin confirmar, se refiere el caso de José Noel Ortega, conocido como Cherry, Jefe de finanzas del ELN quien habría sido asesinado el 30 de noviembre de 2021 en la vía San Cristóbal, Sector Zigzag, en la Comunidad de la Espumada.
El segundo factor incidente consiste en acusaciones sin sustento, acerca de una supuesta alianza entre el ELN y el Ejército de Colombia. El Frente Diez, mediante comunicado expresa que el ejército ha desplegado la Operación Damasco II contra ellos, con el fin de desplazarlos de la zona. Por su parte, el ELN acusa al Frente Diez de ser quien tiene la alianza con el ejército.
El tercer elemento, se relaciona con la dinámica de operaciones encubiertas con apoyo del Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos y organismos de inteligencia que estimulan y aprovechan los enfrentamientos armados en la frontera; su finalidad es posicionarse dentro de la estrategia geopolítica regional. En tal sentido, la intervención de mercenarios contra jefes de las disidencias sirve a los propósitos de confrontación del gobierno Duque contra el gobierno de Maduro. Vale decir, que son bastante probables las dinámicas de penetración y cooptación de grupos armados ilegales para estos propósitos, dentro de la lógica de la guerra irregular y la degradación mayor del conflicto.
Un reporte del diario El Colombiano (6) publica afirmaciones de un desertor del Frente Diez, quien se presenta con el seudónimo de Nelson Sánchez y asegura que su Comandante en dicha disidencia recibió a 26 mercenarios equipados con armas de alta complejidad, generalmente, inaccesibles para una organización guerrillera, quienes se encargaron de los operativos para eliminar a los Comandantes de la Nueva Marquetalia, Romaña y el Paisa. Sin embargo, en una entrevista realizada para Revista Semana por Salud Hernández (7), cuyo contenido tiene ribetes de puesta en escena de un libreto sumamente calculado en dinámica actoral, entrevista al denominado Comandante Ernesto Devia Casanova del Frente Diez; éste niega dicha responsabilidad en los hechos y asegura que, incluso, Álvaro Padilla (Mazamorro), Comandante del ELN está vivo y activo en las operaciones del Frente Domingo Laín.
Según Jhoan Sebastian Cote de Human Rights Watch (8), otro factor incidente de la confrontación tiene que ver con discusiones entre el ELN y el Frente Diez, a raíz de extorsiones realizadas por esta disidencia de las FARC en zonas consideradas exclusivas del ELN. Además, hubo quejas y requerimientos de miembros de comunidades que solicitaban intervención del ELN, porque dicho Frente Diez estaba reclutando a muchos menores de edad. De parte de la disidencia había molestia por la inactividad del ELN en relación con los enfrentamientos que dicho grupo tuvo con las Fuerzas Armadas Venezolanas a comienzos del 2021. También, según el vocero de esta fundación, el ELN señala que el Frente Diez está muy involucrado en el negocio de la coca, tema que fue factor de confrontación armada entre esta guerrilla y las antiguas FARC EP entre 2006 y 2010, lo que dejó más de 800 civiles asesinados. Estos elementos se consideraron determinantes para la ruptura del acuerdo de no agresión que se había convenido desde octubre de 2017.
Desde una perspectiva más amplia de la problemática, la interpretación más adecuada se refiere a móviles complejos de ejercicio del poder y lucha por el control territorial, a lado y lado de la frontera. Son notables los vacíos de Estado, predominantes en la cotidianidad de una población binacional cuya vida transcurre movilizándose en dinámicas de relaciones familiares, de estudio, comercio y trabajo, sin distinción de país, pues es un solo territorio fragmentado por la ruptura de relaciones diplomáticas, los cercos mediáticos, los intereses geopolíticos de índole estratégica en razón de la riqueza minera y petrolera, mas no por el tejido social de unas comunidades con vocación agrícola y pecuaria que tienen una dinámica comercial concurrente.
Actualmente, la región padece de una conflagración que se retroalimenta y recircula en los departamentos como Santander del Norte, Boyacá, el Vichada y Guainía en Colombia, con la llegada de población desplazada por la violencia. Actualmente, a Puerto Carreño han llegado más de 500 personas desplazadas de Venezuela, a raíz de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente Diez; en su mayoría, son miembros de las comunidades indígenas Sikuani y Amorúa.
Sin embargo, la intervención de los gobiernos de los dos países ha estado restringida por la ruptura de relaciones y se ha sesgado hacia las operaciones militares. Especialmente, desde el gobierno Duque, se ha ampliado el número de militares en el área. Con la entrada de 600 soldados más el pie de fuerza se eleva a 6.800 unidades. Se plantea el refuerzo de equipo de inteligencia y contrainteligencia militar, la acción de la Fuerza Aérea mediante el uso de drones y vuelos en los puntos de conflicto identificados. Se plantea sumar a los dos batallones minero-energéticos existentes dedicados a la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas, otros dos batallones; mantener 300 soldados en vías y carreteras, construir nuevas instalaciones militares y aumentar las recompensas contra los jefes de los grupos armados que operan en la zona.
Por su parte, el Gobierno Biden ha anunciado la asistencia militar al gobierno colombiano. Inicialmente, está aprobado el suministro de 25 tanques de guerra para ubicarlos en la zona de la Guajira. En Colombia se encuentran asesores militares norteamericanos, a través del impulso por parte del Gobierno Duque de las Zona Futuro; Zonas que contrastan con los objetivos y programas de implementación de los PDET contemplados en el Acuerdo de Paz. Toda la frontera colombo-venezolana se constituye en zona de atención estratégica dentro de la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia.
