Jhon Fáber Quintero Olaya

Ser Magistrado de una Corte significa para un jurista su mayor aspiración profesional. Llegar a tan elevado honor y dignidad requiere de un trabajo de vida, un proyecto profesional dedicado y constante, honorabilidad y en general un ejercicio destacado de la profesión de abogado, docente o función pública. Los requisitos para llegar a esta posición elevada se encuentran previstos en el artículo 232 de la Constitución Política de Colombia y, entre otros, implica una trayectoria de mínimo 15 años en áreas jurídicas relacionadas, lo cual fue una adición del Acto Legislativo 2 de 2015.

Las responsabilidades de las Cortes son determinantes para el futuro político, económico, social y, por supuesto, jurídico de una Nación. La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia Norteamericana alrededor del aborto demuestra la incidencia cultural de un pronunciamiento judicial. En Colombia la dosis personal, la muerte digna, el estado de cosas inconstitucionales por desplazamiento y hacinamiento carcelario, entre muchos otros temas, han encontrado un impulso en la Rama Judicial. En otras palabras, los jueces son pilares para la protección de derechos y construcción de políticas públicas en un Estado.

El proceso de Paz también encontró en este sector del poder público un importante aliado, al tiempo que se tuvo que crear un marco de justicia transicional que hoy vertiginosamente en la reconstrucción del pasado y en las sanciones a los protagonistas del conflicto armado. El anhelo de un país mejor y sin sangre obliga al trasegar por el sendero de la verdad y la justicia, la cual no es posible sin funcionarios judiciales. La JEP y todo el Gobierno Judicial han sido determinantes en el presente y el futuro de Colombia.

Por ello, el Presidente de la República debe garantizar el adecuado funcionamiento de la institucionalidad. El Jefe de Estado simboliza la unidad nacional como lo refiere el artículo 188 de la Constitución Política de Colombia y, por consiguiente, en él convergen diferentes responsabilidades tendientes a que tanto los encargados de hacer las leyes, como los de aplicarlas puedan hacer óptimamente su trabajo. De allí que las reuniones iniciales del doctor Petro Urrego con la cúpula judicial fueran celebradas por todas las bases del establecimiento.

El nombramiento del Ministro de Justicia Osuna también fue un acierto porque conoce como poco el mundo judicial, la vida académica del derecho y tiene una cercana relación con Magistrados y Jueces. Los anuncios alrededor de la justicia restaurativa y de una concertada reforma a la justicia también han sido esperanzadores, habida cuenta que se espera con ansias una evolución del proceso judicial no por coyunturas como el Covid 19, sino por un cronograma reflexivo, estructural y planeado. El Gobierno y la justicia son aliados estratégicos en temas como la extradición e incluso la elección de Fiscal General, la cual por cierto se aproxima.

Son tantos y tan diferentes los temas de competencias convergentes que realmente sorprende el desplante presidencial a la posesión de dos nuevos juristas en Altas Cortes. No queda bien parado el Ejecutivo con la improvisación de la agenda y menos el ex senador Petro con una conducta como estas porque del Presidente se espera la altura que le impone su preeminente condición. Las formas son tan importantes como el contenido y en poco más de 100 días el mandatario ha dejado vestidos a los militares y ahora a los jueces. ¿Cuál es la causa de este desorden, caos y mensajes tan desagradables?

No sabemos con certeza, pero si es pertinente que la opinión pública rechace estos actos y exija del señor Presidente los correctivos del caso porque la unidad nacional no se construye con soberbia y menos dejando la silla vacía en un importante acto para el sector judicial como el inicio de periodos de algunos de sus miembros. El lenguaje no es la única puerta de la comunicación y el simbolismo en ocasiones hace más daño que las armas. Esperemos que el doctor Petro Urrego corrija este rumbo.