Desde la tarde de este miércoles, llegó a Armenia la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal Gloria Janeth Quintero Montoya con todo su equipo de abogados e investigadores para realizar este jueves 5 de octubre la audiencia pública contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio y cuatro personas más. Los funcionarios del ministerio público se establecieron en un reconocido hotel de Armenia para terminar de preparar la audiencia correspondiente, que se realizará a partir de las nueve de la mañana en la sala principal de audiencias de la Fiscalía Seccional del Quindío, en el Palacio de Justicia.

Además de la señora exgobernadora Hurtado Palacio, tendrán que comparecer el actual director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío Jhon James Fernández López y el abogado Julio Ernesto Ospina Gómez, en su calidad de exgobernadores encargados, en el periodo 2011-2015, así como los señores Heidelmann Grajales Puentes y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerentes de EPQ y Proviquindío, respectivamente.

La audiencia se citó inicialmente para el día 20 de septiembre, pero los abogados de las partes pidieron su aplazamiento, lo que se aceptó y se fijó la fecha del 5 de octubre. La Procuraduría escuchará a los cinco citados para que hagan sus descargos sobre las presuntas irregularidades en contratación pública en que pudieron haber incurrido en desempeño de sus funciones. Según los cargos de la Procuraduría, los tres exgobernadores: Hurtado, Fernández y Ospina, presuntamente trasgredieron el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío, antes Esaquín, y la Promotora de Vivienda del Quindío.

A través de estos convenios, se le dio la potestad a estas dos entidades para contratar con privados casi todas las obras que se realizaron con dineros de las regalías y de los llamados cupos indicativos del gobierno nacional, como los provenientes de la venta de las acciones que el departamento tenía en la Edeq y recursos del crédito.

Los convenios entre las tres entidades fueron seis, pero de ellos se desprendieron decenas de contratos, que fueron a parar a manos de los amigos de la administración departamental de entonces, en la mayoría de los casos sin licitación pública, donde casi siempre apareció un solo oferente. La cuantía de esos contratos supera los $250.000 millones. Uno de ellos se realizó al comienzo de la administración departamental 2011-2015, relacionado con la construcción de pozos sépticos por casi $6.000 millones, dinero proveniente de la venta de las acciones que el departamento tenía en la Empresa de Energía del Quindío y que por Ordenanza departamental tenían la destinación específica de financiar el llamado reservorio de agua o represa en la confluencia de los ríos Navarco y Quindío.

El mayor cuestionamiento por el que deben responder los implicados, según el pliego de cargos de la Procuraduría, es que los convenios no se podían hacer con estas dos entidades porque ellas no tenían la capacidad técnica ni financiera de ejecutar estos contratos, por su monto y su complejidad. Por esta incapacidad, tuvieron que contratar a privados para que los ejecutaran. Ahí, por supuesto, están los millonarios contratos, por $110.000 millones con EPQ, por $95.000 millones con la Promotora de Vivienda y otros más con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, cuyo monto está siendo valorado.

La Procuraduría considera que las dos entidades subcontrataron la ejecución de las obras públicas y la elaboración de los estudios y diseños que les fueron encomendados, es decir, no los hicieron ellas por falta de capacidad técnica y financiera.

El ministerio público decidió hacer la audiencia en Armenia, y no en Bogotá como se hacen casi todas las audiencias de este tipo, para evitar aplazamientos y disculpas de los implicados, especialmente aquella del paro de la compañía aérea Avianca, como pretexto para el desplazamiento a la capital de la República.

La Procuraduría ha calificado la presunta falta de la exgobernadora y los señores Fernández López y Ospina Gómez como gravísima, a título de culpa gravísima. Se estima que las decisiones finales podrían tomarse en los próximos ocho o quince días, después de la vista judicial de este jueves en Armenia.