La asamblea de delegados de Dignidad Cafetera realizada ayer en Armenia aprobó realizar un plantón de protesta el próximo 4 de mayo en Bogotá, al tiempo que propusieron para el mismo día un foro con los candidatos presidenciales para conocer los planteamientos sobre el tema cafetero y el agro en general.

Igualmente, acordaron promover la creación de una bancada parlamentaria cafetera, para empezar a buscar la conversión en políticas públicas los programas planteados por Dignidad Cafetero, entre los que se incluye el establecimiento de un Fondo de Estabilización del Precio Interno del Café que permita garantizar precios justos a los productores.

En el mismo sentido, pidieron al gobierno nacional que reclame relaciones comerciales que conlleven precios justos para los cafeteros colombianos, que se modifique la fórmula que fija el precio interno del grano, que recoja los costos de producción y entregue una tasa de ganancia al productor.

“Dignidad Cafetera continuará su lucha, dentro y fuera de la Federación de Cafeteros y de las cooperativas, por la solución definitiva a las deudas de los cafeteros y por un crédito barato y oportuno. Por la rebaja en el precio de insumos, mejores vías terciarias, salud, educación y bienes públicos que faltan en las zonas cafeteras como es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

Los líderes de Dignidad Cafetera reunidos en Armenia hicieron un diagnóstico de la situación de la caficultura colombiana, donde hicieron las siguientes precisiones: “El período que atraviesan los cafeteros es, económica y socialmente, muy difícil. El precio internacional, definido por los oligopolios que controlan el mercado del grano en la bolsa de Nueva York es, escasamente, de US$ 1 dólar con 18 o 20 centavos la libra. Veinte centavos de dólar menos de lo que se vendía hace 29 años, cuando se rompió el Pacto Internacional de Café -primera medida del “Libre Comercio”- que afectó las familias caficultoras del mundo para beneficiar pocos y poderosos monopolios que, día a día, concentran el negocio de torrefacción, comercialización y distribución de café y que llevó a la crisis de ingreso que condujo a la exitosa lucha por la condonación de la deuda cafetera, en 1996.

Durante los años 2012 y 2013 los cafeteros organizaron y realizaron el gran paro cívico cafetero nacional para exigir un precio remunerativo y estable. Ganaron importantes subsidios que permitieron a miles de ellos continuar con su actividad. Hoy, el precio interno, continúa en caída libre. La depreciación en el mercado mundial y la revaluación del peso hace que, se determine un precio interno que, además de volátil, es inferior a los costos de producción. Precios de 720 mil pesos por carga para cafés de calidad excelsa son ruinosos. Miles de productores no alcanzan a vender a precios que compensen los costos de producirlo y miles son afectados por efectos del cambio climático en amplísimas regiones de la nación.

Se vuelve a sentir, en el campo cafetero, el envejecimiento de los cafetales. Miles de hectáreas que deben renovarse, no se podrán renovar. Los precios que se pagan al productor no permiten atender esa obligación con el cultivo, lo que conlleva bajar la producción y la rentabilidad en los cafetales colombianos. El gobierno de Santos, por boca del presidente, en el Congreso Cafetero celebrado el año anterior en Manizales, prometió la realización de un Conpes que entregara -durante cinco años- recursos del Estado para sostener la renovación de cafetales. Aparte de la propaganda hecha, nada se ha cumplido.

Un asunto que ronda la crisis de ingreso de los cafeteros es el factor de rendimiento que modificó la Federación en contravía a las necesidades de los productores. A estos males económicos que padece la caficultura deben agregarse otros asuntos de la política oficial que, de aplicarse, traerán mayores acosos para el desarrollo de la actividad cafetalera.

La “bancarización” de las operaciones comerciales de los cafeteros significará la pérdida en el ingreso de los productores de $18 mil pesos -promedio- por carga de café. Esa bancarización, que no es más que obligar a pasar por las redes del sistema financiero las compras de insumos para la producción del grano y las ventas del producto deja, en los bolsillos del gobierno, el recaudo del 4 por mil para gran cantidad de operaciones comerciales que hoy, realizan en efectivo, los productores.

La aplicación de la legislación laboral, sin tener en cuenta la particularidad de la producción cafetera, conlleva que los productores del grano no puedan, por sus ingresos -no porque no quieran hacerlo- disponer de los recursos necesarios para pagar -a los trabajadores- la seguridad social y cumplir con las normas al respecto. Se le ha dicho al gobierno se trabaje en una ley que permita resolver esta situación, sin rebajar la seguridad social a la que tienen derecho los trabajadores pero, la verdad es que aparte de unos proyectos para tratar de garantizar pequeños ingresos para un auxilio pensional mensual para pequeños productores, nada quiere hacerse, por parte del gobierno, para dar la seguridad social de los trabajadores agrícolas”.