Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

Los días 2, 3 y 4 de diciembre se reunirá en la sede de la Universidad Nacional de Colombia de la ciudad de Bogotá la Convención Nacional Campesina que congregará a 2100 delegados de cientos de organizaciones campesinas de todo el país. Ha sido un proceso corto en el tiempo, pero muy rico en las decenas de eventos locales y regionales preparatorios. Esta propuesta ha sido alentada desde el gobierno. Fue el propio presidente Gustavo Petro que en reunión con organizaciones campesinas en el departamento del Cauca en el pasado mes de septiembre les planteo la necesidad de realizar una Convención Nacional Campesina representativa de los cientos de organizaciones campesinas existentes. Desde entonces y luego en una reunión en la propia Casa de Nariño que contó con la participación de algunas organizaciones nacionales se dio inicio a la tarea de organizar esta Convención que finalmente se reunirá este fin de semana.

En el texto de convocatoria se lee que esta Convención será deliberativa y vinculante y representa el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos. Es, agrega, una forma de reconocer la histórica lucha por la reforma agraria y acceso a derechos que libra el campesinado, para la permanencia digna y en paz en sus territorios.

La Convención tiene cuatro ejes temáticos de trabajo: 1. Política Agraria Estructural. 2. Derechos Campesinos y reconocimiento del campesinado. 3. Políticas Públicas y Plan Nacional de Desarrollo y 4. Acceso, redistribución, clarificación, titulación y ordenamiento social del territorio (Reforma Rural Integral).

La apuesta de la Convención Nacional Campesina también está encaminada a formalizar escenarios y mecanismos de interlocución campesina directa con el gobierno, las instituciones y concertar una agenda común que atienda e integre sus visiones y desafíos inmediatos. En este sentido la presencia directa del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, permitirá los consensos necesarios y su carácter vinculante de esta esperanzadora Convención.

La Convención tiene como principal objetivo, la participación vinculante del campesinado en el diseño, desarrollo y seguimiento de una política pública campesina, la construcción dialogada del Plan Nacional de Desarrollo, el cumplimiento de los acuerdos (entre ellos el acuerdo final de paz y las movilizaciones campesinas). Estos instrumentos deben sentar las bases institucionales que hagan irreversibles los avances que se logren en el actual gobierno y definir la conformación de instancias representativas del campesinado, formalizar canales o mecanismos de participación institucionales y concertar una agenda común que atienda a los desafíos inmediatos, así como avanzar en el acceso real e inmediato de derechos.

Para llegar hasta aquí se tuvieron que sortear no pocas dificultades, pero el resultado es una convocatoria amplia, pluralista, diversa y sin exclusiones. Todas las vertientes del movimiento campesino han confluido en esta Convención. Ahora bien, el reto que tiene esta Convención es construir la Unidad del Movimiento Campesino. La realidad previa a esta Convención ha sido la fragmentación del movimiento campesino. Desde los años setenta en que se fracturó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, no ha habido unidad en el movimiento campesino, ni una sólida organización son cientos de organizaciones que en ocasiones han logrado, mediante la Unidad de Acción, que posibilitó por ejemplo el Paro Agrario del año 2013, pero pronto esos mecanismos de Unidad de Acción cesaron y la fragmentación y división ha sido la constante durante todos estos años.

El segundo gran reto es construir en esta Convención un Acuerdo con el Gobierno Nacional y los Ministerios y Agencias que tienen que ver con el Desarrollo Rural. Ese acuerdo nacional deberá incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas para el campesinado.

Un tercer reto es el de construir un mecanismo de representación de las organizaciones campesinas para que mantenga una interlocución permanente con el Gobierno Nacional. Este mecanismo es fundamental también para el gobierno puesto que la puesta en marcha del Fondo de Tierras para la Paz que deberá adjudicar tres millones de hectáreas para familias campesinas víctimas del conflicto armado, y para familias campesinas sin tierra. Para el desarrollo de este ambicioso programa el gobierno deberá contar con un sólido respaldo en el sector campesino y esto no podrá ser posible sin apoyar y reconocer a las organizaciones campesinas. Pero el reto de estas organizaciones es concertar entre ellas su participación organizada.

Así pues, esta Convención ojalá sea un instrumento que permita el resurgir de la organización nacional campesina para que pueda establecer una interlocución con el gobierno para avanzar en la materialización de los derechos y las reivindicaciones del campesinado. Eso esperamos que sea la Convención para el bien del país y de los 12 millones de campesinos de nuestro país.

TOMADO DE REVISTA SUR

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