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Medio Ambiente  |  19 junio de 2022  |  12:00 AM |  Escrito por: Administrador web

Retos ambientales del próximo presidente de Colombia

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Nos enfrentamos a una emergencia planetaria sin precedentes que requiere acciones urgentes y coordinadas a todos los niveles para garantizar nuestra propia supervivencia y la de toda la vida en la Tierra.

En ese contexto, es clave que el gobierno entrante priorice en su agenda los temas ambientales. Por ello, desde una posición no partidista y neutra de la sociedad civil, sin intereses del sector público o privado, y enmarcada en una estrategia de pedagogía electoral basada en evidencia científica, WWF Colombia hace un llamado sobre algunos de los retos ambientales que el país tiene.

Estamos perdiendo nuestros bosques

El 52% del territorio nacional está cubierto por bosques de los que no solo dependen las comunidades que los habitan, sino muchos de los servicios que hacen posible la vida en las ciudades. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Ideam, desde 2015 anualmente se pierden, en promedio, cerca de 170 mil hectáreas de bosque, principalmente en la Amazonia

¿Qué necesita el país?

-Estrategias integrales en los territorios con acciones de tipo preventivo, correctivo y educativo más que de carácter coercitivo; que permitan abordar los motores directos e indirectos para lograr reducir o, en el mejor de los escenarios, detener la tasa de deforestación en el país.

-Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento territorial, pues más de la mitad del territorio nacional son bosques y, de ellos, el 34% (37 millones de hectáreas) confluye con resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades afrodescendientes, quienes, junto con los pequeños productores campesinos, juegan un rol fundamental para la conservación de la naturaleza.

-Hacer los bosques rentables de manera sostenible. Erróneamente son vistos como ecosistemas que no generan una retribución económica y esta visión termina justificando su deforestación para dar paso a otros sistemas productivos. El aprovechamiento forestal sostenible sí es posible, pero las comunidades que le apuestan a esta forma de vida todavía enfrentan muchas barreras que van desde las dificultades para sacar la madera de sus territorios hasta los dispendiosos trámites que se requieren para acceder a los permisos de aprovechamiento.

-Frenar la apropiación de tierras, que consiste en la ocupación ilegal de tierras con restricciones de ordenamiento territorial y procesos de titulación, como las reservas forestales protegidas, los parques nacionales y las reservas indígenas de Colombia (tierras que por ley no se pueden disponer, adquirir o embargar) para fines productivos como la ganadería o la actividad agrícola.

La Amazonia enfrenta una crisis sin precedentes

El 44,3% del territorio nacional es amazónico y es determinante para el equilibrio natural del planeta y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, además de la deforestación (en 2020, de acuerdo a cifras del IDEAM, el 63% de este flagelo se concentró allí), enfrenta graves amenazas como los incendios que afectan significativamente la conectividad ecosistémica, y una crisis de seguridad sin precedentes por la intensificación del acaparamiento de recursos y de las actividades económicas ilegales, que pone en riesgo a los defensores ambientales. Pese a esto, Colombia aún cuenta con el área de bosque mejor conservada de toda la cuenca Amazónica y esto se debe en gran parte a que los pueblos indígenas y comunidades campesinas han demostrado conservar mejor que nadie los bosques sobre la base de sus sistemas de conocimiento y prácticas sostenibles.

¿Qué necesita el país?

-Garantizar la implementación del Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonia Colombiana -sentencia STC 4360- orientado a alcanzar la cero deforestación en la Amazonia a 2030.

-Asegurar la participación real, activa y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de la región.

-Asegurar apoyos para que las comunidades puedan vivir del bosque de manera sostenible.

-Poner en marcha una política pública que garantice el acceso y la propiedad de la tierra de las comunidades locales y campesinas, y proteger y asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas de esta región.

Somos el país más peligroso para la defensa del medio ambiente

Colombia es el país más peligroso del mundo para las personas que defienden la naturaleza, de acuerdo con cifras de Global Witness. Además, cifras de Indepaz señalan que 611 líderes ambientales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz hasta 2021. El riesgo que corren los líderes en los territorios es uno de los mayores desafíos para asegurar una verdadera justicia ambiental en el país.

¿Qué necesita el país?

-Ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú para impulsar una mejor protección de los defensores del medio ambiente y la inclusión de las comunidades locales en la gobernanza ambiental. Con su adopción se abre una puerta para alcanzar una justicia ambiental y el fortalecimiento de una democracia ambiental desde un enfoque de concertación, progresividad, cooperación y fortalecimiento de capacidades.

-Fortalecer las instituciones estatales a cargo de la administración de los recursos naturales y el acceso a tierras; el control y vigilancia para su aprovechamiento sostenible, y la implementación de acciones de inteligencia, investigación y judicialización de delitos ambientales.

Tenemos grandes compromisos climáticos por cumplir

En 2020, Colombia asumió el compromiso de reducir en 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. Una ambiciosa meta que plasmó en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), la hoja de ruta a través de la cual aportará al cumplimiento del Acuerdo de París, el compromiso más importante a nivel internacional para la lucha contra el cambio climático. Para cumplirla, se requieren grandes transformaciones en los sectores y la economía nacional, además de financiamiento.

¿Qué necesita el país?

-Dejar de depender de los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón), pero sobre todo no incentivar la dependencia a estos a través de la implementación de técnicas de extracción como el fracking. Es clave programar la reducción paulatina de la producción de hidrocarburos contemplando alternativas a los riesgos fiscales, económicos y sociales que la transición conlleva.

-Avanzar hacia fuentes de energía renovables. Actualmente, los paquetes de recuperación económica del país alientan tanto a las energías renovables, como al carbón y al gas natural y no están acorde con la meta y medidas planteadas.

-Detener la deforestación, ya que el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) es el que más contribuye a la generación de emisiones.

-Más financiamiento para la acción climática. El Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia del DNP y el BID, estima que, en Colombia, cada año la pérdida del PIB sería de 0,49% por cuenta del cambio climático. Por ello, es necesario avanzar en la estrategia de financiamiento de la NDC, considerando que es un compromiso no condicionado que no considera aportes internacionales, necesarios para lograr una meta tan ambiciosa.

Más de la mitad de los parques nacionales están en riesgo

La deforestación tiene en riesgo 32 de las 59 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con el informe Parques Cómo Vamos 2021. En estas áreas, este fenómeno está estrechamente relacionado con actividades ilegales como los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el incremento de infraestructura no planificada y los mercados de tierras.

¿Qué necesita el país?

-Más financiación para el manejo y conservación a largo plazo de las áreas protegidas a través de programas como Herencia Colombia2, un mecanismo con el que se financiarán a largo plazo 20 millones de hectáreas de estas áreas y paisajes de conservación para aumentar la cobertura de estas zonas en el país, consolidar su gestión efectiva, mejorar la gobernanza y reducir la deforestación.

Tenemos dos océanos, pero les falta atención

A pesar de que Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico y de que un buen porcentaje de sus ecosistemas marinocosteros están protegidos bajo alguna figura legalmente reconocida (13,39%), el potencial de éstos para el desarrollo de la ciencia, la conservación y la sostenibilidad de las poblaciones aún es limitado y poco reconocido en el marco de las políticas públicas, en especial en la asignación de presupuestos que, comparados con las inversiones en la parte continental, todavía son reducidos.

¿Qué necesita el país?

-Mayor articulación en el Sistema Bioceánico Nacional, el control y vigilancia de la actividad de pesca ilegal, el impulso riguroso de los procesos de declaratorias de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, bajo criterios científicos claros y mediante una efectiva gestión intersectorial.

-Revisar las medidas de control y vigilancia de la pesca ilegal y reforzar el trabajo de ordenamiento pesquero y de generación de medidas de control sobre las actividades industriales de pesca prohibidas por la ley.

_Presupuestos e instrumentos de política articulados, mucho apoyo de la institucionalidad con responsabilidades en asuntos marinos y costeros, y acompañamiento de entidades claves como el DNP.

-Más gestión para mitigar los efectos del cambio climático en ecosistemas marino-costeros, mediante proyectos e inversión en investigación sobre el potencial de carbono azul, entre otros, identificando potenciales soluciones basadas en la naturaleza en estos ecosistemas. ● Revisar la articulación entre las leyes de uso del recurso pesquero y las demandas de las poblaciones costeras, bajo los criterios técnicos estrictos.

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