“Acá lo que hay son actos criminales, esos que se cometen cuando se compromete la vida, salud y bienestar de los niños y jóvenes y en si de todos los ciudadanos”, diputado Luis Carlos Serna Giraldo.

Falsificación de documentos y falta de control y seguimiento, son algunas de las motivaciones de denuncia contra el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, por las fallas en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Los presuntos punibles enunciados en el documento de 17 páginas son celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción.

La bancada del Pacto Histórico, encabezada por el diputado Luis Carlos Serna Giraldo y la concejala de Armenia Stefany Gómez Murillo dieron a conocer los detalles de las acciones que decidieron iniciar contra la administración departamental y el contratista ‘Unión Temporal Unidos Somos Más por Quindío’.

El diputado Serna Giraldo indicó que por ahora se habla de la presunción, porque quien determina si se cometieron o no los delitos o faltas son los entes de control y por eso precisó la mañana de este jueves que durante el día se estaría radicando la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, solicitando además compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación.

“Las denuncias se dan en torno a la falta de planificación que es algo de carácter disciplinario y que lo maneja la Procuraduría, pero también hay una presunción en detrimento patrimonial al generar por ejemplo unos pagos que exceden a lo que aparece en el contrato. Así mismo, aparece también una posible falsedad en documentos, donde además hay unos soportes y denuncia formal”, señaló.

Dijo que sin duda es evidente la falta de seguimiento por parte de la gobernación al PAE y su calidad, lo que conlleva a la vulneración de los derechos de los niños y jóvenes del departamento.

“No solo es la falta del PAE sino también el riesgo para la vida y salud de los estudiantes por el mal proceso de cadenas de frío, la falta de transporte especializado y además no hubo verificación de las condiciones de las empresas contratadas para garantizar la alimentación de los menores”, agregó Serna Giraldo.

Por su parte, la concejala Gómez Murillo sostuvo que se unió a esta causa como una representante de la comunidad que busca velar por el bienestar de todos, teniendo en cuenta además que ha sido receptora de quejas de quienes debieron beneficiarse con el programa.

En el recinto de la Asamblea Departamental, donde se citó a los interesados en conocer detalles del proceso hicieron además presencia concejales de diferentes municipios, líderes sociales y sindicales, pero además también algunos de los empresarios que se fueron a la quiebra económica por los incumplimientos del contratista.

Se pudo conocer de voz de los afectados que les adeudan más de $100 millones de pesos, al igual que les deben a las manipuladoras y a los supervisores, a estos últimos de a $7 millones de pesos a cada uno.

Reclamo

El diputado Luis Carlos Serna Giraldo dijo que “no es posible que estos empresarios los hubiese llevado a la quiebra una empresa que recibe recursos en exceso y que luego desaparece y desde la gobernación dicen que no tiene nada que ver”.

“Pero es que también las manipuladoras son víctimas, a quienes les vulneraron sus derechos, son en su mayoría mujeres cabezas de hogar, también están los supervisores

No se puede pasar la página y los responsables deben pagar penal y disciplinariamente”, sostuvo.

Dijo que incluso los docentes también sufrieron, porque no era posible que en aulas con 30 o más estudiantes llegaran 8 o 9 refrigerios y fuesen ellos los que tuvieran que elegir a quién dárselos.

“Esperamos que las autoridades actúen y se hagan sentir con diligencia, porque se han burlado de la comunidad. En el contrato aparece que fue por licitación pública y el gobernador ha salido a decir que fue por bolsa nacional. Aquí las víctimas son los niños y los empleados y no las empresas como dice el gobernador”, agregó.

Expresó que precisamente hoy se declarado la urgencia manifiesta y que con ello lo que le permite al gobernador es contratar a dedo y eso no soluciona nada.

“No se gobierna con fotos, que lo haga con acciones serias y sólidas, hoy lo que encontramos es un pretexto para una contratación directa y no es posible que vengan a hacerle otro golazo al departamento a falta de 50 días para terminar el calendario escolar”, indicó.

Finalmente, señaló que acá lo que hay son actos criminales, esos que se cometen cuando se compromete la vida, salud y bienestar de los niños y jóvenes y en si de todos los ciudadanos, “por eso la pregunta es, cuáles son los derechos que se le están garantizando a los niños, empleados y a todos los ciudadanos, cuando se falta a la verdad tan consecutivamente ya es muy difícil creerle”.

Habla el gobernador

EL QUINDIANO consultó al gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo, quien dijo que remitía a los ciudadanos a leer los comunicados que ha emitido sobre el particular. Además, indicó que si existen hechos ciertos para denunciar, que se hagan ante los entes de control. Sin embargo, el mandatario les restó importancia a las denuncias hechas por el diputado Serna y sostuvo que eran ataques políticos carentes de verdad.

Comunicado sobre urgencia manifiesta

El gobierno departamental emitió hoy un comunicado, declarando la urgencia manifiesta, para reanudar el servicio del PAE en el Quindío. Este es el comunicado emitido sobre el particular:

“Con el ánimo de reanudar de la manera más oportuna la operación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en los 11 municipios no certificados del Quindío, la Administración Departamental ha procedido a declarar urgencia manifiesta. La figura le permitirá al Departamento elegir de manera más ágil al nuevo contratista, de una lista de posibles operadores de la región que podrían hacerse cargo del programa en un plazo no mayor a dos semanas.

El instrumento se adopta en garantía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, luego de cuatro mesas de trabajo realizadas a lo largo de dos semanas en las que se contó con el acompañamiento de entidades de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. En este sentido, se procederá a extender la invitación a posibles proponentes entre los que se analizarán criterios como la capacidad técnica, jurídica, financiera, operativa e instalada para que puedan garantizar la ejecución óptima de esta estrategia de acceso y permanencia de los alumnos en el sistema educativo.

Ante la imperiosa necesidad de encontrar una solución a la actual situación del PAE, el Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, sostuvo el día de ayer un importante encuentro con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria Uribe, teniendo como eje central la calidad de la educación de nuestros estudiantes y la articulación con el nuevo Gobierno para la garantía de la integralidad del proceso educativo”.