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Armenia  |  30 marzo de 2018  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

El atraco de valorización en Armenia no queda en la impunidad

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El programa y su desarrollo, contratistas, inversión, obras, denuncias, examen del procedimiento paso a paso

 

Por Horacio Duque

La Fiscalía, la Procuraduría, las veedurías ciudadanas y el control político realizado desde el concejo de Armenia, han sido claves para destapar el asalto a los dineros públicos de la ciudad en el Programa de valorización autorizado desde el año 2014.

En principio la delincuencia del “partido de los contratistas”, como los denomina el Contralor General de la Republica, los comisionistas políticos de las maquinarias electorales y los ladrones de cuello blanco de la burocracia oficial se echaron al bolsillo más de 20 mil millones de pesos de la contribución ciudadana para realizar distintas obras de la capital del departamento del Quindío. Utilizaron el sistema de facturas falsas, con el visto bueno de los funcionarios locales, para facilitar el flujo de los dineros que fueron a parar a los bolsillos de la delincuencia.

En el examen de este criminal procedimiento contra el bien público y en la determinación de las acciones ciudadanas es conveniente considerar aspectos conceptuales, legales, institucionales, contractuales, técnicos y democráticos.

Como bien es sabido la Valorización es un tributo que pagan los propietarios y poseedores de inmuebles que se benefician con la ejecución de una obra de interés público. Como instrumento de financiación, la contribución permite multiplicar la inversión y acelerar la ejecución de proyectos, impulsando de esta manera el desarrollo del territorio. El concepto se basa en que al ejecutar una obra pública, los predios aledaños a ella obtienen un beneficio denominado valorización del predio, es por esta razón que mediante una caracterización de predios y conjugando un sinnúmero de variables, dentro de estas los avalúos comerciales con obras y sin obras, se determina el beneficio.

Marco legal

Desde al año 2014, durante la administración de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, se aprobaron los Acuerdos 020 y 028, el Decreto 082 de julio del 2015 y la Resolución 03 del 2015 del concejo de valorización de Armenia, que autorizaron y organizaron la realización de varias obras publicas mediante el sistema de valorización.

En junio de 2015, se adjudicó el contrato 012 por la suma de $30.807 millones y en diciembre del mismo año el contrato 031 por $80.000 millones, firmados por la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia.

Valor de las obras

Los costos de las obras se calcularon en un valor aproximado de 142 mil millones de pesos, pero con los costos administrativos y financieros el valor podría ascender a los 170 mil millones de pesos.

Obras proyectadas

Las obras que se proyectaron fueron las siguientes:

1. Vía Montecarlo tramo II.

2. Avenida de Occidente tramo III.

3. Vía del Yulima (carrera 19 – avenida de Occidente tramo III).

4. Vía La Colonia (centro de convenciones -carrera 19).

5. Conexión Castellana Coinca (tramo conexión Nogal carrera 11 entre calles 17N y 19N).

6. Avenida 19 tramo II (carrera 14 a la avenida Centenario).

Los contratistas favorecidos

La unión temporal Puentes Armenia ganó la licitación para construir 6 obras por valorización en Armenia.

Esta unión temporal la integran la constructora Diez Cardona S.A.S, Furel S.A. y Construcciones Lezo S.A.S. encargadas de ejecutar obras por $80.455.727.813.

Las obras que actualmente se ejecutan solo han avanzado un 25%. Son la avenida Montecarlo tramo II, vía La Colonia y avenida 19 norte tramo II.

Las irregularidades e ilicitudes

El balance del programa al día de hoy da cuenta de un amplio campo de irregularidades en los diseños y en la ejecución de las obras lo que llevó a la acción de la Fiscalía, ordenando capturas e interrogatorios y a la Procuraduría a realizar acciones disciplinarias.

Concejales, veedores ciudadanos y expertos han hecho las denuncias de las irregularidades e ilicitudes cometidas.

Las veedurías

Néstor Fabián Herrera Fernández, representante legal de la veeduría Ciudadana en Defensa de la Gente, ha señalado en los últimos 36 meses notables distorsiones en la contratación y ejecución de las obras y para el efecto promovió un Cabildo ciudadano con el respaldo de más de 8 mil ciudadanos.

El control político

El concejal Luis Guillermo Agudelo Ramírez denunció desde hace rato que los diseños de valorización se contrataron cinco veces.

