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Judicial  |  25 abril de 2018  |  12:00 AM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

Medida de aseguramiento en la cárcel para cinco capturados por el escándalo de Valorización entre ellos Luz Piedad Valencia, dos tendrán domiciliaria

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El Juzgado Segundo Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Armenia, aprobó la solicitud de la Fiscalía en el sentido de dictar medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en contra de la exalcaldesa de esta capital Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y cinco funcionarios más de su administración, capturados por presunto detrimento patrimonial cometido en el manejo de recursos provenientes de la contribución de Valorización.

La juez decretó cárcel a la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, su esposo Francisco Valencia, el gerente de la Edua Sebastián Congote Posada, a Aura María Zapata Saldarriaga funcionaria de dicha entidad y al entonces director del Departamento Jurídico Ricardo Arturo Ramírez, por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras para la ciudad, las cuales fueron autorizadas con dineros recaudados por concepto de valorización, por lo cual hubo al parecer un detrimento patrimonial cercano a los $12 mil millones.

La juez acogió la petición de la Fiscalía en el caso de Julio César Escobar Posada exsecretario de Infraestructura quien logró preacuerdo con el ente acusador y las súplicas del defensor de Juan Sebastián Londoño Forero quienes fueron beneficiados con medida de aseguramiento en sus residencias.

Como se sabe Luz Piedad Valencia exalcaldesa de Armenia, deberá responder por los delitos de peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos en calidad de autora.

La exfuncionaria fue capturada el 6 de abril anterior junto a otras seis personas, entre ellas su esposo Francisco Javier Valencia, a quienes se les formuló cargos por conductas relacionadas con peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

Las anomalías detectadas habrían iniciado en 2014, cuando la hoy imputada presentó al concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización por $100.000’000.000.

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