• JUEVES,  29 SEPTIEMBRE DE 2022

Columnistas  |  17 agosto de 2022  |  12:33 AM |  Escrito por: Gilberto Zaraza

Un contralor por méritos

0 Comentarios

Imagen noticia

Gilberto Zaraza

Gilberto Zaraza Arcila

Mañana será elegido el Contralor General de la Republica luego de un largo y viciado proceso de convocatoria pública, iniciado prematuramente desde el mes de enero, para dejar un contralor de bolsillo que asegure impunidad a los corruptos, antes de la posesión del Presidente Petro. 

El Contralor Carlos Felipe Córdoba con el enorme poder burocrático y presupuestal de la Contraloría, influyó ante las directivas del Congreso para que las pruebas de conocimiento las hiciera la Universidad Industrial de Santander. Y ante la comisión accidental para que entre los 10  finalistas quedaran incluidos la mayoría de sus candidatos, funcionarios o ex funcionarios de la entidad, y  seguir manejándola por interpuesta persona. Por denuncias,  varios de sus candidatos fueron eliminados por no cumplir requisitos legales o por estar vinculados en escándalos de corrupción.

Durante su ejercicio como Contralor en vez de cumplir con las obligaciones constitucionales, se dedicó a hacer la carrera de derecho y un doctorado ( con tesis con plagio) en tiempo record de 2 años y medio; para cumplir los requisitos en su propósito de ser elegido Fiscal General de la Nación.  Pretende con el poder que le da la Contraloría ser ternado por el presidente y elegido por la Corte Suprema de Justicia a cambio de favores. Para  tal efecto ya logró el apoyo de los partidos tradicionales a su candidata y subalterna María Fernanda Cabal, que tiene un claro conflicto de intereses, porque su hermano es contratista de la Alcaldía de Bogotá.

Por eso  la corrupción anual de 50 billones de pesos sigue imparable. Contralores, procuradores y fiscales solo piensan en sus ambiciones personales y en cumplir los pactos con quienes los eligieron.  Si no fuera por periodistas independientes y valientes que destapan los escándalos de corrupción, estos quedarían en la impunidad. Gracias a Paola Herrera conocimos el robo de $70.000 millones en el Ministerio de Comunicaciones. A Valeria Santos y Sebastián Nhora los cerca de $500.000 millones de recursos de regalías para la paz. Y a Juan Pablo Barrientos y Daniel  Coronel el robo de los recursos de varios ministerios y de la UNGRD  a través del cartel de las marionetas liderado por el senador Mario Castaño.

En el Quindío al detenido Mario Castaño no le sirvió que su escudero Luis Fernando Márquez a quien hizo nombrar Contralor Intersectorial de Regalías de la Contraloría General y Subcontralor de Caldas. Y elegir Contralor de Arauca y del Quindío; no hubiera investigado el interés indebido  en la contratación  en  Telecafé y en Proyecta, gerenciadas por dos de sus incondicionales amigos.

A la condenada Luz Piedad Valencia tampoco le sirvió que su contralor de bolsillo James Medina Urrea no haya investigado el robo de $22.000 millones de la contribución de valorización. Estos indignos contralores prevaricadores tendrían que estar en la cárcel.

En el gobierno del cambio, el presidente Petro no puede permitir que siga la perniciosa costumbre de yo te elijo y tú no me investigas. Ni que le elijan un contralor de la oposición que lo persiga políticamente,  como cuando fue alcalde de Bogotá  hizo el contralor Juan Carlos Granados,  ficha de German Vargas Lleras, para quitar del camino a un poderoso rival en las elecciones presidenciales del 2018.  No más contralores, ni procuradores, ni fiscales de bolsillo. Estas entidades deben ser despolitizadas y desclientelizadas, para recuperar su independencia y autonomía. La elección se debe hacer por méritos como lo establece el artículo 126 de la constitución nacional.  

Se requiere una reforma constitucional para que todos estos  altos funcionarios sean elegidos mediante un estricto y transparente concurso publico de méritos, donde las pruebas sean realizadas por una  Universidad privada de la más  alta acreditación. Con  cadena de custodia para las pruebas de conocimientos. Las universidades públicas están politizadas y entregan previamente las pruebas  a quienes manejan esas entidades.

En las 67 contralorías territoriales la situación es peor. Están en manos de mafias politiqueras corruptas, que se apoderaron de gobernaciones y alcaldías, para saquear los recursos públicos ante la mirada indiferente de contralores prevaricadores. Deben ser suprimidas.

P.D.  Coincido con la periodista Ana Bejarano, las iglesias y cultos religiosos deben pagar impuestos. No son entidades sin ánimo de lucro. Se convirtieron en lucrativos negocios y empresas electorales aliadas al establecimiento, como adoctrinadoras  e impulsoras de la paciencia y la resignación, que sirven de muro de contención ante la indignación y la exigencia de derechos.  Son organizaciones con patrimonios billonarios que captan  dinero exigiendo diezmos o contribuciones a cambio de mentiras, ilusiones y falsas  promesas.

 

 

PUBLICIDAD

Comenta este artículo

©2022 elquindiano.com todos los derechos reservados
Diseño y Desarrollo: logo Rhiss.net