Más de 400 intelectuales defensores de derechos humanos, académicos y mujeres de la cultura de distintos lugares del mundo, disciplinas y orientaciones políticas, en un extenso documento que aparece respaldado por sus firmas, expresaron su apoyo y preocupación al proceso de paz en Colombia.

En el comunicado traducido en tres idiomas los intelectuales hacen un recuento acerca de las negociaciones sobre el proceso de paz del gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las Farc, sus causas y nefastas consecuencias si continúa el rechazo por parte de sectores indolentes del país.

Aseguran que la posición abiertamente hostil al Acuerdo de Paz expresada por candidatos a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2018, contribuye a reducir las oportunidades de paz y a determinar la perspectiva de un retorno a un estado de guerra que debido a las frustraciones acumuladas en los sectores más vulnerables de la sociedad, podría alcanzar niveles insospechados de violencia.

Por el profundo análisis, seriedad, veracidad y cientificidad social en la que se pone en contexto la responsabilidad de los colombianos para alcanzar la sana convivencia en esta parte del mundo, El Quindiano publica dicho comunicado para que los lectores tengan un conocimiento verdadero de lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia.

Entre los cientos de firmantes se destacan Michael Löwy – Director Emérito de Investigaciones en CNRS Francia; Etienne Balibar – Profesor Emérito de Filosofía, Universidad de Paris-Ouest Francia; Judith Butler – Universidad de California, Berkeley Estados Unidos; Eric Fassin – Université Paris 8 Francia; Alex Callinicos – King’s College London Gran Bretaña; Silvia Rivera Cusicanqui – Colectivx Ch´ixi Bolivia; Franz Hinkelammert – Universidad Nacional –UNA- de Heredia, Costa Rica; Atilio A. Boron – Universidad Nacional de Avellaneda / Universidad de Buenos Aires Argentina; Geneviève Fraisse – CNRS Francia: Raul Fornet Betancourt – Universidad de Aachen Alemania; Matthieu de Nanteuil – Université de Louvain Bélgica: Stéphane Douailler – Université Paris 8 Francia; Juan Manuel Echavarria – Artista Colombia; Arturo Escobar – Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill Colombia; Vincent Gabriel Furtado – Kripalaya Institute of Philosophy and Religion India; Marie Estripeaut-Bourjac – Université de Bordeaux France; Jean De Munk – Université Catholique de Louvain Bélgica y Guy Bajoit – Université catholique de Louvain Bélgica, entre otros.

Hace un año, el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc-EP firmaron, al cabo de cinco años de difíciles negociaciones, un Acuerdo de Paz destinado a poner término a varias décadas de conflicto armado y de violencia política y social. Considerado por observadores internacionales como un modelo político-jurídico de salida del estado de guerra, el acuerdo preveía el desarme de las fuerzas insurgentes y su transformación en movimiento político, la reincorporación de sus combatientes a la vida civil y la implementación de un dispositivo de justicia transicional (la JEP) así como de una serie de reformas políticas, económicas y sociales relacionadas en particular con la política agraria, incluyendo redistribución de la tierra, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo de Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).

Un año después, el balance de la implementación del Acuerdo suscita múltiples inquietudes entre partidarios y actores de la paz, colombianos e internacionales. Si bien el número de personas muertas en relación con el conflicto armado disminuyó notablemente entre 2012 -inicio de las conversaciones de paz- y 2016, se multiplican desde la firma del Acuerdo hasta la fecha los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados de las FARC. Numerosas regiones abandonadas por la guerrilla en el marco de la desmovilización han sido ocupadas por grupos paramilitares de extrema-derecha. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 se han perpetrado 94 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos -una persona abatida cada cuatro días-, en tanto que 21 excombatientes de las Farc y 11 familiares de excombatientes han sido asesinados.

Por otra parte, disposiciones esenciales del Acuerdo -ayuda a la reincorporación de excombatientes, puesta en libertad de excombatientes en prisión, justicia transicional o JEP, reforma política, reforma rural, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es fundamental para intentar responder al sufrimiento de las víctimas del conflicto- no han podido aun ser implementadas o han sido modificadas unilateralmente por los poderes públicos, cuando no han sido pura y simplemente suprimidas. Así, Jean Arnault, presidente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló el pasado 21 de noviembre las carencias del Estado en materia de reincorporación: no existe hasta la fecha un Plan marco de reincorporación, mientras que varios miles de excombatientes vegetan en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Frente a las promesas incumplidas, más de la mitad de los 8000 desmovilizados de las Farc presentes en mayo de 2017 en las zonas de concentración han abandonado los Etcr para buscar lugares más seguros. Algunos de ellos se han vinculado a grupos disidentes que entienden continuar la guerra o bien a la guerrilla del Eln, que desde febrero de 2017 se mantiene en un proceso de negociación con el gobierno.

Dos obstáculos mayores: por un lado, el incumplimiento de puntos esenciales del Acuerdo firmado, y, por otro lado, el recrudecimiento de los asesinatos y de otras formas de violencia sociopolítica, comprometen gravemente el éxito de un proceso de paz que tantas esperanzas ha generado en millones de colombianos. Observamos así con inquietud las declaraciones de ciertos responsables del Estado que a pesar de todas las evidencias han podido pretender que los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de ex-guerrilleros desmovilizados no tienen “ningún carácter sistemático”, y que los grupos paramilitares “no existen”.

En un momento en que el futuro de la paz en Colombia está en juego, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos y proteja las vidas de todos aquellos que, en Colombia, construyen día a día la paz a través de sus prácticas sociales, políticas y culturales. Hacemos un llamado en particular a la Unión Europea para que tome responsabilidad al respecto, considerando sus apoyos previos al proceso al haber enviado un emisario durante las conversaciones en La Habana y respaldado, financiera y logísticamente, numerosas iniciativas de paz en el territorio colombiano. Ver el colapso del proceso de paz sin actuar con mayor firmeza pondría en peligro el significado mismo de su acción en esta región del mundo. Lo que está sucediendo en Colombia nos concierne a todos.