En el tema del excongresista Mario Castaño, se espera el dictamen de Medicina Legal sobre las causas de su muerte, luego de que el INPEC diera a conocer el pasado sábado 18 de noviembre, que el Barón Liberal del Eje Cafetero habría fallecido de un infarto en la cárcel La Picota de Bogotá.

Castaño sufría de una afección cardiovascular y estaba recluido tras las rejas por corrupción.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia lo había sentenciado a 15 años de cárcel por corrupción en contratación estatal, la condena contra Castaño fue por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y estafa agravada.

Mario Castaño montó todo un entramado de corrupción a través de un Grupo de Delincuencia Organizada, como lo denomina la Fiscalía, en el que se direccionaban contratos para obras públicas en varios departamentos del país a cambio de porcentajes de esos acuerdos.

La red de “marionetas” de Castaño, como fue bautizado el caso, enlodó entidades como el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otras.

La Fiscalía confirmó que en la investigación fueron capturadas 37 personas, muchos o casi la mayoría ya habrían aceptado los cargos.

¡Pero qué tiene que ver Mario Castaño con el Quindío!

El Quindío también salió salpicado en el caso del exsenador Castaño cuando el 29 de julio de 2022 fue capturado el gerente de Proyecta Quindío, Pablo César Correa, y se conoció que había suscrito dos contratos interadministrativos en 2021 con el (DPS), Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por $22.173 millones de pesos y $49.460 millones de pesos, para la construcción de carreteras y adecuación de vías terciarias en municipios de Quindío, Risaralda, Choco y Caldas.

Pero entonces para ejecutar dichas obras, Correa celebró 10 contratos con empresas que habría señalado el excongresista Mario Castaño, para recibir a cambio entre el 10 y el 15% del valor de cada contrato.

En esa ocasión, Pablo César Correa, exgerente de Proyecta Quindío, empresa adscrita a la gobernación del Quindío, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Recientemente también se vinculó al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, tras revelarse que dos personas de su UTL fueron encargas de ‘mover’ millonarios contratos con la empresa Proyecta, de la gobernación del Quindío.

Como se recuerda, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que harían parte de un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos contractuales que se realizaron en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de un senador; y el contratista Ánderson González González a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados por los señalados.

La investigación

En 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron el contrato interadministrativo N°670 de 2021, por $48.660 millones de pesos.

En atención a lo pactado, ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal.

De acuerdo con los elementos de prueba, la señora Rivera Bohórquez, en su rol de enlace del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez se comunicó con algunos funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.

En ese sentido, el contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador. Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de $1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intercedieron.

Este caso está considerado como parte del entramado de Las Marionetas del exsenador Mario Castaño, en el Quindío. Adicionalmente, se recuerda que Castaño estuvo vinculado con la campaña de elección del actual gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y tuvo una amplia nómina de funcionarios al comienzo de este gobierno. Sin embargo, esta luna de miel terminó pronto, y Jaramillo Cárdenas desanudó las relaciones con el exsenador y se liberó de su compromiso político, antes de terminar su primer año de mandato. Por fortuna para el gobernador, cuando llegaron los escándalos de Las Marionetas, la relación con Castaño había terminado unos meses antes.

En ninguna de las conversaciones detectadas por la Fiscalía se vinculó a Jaramillo en los casos mencionados de las Marionetas y, hasta la fecha, no ha sido llamado a responder directamente por ningún caso de este escándalo. Sin embargo, la investigación abierta a su gerente de Proyecta Cesar Pablo Correa, y la imputación de cargos a funcionarios de la UTL del senador Ciro Ramírez, sobre contratación en Proyecta, podría incriminarlo en cualquier momento, según expertos consultados por EL QUINDIANO.