Jhon Fáber Quintero Olaya

Una de las propuestas más ambiciosas que ha presentado el Presidente Petro está relacionada con el inicio de diferentes procesos de negociación con grupos armados. Bandas delincuenciales y organizaciones subversivas vieron con buenos ojos que el primer gobierno de izquierda en Colombia hiciera llamados a la finalización del asesinato entre congéneres. Este programa es tan loable como complejo.

La primera mina a los procesos estuvo a cargo del ELN que no se sumó al cese al fuego anunciado oficialmente vía Twitter. En el ocaso del 2022 el primer mandatario expresó que había llegado a un acuerdo con todas las organizaciones que estaba conversando el Gobierno para detener, ambas partes, operaciones de combate. Los Helenos adujeron que se trataba de una imposición y no de una concertación y se bajaron transitoriamente de la idea.

Los Decretos con los que se suspendieron operaciones por parte de la fuerza pública han sido duramente cuestionados por la Procuraduría General de la Nación y el señor Fiscal. El “segundo funcionario más importante del País” expresó, con alguna razón, que no se podían equiparar grupos con alguna motivación política con aquellos que simplemente se dedicaban al narcotráfico. Por ende, no suspendió las órdenes de captura solicitadas por el Jefe de Estado en relación con algunos voceros del Clan del Golfo, entre otros.

Es decir que, en el primer caso, el ELN no le caló al cese al fuego y, en el otro, los que so siguieron la decisión de Twitter ven truncados los progresos porque en Colombia opera una separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos. La Administración Nacional aduce que el fundamento de su petición al órgano de persecución penal es la Ley 2272, pero la Fiscalía contra-argumenta que ninguna normativa comprende parar el ejercicio punitivo respecto de personas contra las que sólo cabe el sometimiento.

Para completar este complejo panorama, recientemente la Rama Judicial en pleno ha pedido al señor Presidente de la República más respeto por su autonomía e independencia. Ello, por cuanto muchos líderes sociales que fueron designados como voceros de paz no fueron puestos en libertad antes de noche buena y en diversas situaciones los jueces han denegado las peticiones elevadas por la autoridad administrativa. Sin embargo, en otros líderes sociales y juveniles las cosas no han sido desastrosas para el Ejecutivo. Esa es la imparcialidad de la justicia.

El 30 de enero se reunirán Petro Urrego y Barbosa para un diálogo alrededor de este importante tema que ha escalado en sus declaraciones, al tiempo que el Fiscal aclara que no es un funcionario del Gobierno. Incluso la cooperación entre la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales se vio inesperadamente afectada por este teatro de circunstancias en relación al inventario de bienes a cargo de la segunda. La comunicación entre órganos del Estado es fundamental para el bienestar colectivo y es indispensable que las partes eviten la confrontación mediática y lleguen a consensos desde la prudencia y la diferencia. Eso es democracia.

La paz total atraviesa, por ahora, un difícil momento porque no existe un marco jurídico claro de sometimiento y, de otro lado, los compromisos de cese al fuego son tan ambiguos como poco verificables. La persistencia de ataques en diferentes zonas del territorio y la confusión de la fuerza pública a este respecto se conjugan con las amenazas de investigaciones penales y las perspectivas antagónicas alrededor de una idea que debe producir la mayor de las convergencias. La paz es un anhelo de todos, pero el método para llegar a ella es tan importante como la conclusión.

La labor de los interlocutores estriba en evitar que los disensos escalen con las respectivas repercusiones para el funcionamiento del Estado. Los responsables deben hablar y evitar que tanto nacional como internacionalmente sigamos en este desgastante cruce de opiniones. Un choque de trenes no conviene en ningún sentido a la institucionalidad.