Luz Stella Ramírez, directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, aseguró que todos los mineros que trabajan en el departamento han aplicado a las exigencias de la ley. “Desde el pago de regalías hasta el pago del IVA, ellos cumplen, a pesar de ser mineros de subsistencia”.

En cuanto al registro que debían realizar ante las alcaldías municipales, la vocera gremial expuso: “Con los barequeros -que son los de oro- no hay problema porque ellos están registrados desde hace rato con ellos, los de material de arrastre han sido muy juiciosos en ir e inscribirse, han llenado todos los requisitos, sin embargo, es responsabilidad de las administraciones municipales que se suban a la plataforma Sí Minero, lo que sí ha sido un poco demorado”, dijo.

Explicó que hay muchos argumentos que se esgrimen desde las alcaldías, como el desconocimiento del aplicativo o la inestabilidad de la plataforma, pero que aun así se ha avanzado en el proceso de formalización. “A pesar de las críticas de algunos ambientalistas fundamentalistas, la minería del departamento tiene un panorama muy positivo. Además, se olvida que la defensa más grande que se hizo por la cuenca del río De la Vieja, la protagonizamos los mineros, cuando con recursos de los areneros -los mineros más pobres de la cadena-, evitamos que nos metieran retroexcavadoras el río”, señaló.

En el departamento, según las estadísticas de Conalminercol hay 700 areneros -material de arrastre- y 200 barequeros.

Dinero en riesgo

En el ámbito nacional y fente al estudio de la Contraloría General de la República sobre el Programa de Formalización Minera en Colombia, que encontró que a diciembre de 2016 se debían tener 1.050 Unidades de Producción Minera, UPM, en Grado 1 o Básico y solamente se alcanzaron 764, la directora ejecutiva de Conalminercol aseguró: “Lo que vemos nosotros es que se invirtió una cantidad astronómica de dinero -$54.164 millones- en formalizar a estas unidades que no pasaron de la primera fase”.

Y es que en términos porcentuales, el cumplimiento de la meta fijada a 2016 debió estar en 40,38 % y el avance logrado fue de 29,39 %, lo que significa un retraso del 11 %.

“Los procesos de formalización minera en el país vienen de muchos años atrás. Desde 1994 ha habido siete intentos, cada uno de los cuales ha sido un fracaso. Y es paradójico porque por esto es que nosotros hemos hecho varios paros pidiéndole al gobierno nacional que nos formalice”, agregó la vocera.

Según el informe de la Contraloría se encuentran pendientes 1.836 UPM para alcanzar la meta propuesta para el cuatrienio 2014-2018 de 2.600 UPM incluidas en el Grado 1, lo que indica que el seguimiento que realiza el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, Sinergia, del Departamento Nacional de Planeación, DNP, no muestra el avance real del Programa de Formalización, sino que corresponde a un avance parcial de la primera fase o nivel del proceso.

Adicional a esto, la CGR determinó que con corte a diciembre de 2016 los costos del Programa de Formalización por Unidades de Producción Minera reportadas en proceso de formalización Grado 1 ascienden a $54.164 millones, o sea $70,89 millones por cada una de las 764 alcanzadas.

“Para la Contraloría ese es un costo muy alto, más aún si se tiene en cuenta que se trata de unidades de producción que no tienen el Grado 2 de Minería Formal, que sería el mínimo imprescindible para considerar que el programa de formalización haya obtenido resultados reales”, puntualiza el documento.

Tiempo de permanencia

Con fundamento en los criterios y definiciones establecidos en la política y el programa de formalización, el organismo de control considera que la calidad de UPM Formal se alcanza cuando cada una de las UPM en Grado 1 califican al Grado 2, según seguimiento, verificación y evaluación de cumplimiento de los requerimientos por parte de la autoridad minera.

Los lineamientos del programa de formalización están basados en un esquema de “Grados o niveles de formalización minera”, de 1 a 3, con posibilidades de avanzar gradualmente hasta el mayor grado.

En razón a que el Grado 2 corresponde a la “Minería Formal”, la Contraloría considera que se debe determinar un tiempo límite máximo de permanencia de las UPM incorporadas en el Grado 1, nivel en el que deben cumplir con los objetivos, actividades y metas establecidos en el plan de mejoramiento, para lograr su formalización que se materializa en el Grado 2.

“Lo contrario puede ocasionar que se presente el mismo escenario de los anteriores programas de legalización y formalización, donde el titular prefiere permanecer por tiempo indefinido sin avanzar en el cumplimiento de los requerimientos establecidos para acceder al siguiente nivel, sin que la autoridad minera tome decisión alguna”, aseguró.

Estimó también necesario que en caso de incumplimiento, se sancione o excluya del programa y consecuentemente se ordene el cierre de la UPM.

Finalmente, el estudio de la Contraloría asegura que la evolución normativa sobre formalización de la minería, impulsada por el gobierno, no ha tenido en cuenta los argumentos y advertencias de la Corte Constitucional, desconociendo abierta y sistemáticamente sus lineamientos y el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes.