Por Horacio Duque

No se sale del asombro con los aberrantes casos de corrupción que afectan al Quindío y a sus instituciones públicas municipales y departamentales.

Lo de valorización en Armenia produce la mayor perplejidad y un asco inevitable cuando se examinan los detalles ofrecidos por el Fiscal Néstor Humberto Martínez en la rueda de prensa en la que dio cuenta de la captura de los cabecillas del “Cartel carrielista de valorización”.

De las decisiones tomadas por la Fiscalía y de los hechos delictuales descritos por sus investigadores se infiere que el gobierno municipal de Armenia fue secuestrado -y lo sigue, creo yo, dado el oscuro protagonismo de dos peligrosas mujeres que están en boca de todo el mundo y disponen a su antojo de la administración local- por una camarilla de hampones sin escrúpulos, alimentada del mayor cinismo.

Se trata de una banda encabezada por un descarado agente delincuencial, el señor Francisco Javier Valencia Salazar, el consorte de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, recluida hoy en un patio intramuros del sistema penitenciario colombiano, junto a él y a otros prominentes funcionarios de su administración municipal que participaron del festín de las comisiones anticipadas -$20 mil millones- del fracasado programa de Valorización que de manera legítima todos los ciudadanos debemos bloquear no pagando los recibos enviados hasta los hogares de miles de indefensas personas.

Francamente ese programa debe ser descartado y revisado para que se piense en un nuevo esquema de obras más modesto pero efectivo incluyendo el crédito de los 73 mil millones de pesos recientemente tramitado por el Alcalde Carlos Mario Álvarez para construir otras infraestructuras prioritarias. Ojalá tales recursos financieros no sean utilizados en fines diferentes, pues por lo que acaba de denunciar el auditor General de la Nación, en Armenia se firmaron entre diciembre y enero contratos de personal cercanos a los 20 mil millones de pesos sin mayor justificación, solo para atender urgencias de reproducción electoral clientelar en las que también la corrupción es parte de consustancial de la misma.

Lo del PAE

En esta escandalosa coyuntura criminalística es urgente llamar la atención por lo que está ocurriendo con el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Cerca de 50 mil niños, del departamento y su capital, completan ya casi tres meses sin acceso a este sagrado derecho a la alimentación diaria en sus respectivos planteles educativos. Provocando, obviamente, un desastre social por las deserciones escolares en masa de los niños y jóvenes, causando el fracaso del programa de la jornada adicional promovido por el ministerio de Educación nacional.

En ese sentido, suenan a sofismas de distracción las explicaciones o justificaciones esgrimidas por los funcionarios responsables de ello, sobre esperpénticas dificultades en la Bolsa Mercantil, que no son otros que los secretarios de Educación departamental y de Armenia, Álvaro Arias Velásquez y Luis Antonio Cobaleda Garay, bien enchufados a la red clientelar del forajido esposo de Luz Piedad Valencia, Francisco Javier Valencia Salazar.

Hay que señalar que las irregularidades que se están presentando con el PAE no son nuevas. Ya hay antecedentes bastante graves.

Así, en el año 2015 se ubicó un hallazgo fiscal por un sobre costo injustificado en el PAE, pues lo hizo la entidad que tenía en su momento ese contrato, un esperpento mercantil orquestado por el esposo de Luz Piedad Valencia, por medio de una firma pirata y de papel de Pereira.

Posteriormente buscando justificar dicho sobre costo, Francisco Javier Valencia Salazar, con la anuencia de sus eternos subalternos políticos en el gobierno, Luis Antonio Cobaleda y Álvaro Arias, logró cubrirse sus espaldas en el ilícito.

Funcionarios de la secretaría de Educación de Armenia que habían realizado la auditoría, inocentemente sin saber a quién pertenecía la empresa de Pereira, los que detectaron el desfalco, fueron llamados en el 2016 al despacho del "alcalde" Carlos Mario pero para recibir el regaño de Luz Piedad Valencia, pues en ese momento no se sabía quién era el verdadero alcalde de la ciudad de Armenia; quien se dedicó a reprender y ultrajar a los más de ocho funcionarios que eran su cuota política, entre ellos el propio Álvaro Arias Velásquez; secretario que no alcanzó a realizar a tiempo el simulacro de prevención a sus funcionarios auditores sobre el chanchullo que había detrás del PAE.

Luego sale la señora Piedad Correal, la inefable Defensora y los secretarios de turno -municipal y departamental- a decir que esa plata de sobrecostos se pagó en unas supuestas prestaciones a las personas que contrataron para manejar la atención del servicio de restaurante escolar. Señoras que dieron sus servicios en aquella época, nunca supieron de esos supuestos beneficios prestacionales y/o bonificaciones que en algunos casos les iban a dar. A lo que se suma que la Contraloría y la Procuraduría se hicieron los de la vista gorda, ya que son entidades infiltradas por el clientelismo de las conocidas maquinarias electoreras del departamento. Obviamente ese proceso quedó archivado.

Francamente no se entiende la presencia en la administración pública de Álvaro Arias Velásquez y Luis Antonio Cobaleda como agentes de las telarañas delincuenciales ahora en prisión. No hay derecho a que la educación de más de 200 mil estudiantes siga en las manos manchadas por la corrupción y la mediocridad.

Tenemos pues dos casos paradigmáticos de corrupción que merecen todo el repudio de la sociedad civil quindiana.

No son fenómenos convencionales. No se trata de conductas individuales sino sofisticados esquemas familiares y de compadrazgo feudal que tienen como objetivo prioritario capturar grandes sumas de dinero y, si es necesario y así resulta más cómodo, capturar agencias del Estado para que todo sea mucho más rentable.

Es la criminalización del Gobierno o de algunas agencias del Gobierno. Lo que el contralor Édgar Maya ha denominado “empresas político-criminales”. Lo que él también ha designado como el “Partido Único de los Contratistas”.

La sociedad civil del Quindío debe organizarse aún más y profundizar su acción contra estas hordas criminales mediante las Veedurías ciudadanas.

No hay que olvidar que la corrupción tiene como característica ser persistente. Se reproduce muy fácilmente. No aprende. Cada corrupto se dice a sí mismo: no supieron hacer la cosa. Les voy a demostrar que sí se puede. Que los grandes latrocinios son posibles sin que los detecten y, si ello ocurre, sin que surja una sanción, ni siquiera social.

De todas maneras hay esperanza. Cada día es más notoria la indignación de los ciudadanos en el Quindío, que rechazan el abuso de poder y, sobre todo, el abuso que lleva al enriquecimiento personal. Por primera vez somos testigos de manifestaciones cívicas multitudinarias en contra de los funcionarios y politicastros corruptos y de los fenómenos de corrupción.