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Política  |  06 octubre de 2017  |  12:01 AM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

Procuraduría no aceptó la solicitud de nulidad del proceso en contra de Sandra Paola

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Luego de diez horas de audiencia, la procuraduría no aceptó los argumentos de los defensores, ni su solicitud de anular todo el proceso.

Ni con acusaciones en contra de la Procuraduría, los defensores de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado lograron que se anulara lo actuado en el proceso disciplinario en su contra y cuatro personas más, implicados en faltas de presunta trasgresión al principio de transparencia en contratación estatal.

Luego de diez horas de audiencia, y sin la presencia de ninguno de los cinco implicados en el asunto, la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal Gloria Janeth Quintero Montoya, reiteró su decisión inicial, en el sentido de negar la solicitud de nulidad de lo actuado, propuesta por el abogado de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado y los defensores de las otras personas implicadas en el proceso disciplinario.

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La exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio fue citada por la Procuraduría para que respondiera por las presuntas irregularidades en contratación pública en que pudo haber incurrido en desempeño de sus funciones como mandataria seccional en el período 2012-2015. Según los cargos de la Procuraduría, la mandataria trasgredió presuntamente el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío, antes Esaquín,  la Promotora de Vivienda del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, donde hubo una contratación con privados por cerca de $250.000 millones.

Por los mismos hechos también se investigan al actual director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío Jhon James Fernández López y al abogado Julio Ernesto Ospina Gómez, en su calidad de exgobernadores encargados, en el periodo 2011-2015, así como los señores Heidelmann Grajales Puentes y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerentes de EPQ y Proviquindío, respectivamente.

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Los abogados afirmaron durante la diligencia que la Procuraduría adelantó el proceso a espaldas de sus defendidos, pues no fueron avisados desde el principio sobre la investigación. Dijeron que la Procuraduría disfrazó el acervo probatorio, violó el derecho a la defensa de los mismos, el debido proceso y se negó a ver las evidentes ilegalidades registradas desde el inició del proceso hace dos años y le solicitaron a la Procuraduría, revocar e invalidar todo lo actuando y reivindicar el buen nombre de la Procuraduría y su misión de salvaguardar los derechos humanos. A esta propuesta, como queda dicho, la Procuraduría dio un no rotundo.

La representante del Ministerio Publico dijo que su despacho se mantiene en los argumentos esgrimidos para negar la nulidad impetrada, y reiteró que en la queja recibida por el ministerio público sobre este caso no se hizo ninguna referencia a las personas que suscribieron los convenios, incluso no se tenía claridad sobre cuáles eran los mismos. Agregó que si se hubiera precisado el nombre o los nombres de los presuntos infractores a la ley disciplinaria, el operador jurídico no está obligado a iniciar la indagatoria preliminar contra las personas que se mencionaron en la queja. De esta declaración se infiere que no era necesario haberles avisado desde un principio, pues en el comienzo de la investigación no había un implicado directo, lo que solo se depuró con el tiempo.

Los abogados sostuvieron en la audiencia que en lo actuado hay una apariencia de legalidad, pero “estamos ante un proceso plagado de ilegalidades”. El abogado Fáber Quintero dijo que los defensores no pretenden dilatar las acciones y recordó que la nulidad procesal es un mecanismo para garantizar el debido proceso.

Por solicitud de los representantes legales de los implicados, la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, Gloria Janeth Quintero Montoya accedió a suspender la audiencia pública y fijó la fecha del 23 de octubre a las 9 de la mañana en la sala del piso cuarto, de la carrera 5ª número 15-80 en la sede central de la Procuraduría en Bogotá y advirtió que esta fecha no se modifica, ni la ciudad, ni la hora, además indicó, que la audiencia continuará hasta el 27 de octubre de 2017.

 

 

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