Alarmado se mostró el candidato a la Cámara de Representantes por el partido Liberal Ánuar Oyola, a unos días de haber entrado en vigencia la ley de Garantías. Denunció que una gran tajada de los más de 2.000 contratos que se suscribieron en el Quindío, -gobernación y alcaldía de Armenia-, antes de la vigencia de la mencionada ley, están amarrados a las elecciones del próximo 11 de marzo.

“No es un secreto y no estamos descubriendo el agua tibia, pero sí es lamentable que las depuraciones y cambios de colaboradores en casi todo el país, tuvieron que ver con la presión que se ejerce a humildes vigilantes, aseadoras, técnicos, profesionales, hasta a directivos de altos cargos. La pregunta del millón para la renovación de los contratos fue: ¿usted con qué fórmula está para Cámara y Senado?”, sostuvo Ánuar Oyola.

El empresario y ahora candidato a la Cámara criticó estas prácticas de ofrecer empleo en el sector público a cambio del voto y dijo que había que extirpar ese cáncer que se come el presupuesto para las obras sociales y de infraestructura de los municipios y del departamento. Indicó que por eso tiene como principal bandera de trabajo legislativo, hacer las gestiones necesarias para generar empleo de verdad en el Quindío, pero con el sector privado, a través de la búsqueda de inversionistas que encuentren las condiciones idóneas para trasladar o abrir operaciones de producción, servicios o comercio en el departamento, bajo un esquema tributario razonable.

“Es la vergonzosa forma de coacción, presión indebida y hasta constreñimiento, que se volvió la regla general de algunas administraciones públicas en Colombia, y el Quindío no es la excepción. Ese es un empleo mentiroso y casi informal, porque los contratistas deben asumir absolutamente todas sus prestaciones sociales, además de cumplir horarios, incluso muchos de esos presuntos servidores cumplen funciones electorales: supervisión de líderes barriales, organización de reuniones, logística, avanzadas, puerta a puerta, atención a directorios políticos, actividades secretariales y hasta de seguridad y acompañamiento a candidatos”, aseguró. “Los próximos legisladores deben tomar una decisión al respecto. Endurecen las sanciones administrativas y penales contra esta práctica perversa o cambian la ley y permiten que los funcionarios públicos hagan política abiertamente. Desde luego, definiendo un sistema de pesos y contra pesos, para aquellas campañas que no tienen alcaldes y gobernadores amigos”, puntualizó Oyola Márquez.