El concejal Agudelo ha dicho en todos los tonos que con su intervención quiso dejar claro a los ciudadanos cuáles son las inquietudes sobre las obras de valorización. Sobre todo en cómo se planearon, ya que infortunadamente para la ciudad las convirtieron en un fracaso porque solo se han ejecutado tres. Faltan cinco que ni siquiera sabemos quiénes las van a realizar. Además, uno de los temas más preocupante es que los diseños se contrataron o se pagaron cinco veces, lo que está soportado en los contratos 022 de 2013 y los 02, 08, 012 y 031 de 2015.

Se contrataron a dos firmas diseñadoras y después a importantes constructores para que se hiciera la revisión y los diseños, procesos que finalmente le costaron a la ciudad 3.400 millones de pesos para diseñar 12 obras y lo más grave es que los diseños quedaron mal hechos, agrega Agudelo.

Agudelo dio a conocer la posible violación al principio de economía, planeación y a la normatividad vigente donde posiblemente hay prevaricato, sobrecostos y detrimento patrimonial. Evidencio que hay obras que no tienen permiso como es el caso de La Estación, por parte del ministerio del Interior y de Cultura como tampoco de la autoridad ambiental, señaló.

El exconcejal afirma que se infringieron las facultades que le dio el concejo a la administración pasada. Los corporados autorizaron vigencias futuras para 93 mil millones de pesos aproximadamente y la administración de ese entonces se comprometió con $118 mil millones pasando esas facultades.

El control técnico ciudadano

Desde la perspectiva técnica el prestigiosos ingeniero Aurelio Mejía García, estudioso del tema de la contratación y ejecución de las obras de valorización desde sus inicios, explicó que en la ejecución del contrato 012 se invirtieron $22.000 millones, más un desfase de $6.000 millones en el deprimido, las obras de la avenida Centenario y la intersección Los Kioscos, quedando pendiente una inversión cercana a los $9.000 millones que serían destinados al ordenador de La Estación.

En el caso puntual del deprimido de La Constitución, Mejía García expuso que encontró inconsistencias entre las cantidades contratadas y las cantidades finalmente ejecutadas: Excavación mecánica o manual, cargue y retiro de sobrantes se contrataron 23.790 metros cúbicos y la cantidad ejecutada es de aproximadamente 15.000 metros cúbicos —ejecución del 63%—. En el capítulo estructura de pavimento, en el ítem loza de concreto se contrataron 15.250 metros cuadrados y se ejecutaron 2.650 metros cuadrados —ejecución del 18%—. El ítem concreto para muros de contención hay contratados 1.840 metros cúbicos y su ejecución fue 264 metros cúbicos, es decir, el 15%. Para la placa de concreto tapa túnel deprimido se contrataron 284 metros cúbicos y se ejecutaron 390 metros cúbicos, 138%.

Agrega Mejía, que para que se tenga, una idea real de cuánto es el menor valor ejecutado de acuerdo con el presupuesto oficial en estos ítems, se cuantifica en $4.100 millones y si a esto se le suman los $3.000 millones que el anterior secretario de Infraestructura, Carlos Alberto Hurtado Plazas, informó de sobrecostos, sería un total de $7.000 millones que se pagarían de más.

En el contrato 031, adjudicado por $80.000 millones, actualmente se encuentra en ejecución  y según el ingeniero, solo se ha avanzado en un 25%.

Para este contrato, Mejía García realizó el mismo análisis de los ítems, comparando el costo del contrato con los precios unitarios publicados por el Instituto Nacional de Vías, Invías, para el departamento del Quindío.

Por ejemplo, en el ítem excavación, cargue o retiro tiene un costo en el contrato de $47.699 por metro cúbico y el valor comercial es de $20.000. El de retiro de escombros $29.019 por metro cúbico, y el valor comercial es de $22.000; acero de refuerzo, $3.588.000 por tonelada en contrato y $2.984.000 en valor comercial.

El ingeniero expuso que se ha recaudado de ingresos por pago de contribuyentes $55.000 millones con fecha al 31 de diciembre de 2017 y los bancos han desembolsado, por un empréstito de $70.000 millones, cerca de $45.000 millones. De $100.000 millones se han invertido $52.000 millones en obras ejecutadas y $20.000 millones en estudios y compra de predios, ¿dónde están los $28.000 millones restantes?, se pregunta.

