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Colombia  |  03 octubre de 2017  |  12:27 AM |  Escrito por: Edición web

Avanza en el Congreso colombiano proyecto para reglamentar justicia para paz

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El Congreso aprobó gran parte del articulado en el primero de tres debates.

Efe / EL QUINDIANP

El proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, incluida en el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC, avanzó ayer en el Congreso, que aprobó gran parte del articulado en el primero de tres debates.

"Aprobados 115 artículos de la JEP sin proposición con tranquilas mayorías tanto en Senado como en Cámara. Tenemos los votos", escribió en Twitter el senador Roy Barreras, del Partido de la U, el mismo del presidente Juan Manuel Santos.

Barreras declaró posteriormente a periodistas que con esta decisión se está "salvando la columna vertebral de la paz".

Medios locales indicaron que se aprobó el informe de ponencia y cerca de un centenar de artículos, con lo que faltarían unos 60 por el visto bueno del Legislativo.

El pasado 1 de agosto, el Gobierno presentó ante el Senado este proyecto de ley, que, según explicó entonces el ministro del Interior, Guillermo Rivera, tiene como ejes la competencia material territorial temporal, la definición de órganos y funciones, el derecho aplicable y el régimen sancionatorio y extradición.

La iniciativa tiene 154 artículos y es el desarrollo del acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, añadió el funcionario.

Los objetivos de la JEP son la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y tendrá una vigencia de diez años una vez las salas y secciones comiencen a operar, y se podrá prorrogar por cinco años más.

Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad.

Las penas alternativas, de 5 a 8 años de prisión, serán para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra

Y, por último, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de prisión, para quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz

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