Del lado venezolano, también se alinean las fuerzas de inteligencia cubana, la asistencia militar rusa y china, como lo confirma el Jefe de Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, General Remigio Ceballos (9)
También, el gobierno venezolano ha retomado el despliegue militar en la frontera mediante la operación Escudo Bolivariano encaminada a la expulsión de los llamados “Tancol” (terroristas armados narcotraficantes de Colombia). La operación ya se había iniciado en el año anterior contra el Frente Diez, con resultado de ocho militares venezolanos secuestrados por la disidencia y más de cinco mil personas desplazadas desde Venezuela hacia Colombia. La orden es expulsar a los grupos armados ilegales hacia el territorio colombiano, dada la consideración del papel desestabilizador del Gobierno de Nicolás Maduro.
Con un gobierno en Colombia en el ocaso del mandato y en medio de la campaña electoral, la capacidad de maniobra se restringe absurdamente a copamiento militar y, como se puede observar, se enfatiza en la captura de comandantes por cuyas cabezas se ofrecen recompensas; pero, los problemas estructurales del conflicto se agudizan. Así lo evidencia Andrés Aponte, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, en Charla a través de La silla Vacía (10).
Lamentablemente, la coyuntura de violencia tiende a recrudecer como lo evidencian el ataque con explosivos al acueducto comunitario del Municipio de Saravena el día nueve de enero. Se tiende a la escalada contra la población civil, con el carro bomba colocado el 19 de enero a las 10.40 PM, en el centro del municipio al parecer, contra el edificio de las organizaciones sociales donde tiene su sede la Fundación Joel Sierra, a una cuadra de las sedes del SENA, el ICA, la Terminal y otras edificaciones, con una afectación de diez cuadras a la redonda. Como resultado luctuoso ha muerto Simeón Delgado, guardia de seguridad del ICA y se encuentran heridas cuatro personas, líderes sociales quienes, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro.
Como se puede concluir, es vital el cumplimiento de las regulaciones del derecho internacional humanitario, de respeto por la población civil e incidir para que se adopten medidas de protección y prevención, de respeto por los derechos humanos y de avance en la solución pacífica del conflicto.
Una estrategia de paz con el ELN pasa por la capacidad de adaptar la estrategia de negociación al contexto de cada territorio, al perfil de cada uno de los grupos armados, a las necesidades de paz y convivencia de las comunidades y requiere del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, con el fin de facilitar la construcción de estrategias conjuntas, así como la concreción de acuerdos y compromisos de reducción de la violencia, de neutralizar los factores de degradación de los factores de convivencia y calidad de vida. Allí está un inmenso reto para lograr una alternativa democrática capaz de viabilizar una opción de paz completa, integral y perdurable para el país, en un marco de convivencia pacífica con los países vecinos, sin injerencismo.
Fuentes:
(1) Análisis Urbano. A Gobierno Duque no le importa si hubo o no masacres en Arauca, porque no le importa Arauca. Enero 19 de 2022.
Recuperado de: https://analisisurbano.org/a-gobierno-duque-no-le-importa-si-hubo-o-no-masacres-en-arauca-porque-no-le-importa-arauca/185816/
(2) El Espectador. “No hubo combate”: Fiscalía elevó a 27 los muertos en Arauca y dio nueva hipótesis. Enero 06 de 2022.
Recuperado de: https://www.elespectador.com/judicial/no-hubo-combate-fiscalia-elevo-a-27-los-muertos-en-arauca-y-dio-nueva-hipotesis/
(3) Sánchez Garzoli Gimena (Wola). Los retos para la paz en Arauca, Colombia En Arauca, Colombia, un departamento ubicado al nororiente del país en la frontera colombo-venezolana. Enero 9 de 2022.
Recuperado de: https://www.facebook.com/contagioradio/videos/686944032465874/
(4) León Ana. La violencia en Arauca muestra el fracaso de la “paz con legalidad”. La Silla Vacía. Enero 19 de 2022.
Recuperado de: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-violencia-en-arauca-muestra-el-fracaso-de-la-paz-con-legalidad/
(5) Indepaz. La violencia en Arauca es mucho más que choques entre grupos armados por el control de rentas en la frontera. Informe de Indepaz, enero de 2022.
Recuperado de: https://indepaz.org.co/la-violencia-en-arauca-es-mucho-mas-que-choques-entre-grupos-armados-indepaz/
(6) Macías Javier Alexander. Mercenarios “gringos” participaron en asesinato de alias “Romaña” y “el Paisa”. El colombiano. Enero 18 de 2021.
(7) Hernández, Salud. “Aplicaremos la pena máxima a los corruptos”. Revista Semana. Enero 16 de 2022.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Ws2agYu4PX8
(8) Cote Jhoan Sebastián. Human Rights Watch. “Solo con tropas no va a mejorar la situación de Arauca”. El Espectador. Enero 5 de 2022.
Recuperado de: https://www.elespectador.com/judicial/solo-con-tropas-no-va-a-mejorar-la-situacion-de-arauca-human-rights-watch/
(9) Cartaya . Tropas de Cuba, Rusia y China en frontera colombo-venezolana motivaron advertencias de EEUU. Radio y Televisión Martí. Octubre 06 de 2018.
(10) Aponte González Andrés. ¿Qué está pasando en Arauca? La Silla Vacía. Enero 13 de 2022.
Recuperado de: https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/que-esta-pasando-en-arauca/
TOMADO DE REVISTA SUR
https://www.sur.org.co/arauca-guerra-hibrida-en-frontera-porosa-apuestas-geopoliticas-e-incertidumbre/
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