Gilberto Zaraza Arcila

Con la deportación de Aida Merlano de Venezuela se abre de nuevo la posibilidad de aplicar ajusticia a los clanes familiares Gerlein y Char, que conformaron empresas electorales para apoderarse de gobernaciones y alcaldías, con el propósito de obtener poder y enriquecimiento  ilícito.

Como lo reconoció públicamente el exsenador Roberto Gerlein, con 45  años como congresista, la corrupción al sufragante es una práctica, inveterada, normal y tradicional en todo el país, que realiza la mayoría de la clase política. A pesar de esta gravísima afirmación, no fue llamado a investigación.

Los caciques electorales para lograr su reelección o la elección de sus apadrinados, incurren en casi toda clase de delitos electorales con la complicidad de la organización electoral. Lo que está soportado en los libros “Así se roban las elecciones en Colombia“ de Gustavo Bolívar y “Herederos del Mal, clanes, mafias y mermelada” de León Valencia y  Ariel Ávila.

Mientras la Fiscalía esté en manos del prevaricador general de la nación, la Corte Suprema de Justicia en manos del cartel de la toga y los organismos electorales en manos de politiqueros; los delincuentes que compran votos e incurren en constreñimiento electoral de empleados y contratistas, pueden dormir tranquilos.

Como es una mujer humilde, sin poder político y económico, Aida Merlano es la única condenada  y de manera exprés por estos delitos, pero además por concierto para delinquir y tenencia ilegal de armas (que le introdujeron a su oficina los policías, como se puede observar en los videos). Es un chivo expiatorio como retaliación de quienes le dieron el dinero(los clanes Gerlein y Char) por no apoyar a la presidencia de la república al candidato Germán Vargas Lleras.

También, será condenada por fuga de presos, como ya lo fue de manera acelerada su hija. Pero, las poderosas familias que participaron del concierto para delinquir suministrando el dinero para las elecciones y su fuga; para que no los delatara y después asesinarla, disfrutan de impunidad.

En un país verdaderamente democrático la constitución y la ley se cumplen. En Colombia son letra muerta que solo se aplica a los estratos bajos. El artículo 13 de la constitución establece que todos somos iguales ante la ley.  Si así fuera la mayoría de los políticos elegidos estaría en la cárcel. Los que compraron los votos para la elección de la senadora María Fernanda Cabal están condenados. Ella ni siquiera fue investigada.  Lo que se ha demostrado es que quienes detentan poder político y económico están por encima de la ley y son intocables. Álvaro Uribe y su hermano Santiago.  Néstor Humberto Martínez, Francisco Barbosa, La familias Gerlein y Char…etc.

La reacción de la oligarquía para desviar la atención fue la de rechazar la llegada de la condenada y detenida excongresista (que siempre ha estado en una cárcel), por estar bien vestida y dar declaraciones a los medios. Pero, si  salieron a recibir como héroe al condenado y prófugo corrupto Andrés Felipe Arias, que a pesar de una orden de un juez de pagar su pena en una cárcel, nunca la ha pisado porque fue recluido en la Escuela de Caballería de la Policía.

El año pasado un juez le concedió la detención domiciliaria, a pesar de no cumplir con las tres quintas parte de la pena, para tener derecho a este beneficio. Pues solo pagó 5 años de 17 y medio.  Lo que demuestra que la justicia está politizada,  es selectiva y discriminadora.

Para acabar con el entramado de corrupción electoral que prostituyó las elecciones, convirtiéndolas en un pulso financiero y no democrático, es indispensable hacer una reforma profunda a la organización y al sistema electoral, a la justicia y a la Fiscalía, que les devuelva su independencia y autonomía. Hay que liberarlas del secuestro al que las sometió la clase politiquera.