Gilberto Zaraza Arcila

La estructura del Estado fue diseñada para que existiera equilibrio de poderes, pero el uribismo en los 20 años de dictadura acabó con el equilibrio de poderes; para blindar contra cualquier investigación a su jefe Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago el del grupo paramilitar los 12 apóstoles.

Para tal efecto cooptó las otras 2 ramas del poder público, por eso el Congreso y la justicia se convirtieron apéndices del ejecutivo. Así, como a los organismos de control y electorales que permiten el abuso del poder y el fraude electoral, sin que procedan a investigarlos.

Con el propósito deliberado de concentrar el poder, hicieron un contubernio para crear un Estado narcoparamilitar y corrupto que garantizara impunidad a todos los delincuentes participantes de este régimen de componendas y complicidades. Con el poder del presupuesto y los cargos públicos hicieron  elegir a dedo  durante los últimos 20 años  fiscales, procuradores, contralores y defensores de bolsillo, que no investigan, acusan, sancionan o condenan a los gobernantes y congresistas que apoyan el gobierno que pisotea la constitución, las leyes y los derechos de la mayoría de ciudadanos excluidos del régimen.

Por eso, somos uno de los países con mayor impunidad y corrupción en el mundo. Y los delincuentes de cuello blanco disfrutan de libertad a pesar de sus numerosos delitos. Solo persiguen, sancionan y condenan a los gobernantes, dirigentes políticos y líderes sociales independientes o de la oposición.

Los representantes legales de estos organismos con egolatría, soberbia y prepotencia, los convirtieron en repúblicas independientes. No al servicio del Estado, sino de los partidos políticos y del gobierno corrupto. Se consideran reyezuelos manejando un billonario presupuesto, una burocracia de varios miles de empleados y un poder de contratación inmenso, para gratificar y complacer a gobernantes, congresistas y magistrados  que los eligieron. Para aumentar su poder hacen aprobar del Congreso reformas que les aumentan las competencias para burlar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les incrementan el presupuesto y el número de funcionarios.

Desvergonzadamente abusan del poder a pesar de estar prohibido por la ley. El Fiscal paga las empleadas del servicio doméstico de su casa con el presupuesto público. Envía funcionarios y vehículos de la fiscalía a sacar a sus mascotas a la calle a hacer sus necesidades. La Procuradora  contrata  con recursos de la entidad una maquilladora para que la acompañe con viáticos oficiales por todo el país. El Contralor dedicó el tiempo de servicio a hacer una carrera y un doctorado y a estar pendiente de la construcción de su lujosa mansión en Pereira. Si se pegan de estas nimiedades, que no harán con los contratos multimillonarios. Sería conveniente investigar un posible enriquecimiento ilícito.

A  pesar de los escándalos mediáticos por estos graves hechos nadie los investiga, ni sanciona. Ni la corrupta e inoperante “Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes”, ni el Consejo de Estado. Se volvieron intocables como Álvaro Uribe, que tiene garantía de no extradición del presidente Petro. En un país democrático y respetable serian destituidos u obligados a renunciar.

El gobierno del Cambio tiene la obligación de restablecer el equilibrio de poderes y recuperar la imagen y la confianza en los organismos de control y electorales, que se deben despolitizar, desburocratizar y desclientelizar. De manera prioritaria debe impulsar las reformas y la aprobación de actos legislativos que eliminen la contraloría nacional y territoriales. Crear el Tribunal Nacional de Cuentas. Suprimir la Procuraduría que realiza funciones similares con la Defensoría y Personerías. Y Realizar una reforma profunda a la Registraduria y el Consejo Nacional Electoral que no ofrecen ninguna garantía de independencia, transparencia e imparcialidad.

Para acabar con la politización en la elección de estos funcionarios y de los magistrados, deben ser eliminadas las funciones nominadoras de congresistas y magistrados. Las próximas elecciones de estos funcionarios y de los integrantes del Tribunal de Cuentas, se deben realizar mediante concursos públicos de méritos realizados por  las universidades privadas de más alta calidad y con cadena de custodia de las pruebas de conocimientos o habilidades.

La corrupción y la impunidad solo se combaten eficazmente con medidas radicales como se ha demostrado en otros países. Medidas garantistas como el principio de impunidad que sirve para negociaciones de cvy, rebaja de penas, dilaciones de los procesos para que opere el vencimiento de términos, incumplimiento de los términos judiciales, etc, solo han servido para incentivar el delito y a los delincuentes.

Este gobierno no pude permitir que continúe la inoperancia y la corrupción de la justicia, organismos de control y electorales, que son una vergüenza a nivel nacional e internacional. Y que atentan contra la imagen del país y  la democracia.