Acción penal y disciplinaria

Con todo este acumulado de denuncias e incoherencias la Fiscalía y la Procuraduría han procedido.

Dichas entidades encontraron que los anticipos que se dieron a los contratistas no se usaron en la ejecución de la obra, sino que fueron desviados, mediante unas facturas falsas y están en este momento embolatadas.

Eso lleva a pensar que una de las causas por las cuales las obras no avanzan es porque el contratista no tiene dinero ya que se lo gasto en corrupción con los intermediarios ocultos de la valorización enchufados a poderosas maquinarias politiqueras.

A partir de este cumulo de ilicitudes la Fiscalía ordeno capturas las cuales se realizaron en la ciudad de Medellín.

Se capturaron cinco personas: Fernando Diez Cardona, representante legal de la empresa Diez Cardona, quien hacía parte de la unión temporal Puentes Armenia y Vías Armenia. Igualmente se capturó a la esposa de este señor, Luz Maribel Ramírez, subgerente de la entidad constructora. Además, dentro de la lista de los investigados está Ángel José Angarita, representante titular del consorcio Interventorías Armenia y consultor que estructuró la licitación de un paquete de obras por valorización, y Hernán Moreno Pérez, miembro de dos uniones temporales. Andrés Leonardo Laso Aguirre también fue aprehendido por la Fiscalía, quien es uno de los interventores de los trabajos de interés comunitario.

De acuerdo con la información suministrada por el ente investigador, a Diez Cardona se le dieron contratos por valor de 110 mil millones de pesos.

La más reciente captura es la del reconocido empresario antioqueño Hernán Moreno Pérez, propietario de la empresa eléctrica Furel, implicado también en el presunto detrimento patrimonial de $20.000 millones en las obras contratadas por el sistema de valorización en Armenia. Moreno Pérez fue capturado en Medellín, para que responda por varios delitos relacionados con este presunto detrimento patrimonial, donde también está implicada la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, quien fue llamada por la Fiscalía a interrogatorio, que se cumplirá el jueves de pascua.

El próximo 4 de abril se sabrá el rumbo de la investigación, cuando Valencia Franco y el director jurídico del municipio de Armenia, Ricardo Londoño, comparezcan ante los tribunales.

En la Semana de Pascua, la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, fue citada por la Fiscalía General de la Nación para rendir interrogatorio por un presunto detrimento patrimonial relacionado con los cobros de valorización en la capital del Quindío.

Habrá, pues, una segunda fase de estas investigaciones y posiblemente pueden darse otras capturas con lo relacionado a la valorización en la capital del Quindío.

El papel de la Edua

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, al parecer también estaría implicada en la investigación, que inició su proceso hace más de un año.

Se tiene conocimiento que desde la Edua se suscribieron unos convenios interadministrativos con el propósito de contribuir a la realización de esas obras. Ellos debieron hacer unos estudios, pero esos contratos también se cuestionaron porque no hubo una adecuada selección objetiva, e igualmente se hizo una contratación directa violando la normatividad de la ley 80 de 1993.

La acción disciplinaria

Por supuesto también están las acciones disciplinarias de la Procuraduría de la Nación. La Procuraduría abrió en contra de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para el ajuste, diseño y construcción de vías en la ciudad, financiados con recursos de valorización.

 La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal  ha caracterizado la ocurrencia de una posible falta disciplinaria debido a que presuntamente la suma de $80.468’581.682, valor de la cuantía con la que se adelantó el proceso licitatorio No. DAJ-LP-010-2015, no se ajusta a la realidad de las obras.

El documento señala que se espera concluir si se presentó un posible incumplimiento del cronograma de actividades, teniendo en cuenta que las fechas registradas en el Secop, al parecer, no coinciden con las fechas en las que se iniciaron las obras y el tiempo de ejecución fue diferente lo que podría evidenciar irregularidades en la etapa precontractual y contractual del proceso licitatorio”.

La Procuraduría decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.

Digamos para concluir que la participación ciudadana debe ampliarse en este siniestro caso que afecta el bien común de todos.

Apoyamos a la fiscalía en sus determinaciones, igual a la Procuraduría, a las veedurías, a los concejales denunciantes y a los ingenieros honestos de la ciudad.

 

 

 

 

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