Durante la jornada de diálogo social con víctimas del conflicto armado, campesinos vulnerables con tierras, indígenas, campesinos sin tierra y afrodescendientes asentados en el Quindío, el procurador Fernando Carrillo expresó su preocupación por los actos de corrupción que se han dado de tiempo atrás en esta zona del país en materia de legalización de tierras y proyectos productivos para estas poblaciones, al extremo de señalar que “esto pareciera que hubiera estado diseñado para el fracaso”.

El representante del ministerio público luego de escuchar a las comunidades por espacio de varias horas en Armenia aseguró que frente a los casos de corrupción presentados en el Quindío, si no se han dado las caducidades se van a iniciar las acciones disciplinarias porque realmente hay temas bastante delicados detrás de todo esto.

Al referirse al caso de Pizamal en el municipio de La Tebaida, el procurador afirmó que hay asuntos tan complejos incluso muchos de seguridad de los líderes, por lo que es necesario preservar la confidencialidad de la información entregada.

Como se recordará, los terrenos en la vereda Pizamal, ubicada en el municipio de La Tebaida fueron adjudicados en el año 2006 a tres asociaciones, una de campesinos y dos de reinsertados procedentes de la costa Caribe quienes arrendaron al Ingenio Ríopaila parte del predio desde el año 2008 con una explotación que ha generado problemas ambientales importantes.

El Procurador Carrillo Flórez se mostró de acuerdo con la realización de una audiencia con directivos de Riopaila la cual calificó de fundamental y agregó que “ los trazos que ha dejado acá alguna especie de crimen organizado nos tienen que prender las alertas para ver cómo vamos a manejar casos que pueden ser muy sensibles desde el punto de vista de la seguridad de los líderes, por eso, cuenten con que vamos a darle seguimiento pensando en montar un mecanismo mediante el cual, por lo menos una vez al mes tengamos contacto con los líderes de las organizaciones.

Por su parte el director de la Agencia de Desarrollo Rural Juan Pablo Díaz Granados se refirió al caso Pizamal, como el más emblemático de todos los que se presentan en materia de tierras en el Quindío, porque tiene unas particularidades que lo hacen bastante cuidadoso.

Explicó el funcionario que tenían la duda en la Agencia de Desarrollo Rural, en torno al problema jurídico sobre el convenio suscrito entre la asociación Corpomunicipales y los destinatarios del predio inicialmente, si es legal o no, y más allá de esto, sobre quien tiene la competencia de vigilar este convenio.

Afirmó que en las últimas horas han logrado acceder al certificado de existencia y representación legal de esa corporación, encontrándose con un dato que llama la atención, relacionado con el desarrollo de procesos judiciales en diferentes estrados de otros departamentos y municipios distintos al Quindío.

Agregó el funcionario que resulta curioso que el registro de esa corporación aparece en el municipio de Cartago Valle del Cauca, se cuenta con el certificado expedido por la Cámara de Comercio y por ende se ha logrado establecer además, que no es una de aquellas corporaciones de que trata el decreto 561 de 1989, que le otorga carácter de empresas comunitarias a un tipo de asociaciones como se pensó era esta en particular, se trata de una fundación sin ánimo de lucro, pura y dura, y por ende, la labor de vigilancia y control sobre la misma la tiene la gobernación del Valle del Cauca, por cuanto está registrada en Cartago Valle. Aseguró que sin perjuicio de eso, la entidad a su cargo va a seguir avanzando con el propósito de encontrar la posibilidad de tener algún grado de competencia sobre dicha entidad. Eso es una primera actuación.

Adicionalmente dijo que una segunda, no menos importante, es que le ha sugerido a la viceministra, que desde el ministerio de Agricultura se pueda convocar a la Empresa Riopaila Castilla a una especie de mesa de trabajo para que la entidad entienda la gravedad de lo que está ocurriendo en esta relación contractual.